LEGALIDAD, LÍMITES E INFAMIA

Los fraudeadores de vivienda están de fiesta: 
con la ayuda del gobierno han dejado en la calle a 48 familias.

La infamia cometida en el fraccionamiento Los Olivos enciende los focos rojos en materia de justicia social en muchos sentidos. Es cierto que no es la primera vez que vemos desahucios en el estado de Sinaloa, incluso después de uno de ellos en los terrenos que fueron de ferrocarriles, la desalojada, una dulce dama octogenaria, entró en infarto y falleció. No quiso sobrevivir a la injusticia que le impusieron un abusivo comerciante y un juez bribón. En el lugar donde apenas se sostenía en pie una humilde casa ahora se levanta un próspero negocio.

Los Olivos invitan a no olvidar su larga y traumática historia. Hace ya 30 años decenas de familias con trabajo e ingresos regulares, obtuvieron créditos y se hicieron de un espacio para vivir. Sería el patrimonio de sus hijos. Las viviendas comenzaron a pagarse con los descuentos vía nómina, como lo hacen todos los que ganan un salario. Pero la historia se altera porque el fraccionador Cayetano Díaz Mejorado, con múltiples antecedentes de fraude, tenía una deuda con Banorte y puso el terreno como garantía. Los cumplidos vecinos terminan perdiendo sus bienes y pagando las deudas de Cayetano.

Por qué hablamos de focos rojos, de legalidad y de límites después de Los Olivos. Porque el Ayuntamiento de Culiacán y otros le aprobaron diversos proyectos de vivienda a pesar de sus negros antecedentes y no dudamos que le seguirán aprobando otros, aunque ello signifique nuevas injusticias. Hablamos de esos límites porque hay antecedentes en los juzgados y no faltarán jueces que lo sigan protegiendo a pesar de que esa mala conducta implique ver a muchos niños y sus padres irse a la calle, como se están lanzando a otros en España, Portugal o aquí en México.

Insistimos en los límites que debemos imponernos por la actitud de jefes de policías y de los mismos agentes, tan omisos en el combate al delito y tan prestos para una acción de desalojo. Para esta acción se dispone de decenas de policías muy puntuales y para combatir crimen es otra actitud. La misma abogada del fraudeador,  Rosalba Alarcón, demostró una actitud ausente de toda moral. No era la inconmovible litigante, era la extensión misma del fraudeador, satisfecha de la desgracia de los desalojados.

Y al hablar de límites hay que voltear a ver a los actuarios (una decena). Nunca cuentan con los suficientes en los juzgados y para esta acción les sobró. Lo que prueba que cuando hay intereses de por medio, la autoridad se multiplica, pero queda bien... con esos intereses. ¿Qué estará pensando (si es que piensa) el Poder judicial?

Por el número de familias (48) y de personas (unas 250) que hoy están literalmente en la calle, muchos ciudadanos se preguntaron si el Gobierno del estado y el municipal debieron hacer algo. ¡Claro que sí! Al ser un problema de carácter social estaban obligados a agotar todas las posibilidades para un arreglo conciliatorio. Y, en el peor de los escenarios, entrar en acción para proteger a esas familias. Hay más de dos caminos para ello: expropiar esas viviendas, disponer de albergues, entre otros. Pero no se hizo, prefirieron dejar a las personas a su suerte.

Esa jornada del 23 de mayo nos ha marcado para siempre. Las injusticias las sufren en tiempo real sus víctimas directas, es el caso de los vecinos de Los Olivos, pero de alguna forma esas infamias las padecemos todos, son de todos. Esas familias no tienen techo propio hoy y nosotros sentimos la vergüenza de que el complot entre Cayetano Díaz y socios, la autoridad judicial y estatal y municipal, se haya salido con la suya.

Que nos quede claro que si no decimos nada, ese paisaje urbano donde hay familias viviendo bajo los puentes, en los parques, bajo las escaleras de edificios, como en España y Argentina, será muy pronto el entorno culichi. Ya tenemos una familia bajo un puente sobre el canal de ‘recursos, ¡qué faltará para llenar el resto de puentes si seguimos así! Vale.