VOLVER AL ESTADO DE DERECHO

El miedo/ y las luciérnagas/ encenderán los gritos

Rubén Rivera

─Declarar culpables o inocentes, invadiendo la competencia del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional, ya parece ser el sello de la casa─ Dijo en tribuna la diputada Sandra Lara, refiriéndose a las declaraciones del gobernador López Valdez sobre el caso Gema Beatriz Cannobio, muerta a manos de un policía. La parlamentaria priísta no dejó las cosas de ese tamaño. Señaló que se estaba en una triple victimización de Gema: la acción homicida del policía, la justificación de las autoridades de Guasave y del gobierno estatal y la no existencia de la Comisión de atención a víctimas del delito.

No es la primera ocasión que la sociedad conoce hechos tan reprobables como este, donde la autoridad cobra la vida de civiles en circunstancias en que no se puede demostrar ni agresión o enfrentamiento. También se ha vuelto un lugar común escuchar justificaciones de la autoridad ejecutiva municipal o estatal, que no sólo echan humo sobre las averiguaciones previas que deben abrirse, sino las impiden en no pocos casos. Y si a la familia de la víctima le gana el miedo a sufrir otras consecuencias mayores, ya no habrá quien remueva rescoldos de esos abusos de autoridad. El manto de la impunidad se vuelve tan grande que cubre a quienes obran mal dentro de instancias oficiales, en cualquier parte del estado donde se encuentren. Las excepciones, si las hay, sólo confirman la regla.

¿Por qué se adelantan presidentes municipales o el gobernador a calificar estos hechos, cargando la culpa a la víctima? Es a todas luces claro que cuando el gobernador López Valdez señala que "a la autoridad no se debe provocar", no tiene presente las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011, ni los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestro País, en los que se fortalece el Estado de derecho democrático. La autoridad (en este caso la policía) no aparece como una instancia que al ser pagada con los impuestos de los ciudadanos, debe verse y actuar como empleada de esos contribuyentes.

Pero en esas declaraciones, que por repetidas en diferentes  sexenios, no son menos graves, intentan no sólo imponer un divorcio entre la autoridad y la sociedad, sino crear la idea de que las instancias de dicha autoridad pueden estar por encima de la sociedad y de actuar sin estar sujeta a lo que establece el Estado de derecho democrático. Nada más absurdo ni más ajeno a la verdad. Baste citar la Quinta disposición de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para observar la importancia que la vida y la integridad del ciudadano tiene frente a la autoridad: "Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga, y reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana."

El procurador de justicia habló sobre los hechos en que perdió la vida Gema y con conocimiento de causa señaló las faltas que había cometido la autoridad. Creo que esas declaraciones ubican las circunstancias de los hechos y abren la esperanza de que la averiguación previa se realice de acuerdo al debido proceso. La procuraduría es quien debió dar la cara desde el principio y las otras autoridades, si bien pueden expresar la preocupación por los hechos y reiterar que la autoridad competente debe esclarecerlos y procurar justicia, pero en ningún momento invadir campos de competencia, como lo dijera la diputada Lara.

En medio de tanto desatino en las declaraciones, nuestro horizonte en materia jurídica no encuentra rumbo. De pronto se nos presenta más enredado que el proceso que sufre Próspero en La Tempestad (Shakespeare), por lo que en muchos aspectos se abre la urgente necesidad de reconstruir todo en materia política y de la vida pública. Por la memoria de Gema y tantas víctimas sacrificadas en aras del abuso de autoridad, alguien debe volver a educar (si es que a estas alturas es posible) a la autoridad sobre la división de poderes y sobre las funciones que deben cumplir constitucionalmente las diferentes instancias dentro de cada uno de esos poderes.

Es posible que la desmemoria sea ya tan grave como la de José Arcadio Buendía, pero así como el fundador de Macondo ponía en papelitos los nombres de las cosas que lo rodeaban, para que no se le fueran a olvidar; nada mal estaría que los diputados escribieran en un muro sus funciones, que el poder judicial hiciera lo mismo y que en el despacho del poder ejecutivo reinara un pizarrón central con información al alcance de todos sus funcionarios, incluido su morador central, para que no se les olvidara para qué existen las otras instancias y sus límites constitucionales. Quizás nos iría mejor. Vale.