La memoria nos salva de las negras pretensiones del inquilino de Los Pinos
y su burocracia. Nos incitan a olvidar, a "superar" las
desapariciones forzadas, los homicidios de activistas sociales, entre otras
cosas, pero los hechos son demasiado tercos y la conciencia social es
tremendamente obcecada. Las amenazas arrecian y las medidas represivas ya
estrenaron cartel contra el movimiento por los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero eso se ha vuelto acicate para los amplios
grupos sociales agraviados por esos acontecimientos.
Las efemérides se vuelven un referente obligado para la resistencia popular
frente a esa ofensiva. El lunes 26 arribamos al cuarto mes de los
acontecimientos que en Iguala terminaron con el asesinato de seis jóvenes y las
desaparición de 43 normalistas. El martes 27 conmemoramos el XVI aniversario
luctuoso de Jorge Aguirre. Una marcha en Culiacán y otra en Navolato.
La primera reclama la presentación de los normalistas desaparecidos y la
segunda demanda la paz y el respeto a los derechos humanos en México.
La lucha de Aguirre y los acontecimientos de Tlatlaya
e Iguala, son dos momentos que dibujan el México de nuestros días. Los sueños
del defensor de los derechos humanosquedaron truncados por el acoso y acción homicida de criminales que
siempre encuentran el respaldo y complicidad de la autoridad a quien sirven en
última instancia. La desaparición de los normalistas no es tampoco la acción
aislada de un grupo de criminales al margen del Estado. Un cordón umbilical,
tan doloroso como perverso, une a ambos acontecimientos. En un cabo se ubica el
Estado y en el otro los pillos sin charola, cerrando ese círculo que mantiene
en vilo las esperanzas de alcanzar justicia y paz en este País.
Los dos acontecimientos abren las puertas de la historia de par en par,
para cuestionar de fondo los daños y agravios que sufre la sociedad mexicana
desde hace décadas: una crisis económica que no ve el final y acumula pobreza,
desigualdad e injusticia social; una inseguridad pública que completa su círculo
vicioso (¿dantesco?) al lado de la peor corrupción conocida desde los tiempos
del vendepatrias López de Santa Anna y que va dejando
en el camino decenas de miles de muertos y desaparecidos en cada sexenio, sin
que haya voluntad política desde el Estado (¿por compromisos o complicidad?
para detener esa creciente violencia que mina peligrosamente los cimientos
sobre los que se construyó esta Nación.
Y frente a la sensibilidad de familiares y sociedad que volvieron a
reiterar su voluntad de mantener firme la exigencia de presentación de los
estudiantes de Ayotzinapa, el Estado abre tercamente
dos nuevos frentes: la represión y el cierre del caso. Ahora tenemos cientos de
policías federales en la ruta del Sol (México-Acapulco), que están chocando con
los estudiantes guerrerenses que exigen justicia para Ayotzinapa.
El frente más doloroso es el que cava la PGR, pues con su "verdad
histórica", Murillo Karam pretende cerrar el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos. No hay pruebas científicas para
demostrar las afirmaciones de la fiscalía, han dicho los expertos, pero al
estilo de siempre, con las declaraciones de testigos (que dejan un mar de
dudas) se procura resolver el caso. Ni los padres de los desaparecidos, ni los
expertos e instituciones científicas que han intervenido u opinado, ni los
movimientos sociales que apoyan, aceptan esa "verdad
histórica" de la PGR.
No hay voluntad política para atender y resolver el caso Ayotzinapa como lo recomendó BanKi-mon, secretario general de la ONU. Y puestas así las cosas,
el Estado (Enrique Peña Nieto y burocracia), con la simpatía activa de
Televisa, Roberto Servitje (Bimbo) y otros, buscará
por las vías de la represión y desmantelamiento de la investigación, dejar las
cosas del tamaño que las conocemos. La otra parte, la sociedad, como en muchas
otras coyunturas históricas, ya sabe a qué atenerse: sólo la movilización
social, la memoria viva y la exigencia permanente, pueden garantizar justicia
para el caso Ayotzinapa, Aguirre y todos los casos
pendientes. Son las únicas veredas para la esperanza. ¿Nos atreveremos a
caminarlas? Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com