El idioma y el marco social en que
vivimos reclaman nuevos conceptos. Ya no es suficiente denominar desplazados a
quienes la violencia (y el abandono gubernamental y social) llevan a dejar su
lugar de nacimiento, al que la mayoría no volverá jamás; tampoco resulta
contundente hablar de desaparecidos para designar a quienes han sido privados
de su libertad, derechos, familia y de ser parte activa de la sociedad, y mucho
menos es satisfactorio decirles desempleados a quienes no han perdido el
trabajo en los últimos meses o años, pues hay muchos que no han podido
colocarse en un oficio en toda su vida.
Mientras llegan los conceptos requeridos
para dimensionar en sus justas proporciones los problemas que enfrentamos,
digamos que los desplazamientos humanos implican la exclusión social. Los más
de 850 mil desplazados en México difícilmente regresarán a sus lugares de
origen, pues hay procesos violentos o de injusticia social que los obligaron a
marchar, dejando atrás querencias, patrimonio familiar y relaciones. En no
pocos casos la tierra donde vivían es posesión o propiedad de personas o
fraccionadores muy poderosos que la urbanizaron y vendieron. Es imposible su
regreso.
La actitud del gobierno federal y
estatal ha sido la de negar en un primer momento el problema de desplazados,
luego de aceptarlo, pero sin mayor compromiso frente al fenómeno. Son los
municipios, colapsados muchos de ellos por la inmigración de desplazados, los
que se ven obligados a enfrentar la situación, como Mazatlán, Concordia, Badiraguato y Sinaloa. Y como los municipios están al borde
la quiebra, los recursos disponibles para un problema tan grande y tan grave,
son sólo aspirinas frente al cáncer fulminante.
Es tan lastimosa la situación de nuestros
desplazados, (en Sinaloa no son menos de 25 mil), que la actitud negligente del
gobierno del estado vuelve más preocupante su penar. No dan señales de conocer
los Principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, ni los
documentos de la Cruz Roja Internacional. Simplemente el problema sigue
creciendo y tomando la forma de un problema muy grave, que si hace crisis
coincidiendo con otros asuntos no resueltos de similar dimensión, las
consecuencias sociales pueden ser impredecibles.
Recientemente la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la CNDH emitieron una medida cautelar buscando proteger a
Esperanza Hernández Lugo, dirigente de un grupo de desplazados del municipio de
Choix, lo hicieron frente a las amenazas recibidas
por la familia y por ella, que ponen en riesgo su vida. El gobierno del estado
ha respondido a dicha medida hasta muy recientemente, dejando lamentablemente
amplio margen para una tragedia. Ya se atendió a las instituciones que
plantearon dicha medida, sin que ello implique que la estén protegiendo ya.
Desde el día 17 de mayo de 2012, la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, emitió una amplia
recomendación sobre desplazados al Gobierno del estado y el Congreso, para
atender las diferentes aristas que el problema presenta. No hubo respuesta, ni
se han atendido las necesidades de los desplazados. El problema está aquí, en
nuestro alrededor, es también un problema nuestro.
Las recomendaciones siguen vigentes y
las pongo de nuevo en sus manos: atender la emergencia, estableciendo primero
la magnitud del problema; comisión entre universidades y organismos de derechos
humanos, para establecer indicadores y criterios únicos en el análisis del
problema y para la elaboración de políticas públicas; crear fondo de 250
millones de pesos para desplazados; Plan emergente de atención inmediata; Plan
de retorno ordenado de desplazados; aplicación de los Principios rectores de
desplazamientos internos de la ONU 3 y 25 que contempla la participación
inmediata del gobierno federal; que el gobierno del estado plantee al gobierno
federal invitación para que la ONU dé asistencia humanitaria; que ante la
emergencia que viven once estados, se solicite al gobierno federal pida a la
Cruz Roja Internacional asistencia humanitaria y que el Congreso del Estado
nombre comisión que vigile el cumplimiento de los Principios rectores, para
evitar la violación de derechos humanos de los desplazados.
El problema de los desplazados es ya un
fenómeno ampuloso y recurrente, pegado a nuestra piel y ligado a nuestras vidas
desde muchas aristas. Sigue creciendo y tomando cuerpo entre nosotros, no
podemos avanzar sin atenderlo, porque nos tiene atrapados. Urge una solución.
Sólo que esa solución implica resolver los problemas que generaron la situación
de violencia e injusticia que expulsó a los desplazados. No sé si ello sea
posible en estos momentos. Y mientras Esperanza Hernández Lugo busca que sus
desplazados sean visibles, bien vale la pena aprender de los europeos que ante
la desesperada inmigración africana y del medio oriente, se plantan ante los
beneficiarios del neocolonialismo y gritan: si no quieren inmigrantes, no hagan
guerras ni exploten a esos países. Si no quieren desplazados, que vuelva la
justicia social a las zonas que los generan. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com