HOSPITALES GENERALES EN CULIACÁN Y MAZATLÁN

Queda prohibido llorar sin aprender.

Pablo Neruda

Comparto con ustedes mi ponencia ante el Foro que trató las asociaciones públicas privadas como alternativa de inversión en hospitales.

Hay derechos que están fuera de toda discusión y, desde luego, de toda duda. El derecho a la salud, a la educación y a un techo donde vivir, son algunos de ellos. Y para que no haya pie para especulación interesada alguna, el artículo 1° de la Constitución mandata lo siguiente:  “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

El Estado tiene el compromiso y la obligación de hacer viable el acceso a los servicios de salud a todos los ciudadanos, pero en las últimas décadas hay un descuido en este renglón que no sólo condena a una infraestructura y equipos obsoletos o insuficientes a las instituciones públicas de salud. Para nuestra entidad, especialmente, el colapso de clínicas y hospitales ante la demanda de una población con crecientes problemas de salud es una realidad. Con una agravante que pone en riesgo la vida del paciente en no pocas ocasiones, conseguir los insumos hospitalarios es tarea de los familiares (así no tengan en caerse muertos en ese momento), no del sector salud.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” Señala el artículo 4°.

El modelo de economía que nos rige a partir de 1982, impuso criterios y prácticas en las políticas públicas que han golpeado severamente los derechos a la salud de los mexicanos con menos ingresos. Se puso a la venta el patrimonio nacional: Telmex, ferrocarriles, los bancos y recientemente los recursos energéticos. El concepto austeridad empezó a recorrer los renglones del presupuesto que tocan programas de salud, educación y vivienda. Y a pesar del mal comportamiento de los banqueros (que nos llevaron a la gran crisis de 1994-95) seguimos pagando un rescate que este año alcanza la cifra de 861 mil millones de pesos, a pesar de 20 años de abonos ininterrumpidos. Se dice que el 2020 llegará al billón de pesos. No hay austeridad para rescatar banqueros y a los malos inversionistas en carreteras.

Por eso creemos que ya es tiempo de volver al texto constitucional, que mandata que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.” Donde evidentemente no está contemplada participación de la iniciativa privada, porque la rectoría del Estado y sus obligaciones constitucionales en materia de salud, no pueden estar acotadas más que por la Carta Magna.Para el caso de la salud en Sinaloa, es tan grande el abandono del gobierno local en este renglón, que bien vale la pena ir más allá de las coberturas del llamado “seguro popular”, donde hay que contemplar que las deudas de pacientes y familiares los mantiene como rehenes de los hospitales generales y civil o de particulares. Los pobres no pueden ocurrir a esos hospitales como pacientes de males que se clasifican fuera del listado de enfermedades que acepta el “seguro popular”. Y si lo hacen, las deudas son su futuro inmediato. No estaría mal registrar la cantidad de deudores que hoy tienen esas instituciones de salud. De ese tamaño es el problema.

Pero lo que nos ofrecen ahora, con la construcción de  hospitales generales en Culiacán y Mazatlán, no es la solución a los enormes problemas de salud mencionados, es un negocio (muy productivo, por cierto) para algunos empresarios que acaparan los contratos más jugosos a nivel federal y de las entidades federativas. Tres cosas enchinan la piel: el costo adjudicado (no comprobado) de los hospitales, el peso que tendrán sobre las finanzas públicas y de paso las garantías que hay que ofrecerles y tener que soportar a dichos “inversionistas” 25 años administrando esos hospitales.

Una conclusión es obligada: si como han funcionado hasta el día de hoy las cosas, los pobres que ocurren a los hospitales generales y al Civil, están llenos de deudas; con los “inversionistas” Vázquez Raña y Gerard Rivero, que hoy se asoman y se mueven con dineros de nuestros impuestos, y que habrá que aceptar al frente de dichos hospitales, ¿cuál será el costo de consultas médicas y de las hospitalizaciones? 

¿Cómo hacer posible y viable en Sinaloa el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos?, que establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.” Todos tenemos la palabra. Vale.