─ ¿Cree usted que nosotros podemos
esclarecer el caso de Sandra Luz y detener al o los presuntos culpables? Me
preguntó el procurador Marco Antonio Higuera la noche del 19 de mayo pasado.
─ Sí lo creo. Le dije. Y entendiendo que a esas alturas ya tenían algún
detenido, quise adelantarme a los acontecimientos y le pregunté: ─ ¿Se ha
cuidado el debido proceso en todo el actuar de la Procuraduría, para que no
vuelva a pasar lo de casos anteriores? Su respuesta fue que sí. ¿Qué fue lo que
pasó a final de cuentas en el trabajo del Ministerio Público y durante el
juicio, tan inusualmente corto? No lo sabemos aún, pero el resultado es terriblementeamargo. Jesús Fernando Valenzuela ha sido
absuelto.
Este 24 de marzo nos desayunamos con la
mala noticia de que el único inculpado en el caso de Sandra Luz, ya andaba en
la calle, luego de un juicio inusualmente breve. De nada ha servido el trabajo
constante de familiares y activistas de derechos humanos, para encontrar a los
desaparecidos y que haya castigo para los responsables de ese delito y para los
que atentan contra los familiares que, a fuerza de no encontrar justicia, se
han convertido en activistas. Apenas los días 20 y 21 de este mes, tuvimos
actividades en torno al tema en Culiacán y El Fuerte, apoyados por el
prestigioso actor de teatro de la calle (Cleta) Enrique Cisneros, “El Llanero Solitito”. Por acciones nuestras no ha quedado.
Este miércoles 25, indignados aún por la
absolución al presunto homicida, lo que leímos en la prensa nos dejó
estupefactos: el Procurador señala públicamente como tráfico de influencias en
el Poder Judicial lo que llevó a una sentencia de libertad al inculpado. Y
afirmó que no era el primer caso en que el abogado defensor lograba sentencias
de libertad, utilizando su relación familiar con el Magistrado Manuel Sánchez
Osuna.Grave el señalamiento y más
preocupante si esto resulta cierto.
El tema de las desapariciones forzadas y
la impunidad que se cierne sobre todos casos, llama la atención por otro dolor
tan sentido como el anterior, en esta semana: el jueves 26 se cumplieron seis
meses del caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero. Y ello obliga al repaso de las demandas de los familiares de esos
jóvenes y los reclamos de los familiares con desaparecidos en todo el País. En
primer lugar, destaca esa vieja consigna de que si vivos se los llevaron, vivos
deben regresar a sus hogares y al seno de la sociedad a la que pertenecen.
Aparejados a esa reivindicación de lucha
va la exigencia de parar la práctica de la desaparición forzada de personas,
pues a diario se registran este tipo de hechos en diferentes puntos de la
República. Ante ello, cobra mucha vigencia los compromisos recién suscritos por
el Estado mexicano los días 2 y 3 de febrero ante el Grupo de la ONU contra la
Desaparición Forzada: legislar a nivel federal y en las entidades sobre el tema
y crear una base de datos sobre personas no localizadas en el País.
El Estado parece no tener plena
conciencia del tiempo que vive y de los cambios que en el comportamiento social
se registran, pues ha hecho tres intentos de cerrar el caso de Ayotzinapa, a pesar del rechazo nacional e internacional. Y
la consecuencia inmediata de la actitud oficial es la amenaza de represión
contra el movimiento que mantiene vivo el reclamo de justicia.
Esa actitud de intolerancia y
autoritarismo ha sido reiterada por los Secretarios de Gobernación y de la
Defensa Nacional. Y ya hubo adelantos en las inmediaciones de Acapulco sobre
dichas medidas, para que no quedara duda al respecto. Aún no podemos
pronosticar las consecuencias que esas acciones puedan tener en la moral de los
padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa y en
la de los familiares con desaparecidos en el resto del País, pero lo cierto es
que las medidas represivas no ayudarán a encontrar la justicia para los casos
reivindicados y menos la paz social, tan soñada como imposible en nuestras
circunstancias.
Tampoco se ven alegres las cuentas sobre
el proceso electoral que ya arrancó y sobre la asistencia de votantes a las
urnas, pero mientras eso transcurre, la agenda del movimiento nacional y la
solidaridad internacional sigue viva con diversas acciones para estos días:
eventos diversos este 26 al conmemorarse los primeros seis meses del caso Ayotzinapa; 27 y 28 de marzo un encuentro internacional por
Ayotzinapa; 28 y 29 de marzo Congreso Fundacional de
la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación; y
10,11 y 12 de abril Convención nacional Popular en Ayotzinapa.
Concluimos que Sandra Luzmorirá dos veces: la primera a manos de sus
homicidas y la segunda si la sociedad permite que la mala procuración y
administración de justicia se salgan con la suya. También los normalistas
desaparecerán dos veces, si a la que hicieron criminales se suma la que
pretenden quienes desde el poder insisten en que ya “superemos el caso”. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com