NORMA CORONA 25 AÑOS DESPUÉS

Hay que avanzar buscándonos
buscando la sola senda inédita.
Mario Benedetti

El destino de los héroes y heroínas es conquistar la utopía  que buscan o morir por ella. La disyuntiva que la vida le impuso a Norma Corona no fue distinta. Aquella agobiante tarde de 21 de mayo de 1990, sus asesinos creyeron que segaban su vida y ahogaban sus sueños. Se equivocaron: es cierto que la medicina, las plegarias y nuestro llanto no nos devolvieron con vida a Norma, pero ni ellos ni el resto de violadores de derechos humanos en el País se imaginaron las consecuencias que su muerte tendría. El impacto social rebasó las fronteras nacionales y el Estado mexicano se vio obligado a una respuesta inmediata ante esa contundente presión ciudadana. Tres semanas más tarde, el 5 de junio, nacía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya primer tarea sería buscar justicia para el caso Norma Corona.

Un cuarto de siglo después, los ciudadanos estamos obligados a elaborar un balance en materia de derechos humanos, durante ese tiempo. En ese balance deben caber  los claroscuros principales que ha vivido nuestro País. Hagamos un breve recuento de los años anteriores a 1990: Norma surgió del movimiento de la reforma universitaria que parió al 68 mexicano. Y cuando las madres con hijos desaparecidos iniciaron esa inacabable búsqueda de los activistas que se comió la guerra sucia, ella era ya una valiente defensora de los derechos humanos. Al despuntar los años ochenta, buscando redimensionar el movimiento que reivindicaba la Amnistía para los presos, perseguidos, exiliados y desaparecidos por motivos políticos,  se fundó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. A partir de entonces, toda víctima de violación a sus derechos elementales tuvo cabida para presentar una queja o petición.

La inmolación de Norma fue un detonante en la historia de defensa de los derechos humanos, pues entre aquel 21 de mayo y diciembre de ese 1990, surgieron alrededor de cuatrocientos organismos de la sociedad para la defensa, promoción y difusión de derechos humanos. En los años siguientes surgirían otros tantos más. Y esa valiente movilización social, hizo posible que a la CNDH se le diera rango constitucional y que la reforma contemplara la creación del Sistema mexicano no jurisdiccional de derechos humanos, las comisiones estatales pues. Si esos organismos han cumplido o no su misión histórica, ya no es responsabilidad de Norma.

Situando a Norma como referencia, la suerte de los derechos humanos en México ha transitado por dos distantes veredas: la de los organismos no gubernamentales y la estrecha y burocratizada  senda de las comisiones estatales, que más responden a los intereses de gobernantes que a su papel de defensores del pueblo. Las políticas promovidas desde el Estado buscaron ahogar a las comisiones de la sociedad y a las oficiales. A las primeras obstaculizando la gestión de los recursos con los que sobrevivían, a los pocos años de nacidas la renta, los recibos del teléfono, la luz y el agua, se volvieron tan odiosos como los violadores de derechos humanos. Sin recursos, la única salida para muchas fue cerrar oficinas y dejar sin atención a cientos de miles de víctimas en el País.

Algunos males en México se han vuelto endémicos y pareciera que a prueba de protestas, escándalos e indignación pública: la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial de ciudadanos, la tortura, la detención arbitraria y el abandono de las víctimas a su suerte, de por sí terrible. El discurso oficial sobre derechos humanos se ha vuelto resbaladizo, reticente y en ocasiones cínico. ¿De qué otra manera podemos calificar las respuestas que el Gobierno federal ha dado a los informes del Grupo de trabajo de la ONU sobre la tortura y a los reclamos en Ginebra sobre la desaparición forzada, en especial sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

En estos 25 años de ausencia de Norma, el neoliberalismo como corriente política y de poder ha sentado sus reales en México, y sus constantes ataques y acoso contra el patrimonio nacional (bancos, ferrocarriles, ejidos, CFE y Pémex, entre más de mil empresas) y las libertades y espacios democráticos de los ciudadanos, han terminado dando al traste con los derechos que costaron más de un millón de vidas en el Siglo XX.

Al privatizar el ejido, se condenó a los campesinos a migrar para sobrevivir; al reformar la Constitución criminalizando los movimientos sociales, el sagrado derecho a la protesta sufrió un golpe demoledor y se ha dado carta de ciudadanía a la represión de la autoridad; pero al privatizar los recursos naturales y la energía, se pierde la soberanía de México y se pierden los recursos con que se ha resuelto el gasto educativo, en salud y vivienda. Sin ellos, ¿cómo resolverá el País la creciente demanda en esos renglones? ¿Reformarán la Constitución de nuevo para borrar esos derechos? Aunque lo hagan, no olvidemos que la comunidad internacional los ha consagrado como derechos universales.

En medio de esta crisis humanitaria que vive el País, donde el pan de cada día son las desapariciones forzadas, grupos numerosos de desplazados por la violencia, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias, es muy pertinente plantearnos volver a Norma Corona, es decir rescatar su gran valor social, su coraje, su vocación de servicio, sus principios y su decisión de continuar esta noble lucha hasta que el sueño de lograr una cultura de los derechos humanos sea una realidad en Sinaloa y en México. Con un gran dolor en el pecho y ante el desamparo de millones de mexicanos que sufren la crisis humanitaria, te decimos: no descanses en paz Norma, hasta que los derechos humanos sean una realidad tangible en México.