Circula entre organismos de la sociedad civil un documento en solidaridad
con Emilio Álvarez Icaza, luego de que se iniciara una nefasta campaña en su
contra. Por ser uno de sus promotores, lo suscribo plenamente y comparto con
ustedes.
Insólito, pero cierto. Emilio Álvarez Icaza fue demandado por un llamado
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dirigido por
José Antonio Ortega, miembro estrella del grupo de ultraderecha El Yunque. La
"razón", dicen, "por un engaño a los contribuyentes
mexicanos", equivalente a 2 millones de dólares. Dicha cantidad está
relacionada con los gastos que ha implicado el trabajo del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) que propuso la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para el caso de los 43 desaparecidos de la
Normal de Ayotzinapa.
¿Qué está detrás de esa demanda del 16 de marzo? Sin duda el informe que el
GIEI presentó luego de seis meses de investigación sobre el caso Ayotzinapa en octubre de 2015. Hay dos conclusiones
contundentes que no le cayeron bien a la autoridad: la "verdad
histórica" que la PGR presentó sobre la desaparición de los normalistas
quedó cuestionada por el informey la
necesidad de que comparecieran oficiales del 27 Batallón del Ejército con base
en Iguala, Guerrero. El gobierno mexicano aceptaba que comparecieran, pero ante
la PGR. El GIEI estuvo de acuerdo si se le permitía estar presente y ampliar
las preguntas. Nunca lo aceptó el Estado.
Allí comenzó una campaña de desprestigio contra el GIEI y de
descalificación de su trabajo. A falta de razones se argumentó que eran
extranjeros,pues nunca hubo un cuestionamientoserio sobre su calidad moral y profesional.
El gobierno mexicano nos presenta un doble juego. Por un lado estimula la
demanda mencionada y por el otro, Roberto Campa Cifrián, Subprocurador General
de Justicia, señala que es improcedente. Se da el golpe primero con todo el
dolo, atacando una investigación seria, a una noble Institución como la CIDH y
a Emilio Álvarez Icaza, y luego dice una autoridad que la desestima.
La campaña contra Emilio se da en el marco de fuertes presiones y acoso contra
defensores de los derechos humanos en el país y que ha provocado un activismo
febril de muchos grupos de familiares con desaparecidos en su defensa.
Incluyendo la impunidad que se cierne sobre todos los casos de desaparecidos en
Sinaloa y en México, y el peligroso avance de la práctica de desaparecer a
personas. Aún más, cuando se prepara en el Congreso de la Unión un fuerte golpe
a los derechos humanos, pues en comisiones ya ha pasado una iniciativa que
amplía las facultades del presidente y del gabinete para declarar suspensión de
garantías y cuando en el Estado de México se aprobó una Ley que criminaliza los
movimientos sociales (Ley Atenco).
La campaña que hoy se enfoca contra Emilio, la CIDH y el GIEI, no solo
pretende desacreditar la investigación sobre el caso de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapay salvar el pellejo de la autoridad ya
demasiado cuestionada ante sus fallidas investigaciones. Va más allá: el Estado
pretende no renovar el contrato con el GIEI el próximo mes de abril, a pesar de
que no ha terminado su investigación, mientras está modificando la legislación
para disponer de mayores facultades que le permitan reprimir a los movimientos
populares y a sus activistas principales, y, a la par, realiza y/o permite
campañas de acoso contra activistas defensores de derechos humanos.
Por lo que desde hoy asumimos que la campaña contra Emilio es el adelanto
de una ofensiva mayor contra los movimientos sociales y sus activistas,
teniendo a la vista los que reivindican la presentación
de los desaparecidos: de los 43 de Ayotzinapa más 27
mil en el País. Por lo que cualquier ataque que atente contra la integridad
física y moral de Emilio Álvarez Icaza, es un agravio a las decenas de miles de
familiares con desaparecidos en México y a un sinnúmero de activistas que los
acompañamos en su incansable vía crucis. Es también una ofensa al pueblo
mexicano que anhela vivir en paz. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com