LA TORTURA EN SINALOA

Los gobiernos deben dejar de jugar con los derechos humanos”
Irene Khan. Amnistía Internacional.

─Si hay algún error que se haya cometido en el proceso, pues tendrán que pagar. Dijo enfático el gobernador Mario López Valdez, al referirse a los policías involucrados en el caso de tortura a Yesenia Armenta, interna ahora por el delito de homicidio en el Penal de Culiacán. La Jueza Tercera de Distrito emitió resolución favorable a Yesenia, partiendo de la comprobación de actos de tortura.

El caso está dando mucho qué decir. Una opinión del diputado Héctor Melesio Cuén que pone en duda dichas torturas (explicable en su calidad de hermano de la víctima de homicidio). Muchas voces de abogados, empresarios y activistas de derechos humanos que condenan la práctica de la tortura y apelan a la observancia plena del Protocolo de Estambul, que prohíbe y persigue ese nefasto método de investigación policial. Pero llama la atención que el Gobernador tenga una opinión que reconoce la resolución de la Jueza y que el Procurador rechace dicha resolución, señalando que es una apreciación de la juzgadora, y que solicitará la revisión del caso.

Algo pasa en Sinaloa, que no terminamos de asumir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la realidad jurídica nacional. Como todos sabemos no es el caso de Yesenia el único que se ha denunciado, de inmediato viene a nuestra memoria, el de Juan Carlos Cristerna Fitch y el de los cuatro acusados del homicidio de Jorge Aguirre Meza, entre muchos otros. Cuando la policía persigue el delito cometiendo delitos (en este caso tortura), abre las puertas para que los presuntos responsables se aboquen durante su defensa a la demostración de que fueron torturados, como recurso supremo para evadir la sanción judicial que se les impondrían por las faltas de las que presuntamente son responsables.

Apelar a la aplicación del debido proceso es derecho de los acusados y la práctica de la tortura policial es la negación de los derechos humanos y la avenida más amplia que lleva a darle reveses jurídicos a la autoridad. Lamentablemente, quien pierde al final, es la víctima primera del delito y la sociedad. La impunidad alcanza su mayor dimensión como madrastra de las malas prácticas de policías y como incubadora (en el mejor de los casos) de libertades para presuntos delincuentes. El Estado nos debe una amplia explicación.

Y cuando señalo que no terminamos de asumir los compromisos internacionales y la realidad jurídica nacional, me refiero a que el estado de Sinaloa no cumplirá en tiempo y forma con el establecimiento de los juicios orales, entre otras cosas, porque no se presupuestó un renglón para la infraestructura y formación del personal necesario. Ya funcionan esos juicios en cinco municipios y la actuación de la Procuraduría debe atenerse al nuevo marco legal: el principio universal de presunción de inocencia debe ser respetado en todo momento por la autoridad, pues no es así. Revisemos las notas rojas de la prensa y veremos que el acusado ya tiene, de antemano, el sanbenito de culpable, facultad que le corresponde al Juez, no al Fiscal.

Por aquello de que la Policía Ministerial ande aún extraviada en las prácticas medievales de investigación y que la Procuraduría de Justicia no tenga mando alguno sobre aquella, no está demás repetir en este espacio algunas de las obligaciones legales de prevención de la tortura, que establece el Protocolo de Estambul y que México ha hecho suyo: a)tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura; b)penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad; c)asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos como lugares de detención; d)asegurar que los nombres de las personas responsables de su detención figuran en registros fácilmente disponibles y accesibles a los interesados; registrar la hora y el lugar de los interrogatorios, junto con los nombres de las personas presentes.

El Protocolo es muy rico en medidas, también ordena que la víctima de tortura tenga la reparación e indemnización adecuada y que el o los presuntos culpables sean sometidos  a un procedimiento penal. Ante todo ello, esperemos que el criterio del Gobernador prevalezca sobre el expresado por el Procurador.

Menuda tarea la que tiene por delante la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y qué esfuerzos tienen que seguirse dando desde las trincheras de la sociedad para que el protocolo de Estambul alcance carta de ciudadanía en nuestro estado. No se vale dar marcha atrás. Vale.