DERECHOS HUMANOS DESPUÉS DE GINEBRA

Si no comienza a depurarse, esto va a estallar.

Juan Villoro.

La conciencia del pueblo mexicano es otra después de Iguala. Y las condiciones en las que debe responder el Estado mexicano a los reclamos de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también cambiaron a partir de la Sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, los días 2 y 3 del presente, en que recibieron a familiares de los jóvenes y a representantes del gobierno mexicano. El Estado tiene una cuña internacional muy sensible en torno al problema. “La verdad histórica” de Murillo Karam y otras maniobras que buscan evadir la responsabilidad oficial, tendrán que esperar por mejores tiempos.

Y las consecuencias de lo que pueda pasar después de Ginebra no termina en el caso de Ayotzinapa, ni se agota en el tema de la desaparición forzada de personas. El asunto abarca el tema completo de derechos humanos. Demasiado pesada la realidad que vivimos en pobreza y desigualdad social, agudizada por las crecientes injusticias que ello encierra, como para que una docena de reformas a la Constitución (regresivas todas ellas) cambien la vocación de lucha y búsqueda eterna de justicia por el pueblo.

Al menos en tres ocasiones se ha querido pintar raya ante una protesta social que no termina, ni quiere terminar, de  exigir la presentación de los jóvenes y el castigo a los responsables: el Presidente invitó en Acapulco a “superar” Ayotzinapa, luego vino la amenaza de enfrentar la fuerza pública con las manifestaciones populares (ya lo hicieron en Guerrero y en la Ciudad de México) y con la presunción de “la verdad histórica” de parte de nuestro cansado Procurador de Justicia.

Con mucha razón dice Villoro refiriéndose a Ayotzinapa que “la incertidumbre es mucho peor que la tragedia”, pues hay que sumar al golpe que esta representa, las dudas que siembra a los cuatro vientos la autoridad sobre la solución al problema. La impunidad no puede ser la divisa en este caso ni mucho menos el consejo a seguir por la autoridad, pues en ese caldo de cultivo caben muchas cosas, incluida una explosión social mayor a la de estos últimos cuatro meses.

Por todo ello esperemos que en las cuentas que los gobernantes del País y de su capital estén haciendo, no quede de lado la caída de las finanzas públicas y la merma de las posibilidades de responder a las demandas de empleos, mejores ingresos, educación, vivienda y salud. Y si no hay recursos para resolver esos problemas (que voluntad ya no la había), lo mejor es ampliar el criterio y el campo de la negociación de los conflictos sociales, dar oportunidad a los grupos sociales no sólo a que protesten, sino ofrecer respuestas de solución que permitan un espacio inédito  a la credibilidad y abran nuevos caminos a la paz y tranquilidad pública.

Pero llama la atención que la agenda empieza a cargarse sin que mejore la atención desde las esferas públicas hacia los asuntos que reclaman respuestas. Mientras este año arranca con más complicaciones que el anterior por ser año electoral y por los tropiezos en la agenda económica y social. Pareciera que el principio de fatiga empieza a coronar la molicie en que viven las oficinas centrales del País y eso complica más la situación que tendrá México en los próximos meses.

Y preocupado porque las cosas no empeoren, llamamos la atención sobre una agenda que se abre camino a empujones, porque las anchas avenidas en que debe moverse son sustituidas por estrechas veredas a la vera de un desfiladero. Se trata de los problemas que de manera natural plantea el asunto Iguala-Ayotzinapa, el fenómeno de la desaparición forzada en todo el País, los despojos que hoy sufren los campesinos e indígenas por empresas mineras, los presupuestos para la educación pública, los precios de garantía para el maíz, frijol, garbanzo, ajonjolí, entre muchos otros asuntos.

La coyuntura electoral no distraerá de los problemas más sentidos, ni los discursos más encendidos modificarán el parecer de los que esperan una respuesta concreta a conflictos y preocupaciones cuya espera impacienta. No soy de la opinión de que anulemos nuestro voto en la urna el próximo 7 de junio, pero la peor invitación a votar es dejar que los problemas crezcan como los animales mostrencos y que un día impongan el caos en la vida pública.

Lo que aconseja la situación actual y que coincide con el pensamiento de los organismos internacionales que están cerca de lo que vive el País, no es echar la policía y fuerzas armadas a la calle, es la aplicación más amplia de sensibilidad política, es la voluntad política para sentarse a la mesa y resolver los conflictos. Es cierto que no se ha visto mucha vocación por este tipo de salidas desde el poder y que los escándalos que han surgido en torno a propiedades multimillonarias en funcionarios de primer nivel, incluido el presidente, no ayudan a la credibilidad, ni abona a despejar las entendederas de los gobernantes. Pero con todo ello, es nuestro deber insistir en que hoy debe brillar la voluntad política y el espíritu de negociación. Es deber moral de los que gobiernan y si no lo hicieren, las faltas se convierten en responsabilidad  constitucional. Vale.