No es normalidad
lo que nos pasa en materia de desapariciones forzadas. Las padecemos desde
haced casi medio siglo en Sinaloa, pero es imposible ver esa práctica como
parte de nuestra vida cotidiana o el mal colateral de la vida económica,
política y social que padecemos. Es hora en que la sociedad, no solo los
familiares de las víctimas, vecinos y amigos, señalemos de manera abierta que
se ha llegado al límite, pues el fenómeno amenaza con lastimar nuestro tejido
social con daños irreversibles.
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