Por
el ojo de la llave no vas a ver nada en el cuarto a oscuras.
¡Tira
la puerta!
Jaime Sabines
Veinte años después, los padres de Juan Emerio, Abraham y Jorge tienen una cita con la historia. No
estarán presentes Juan Emerio Hernández Beltrán ni
Jorge Cabada Orduño, porque ya fallecieron. Pero los
sobrevivientes allí estarán este 30 de junio frente al número 10de la Avenida Eldorado, en la colonia Las
Quintas. Qué decirles como sociedad en el recuento obligado a Rosa María
Argüelles, Norma Picos, Luz María y a Abraham, ¿qué la esperanza es un rayo de
luz que se extingue veinte años después? No. No tenemos derecho a decirles eso,
tampoco de que nos gana ese vacío que se llama olvido.
Estamos obligados a sentarnos a su lado
y decirles muy de cerca que su dolor es el nuestro, que en estos veinte años
caminamos las mismas leguas que ellos de una oficina a otra, de una marcha a
otra, de un plantón a otro; en este XX aniversario tenemos que prestarles
nuestro hombro para que lloren las mismas lágrimas del primer momento, aquellas
que no se explicaban la infamia de la desaparición de sus hijos. De seguro
lloraremos juntos, ¿quién lo duda?, y de ese torrente de lágrimas saldrá la
energía que alimente otros veinte años de lucha por la presentación de todos
los desaparecidos.
También hablaremos de que en estos
veinte años, la impunidad ha sido la comadrona de las injusticias sin fin en el
renglón de desapariciones forzadas y que durante los cuatro sexenios
transcurridos ha sentado sus reales en las instituciones de gobierno. De
acuerdo a las posibilidades de aquellos años entre los ciudadanos de a pie y
los poderosos, la gran fuerza social desplegada pudo despeinar y desnudar a los
responsables y cómplices del delito de desaparición forzada, pero no les pegó
en la chapa del alma. No pudo cambiar su residencia a la sindicatura de Aguaruto (la cárcel).
Cómo callar en el plantón de las
familias de Las Quintas toda la podredumbre que su movimiento descubrió en los
entresijos del poder. Atrás de la desaparición de Juan Emerio,
Abraham y Jorge, el alarde, la exhibición desmedida del poder de la familia Andrade,
al amparo de los negocios con la élite política. Todo concretaba un hecho que
ofende profundamente al pueblo de Sinaloa: el derecho a picaporte en la oficina
del gobernador. Allí comenzaba y concluía un ominoso proceso que tomó cuerpo de
impunidad.
Recordemos en este XX aniversario que
hasta la carrera política le costó al licenciado José Luis Zavala Beltrán,
primer fiscal del caso Las Quintas. En los últimos años había crecido en la
Secretaría de la Reforma Agraria y luego como Subprocurador de Justicia.
Ocupando esta oficina fue nombrado fiscal especial. Convencido de su misión se
fue a fondo en la investigación. Sabía a lo que se enfrentaba y sintió muy
cerca las presiones del poder, incluidas las llamadas de atención de su jefe
inmediato. Pese a todo siguió adelante.
Un día, el Procurador le ordenó llevarle
el tercer tomo del abultado expediente de Las Quintas, cuyo contenido
desconocía y seguramente desde la oficina del Gobernador Renato Vega, le
requerían dicha información. Zavala no se lo envío y el Procurador Amado
Zambada se lo exigió por escrito, pidiendo le explicara las razones de la
negativa. Y por escrito le dio las razones: porque no le tenía confianza. Sin
precedentes en la historia jurídica nuestra, que el Subprocurador le manifieste
a su jefe desconfianza y que por ello no atienda una orden superior.
Poco después, mientras desarrollábamos
un mitin por la calle Rosales frente a la Procuraduría, salió Zavala del viejo
edificio de La Tercena muy enojado. Qué le pasa licenciado, le preguntamos. “Ya
me voy de este edificio corrupto”, nos dijo. El “edificio es histórico, no
tiene culpa de lo que pasa adentro”, le replicamos. Y abrazando un grueso
manojo de expedientes, continuó su camino calle abajo sentenciando: “también es
corrupto”. Así se cerraba la vida pública de un funcionario honesto y una etapa
muy importante en la investigación del caso Las Quintas.
Veinte años después, los sobrevivientes
de las familias del caso Las Quintas y de los activistas, estamos en plantón
con las mismas banderas y exigencias del 30 de junio
de 1996, que son ahora tan vigentes como entonces: presentación con vida de los
desaparecidos, alto a las desaparición forzada de personas, castigo a los
responsables y reparación del daño a las víctimas. Como la impunidad devora
toda posibilidad de castigo a los responsables y la autoridad niega hasta la
parte más elemental de la reparación del daño, como lo es la reivindicación del
buen nombre de los desaparecidos, el pueblo sinaloense debe seguir terco en la
exigencia de justicia plena para los desaparecidos, mientras manifiesta su
condena moral sobre los hechos, los responsables y la autoridad omisa. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com