para Juan José Salazar Inda en estos momentos de dolor.
Este miércoles pasado se inauguraron los
laboratorios de genética forense, de química y de balística; además de un
vehículo con sonar. No surgieron por generación espontánea ni por ocurrencia de
alguna instancia oficial o funcionario. Estos nuevos espacios y herramientas
para la investigación científica del delito son producto de una vieja demanda y
lucha de movimientos sociales, entre ellos muy destacadamente de familiares con
desaparecidos y activistas de derechos humanos.
Llegamos a pensar que terminaría el gobierno de
Mario López Valdez y no se cumpliría con la palabra, pues se prometió entregar
el laboratorio de genética forense el 8 de enero, después para el 9 de junio
(junto al vehículo con sonar) y no sucedió en esos días. Con fecha 10 de agosto
se cumple la dichosa palabra. Hacemos acuse de recibo por ello y, sin desdecir
las críticas que ya hemos dejado asentadas anteriormente, no tenemos empacho en
reconocer que, aún con los retrasos señalados, se llega a tiempo para emprender
las tareas que urgen en materia de desapariciones forzadas.
Ya se hicieron algunas críticas tempranas que
señalan que lo que debiera hacerse por la autoridad es detener la práctica de
la desaparición forzada, en lugar de tener que adquirir tecnología para buscar
a las víctimas de ese delito de lesa humanidad. Esa crítica encierra verdad,
sin duda, pero hasta el punto que han avanzado las cosas, aún
conjurando nuevos casos de desaparecidos, esas herramientas de trabajo
anunciadas son imprescindibles hoy. Díganlo si no: a los 27 mil desaparecidos
en el gobierno de Felipe Calderón hay que sumar al menos, dicen especialistas,
otra cantidad similar en lo que va del sexenio de Peña Nieto.
¿Qué gana y qué pierde el movimiento de
derechos humanos con la nueva tecnología? En primer lugar pueden ser más efectivas las
búsquedas si funciona el vehículo con sonar, pues si a la información recibida
de lugares con posibles fosas clandestinas, a la capacidad e intuición
adquirida por los grupos de búsqueda, al uso adecuado de perros y a la combinación
de todos estos elementos, le sumamos una política clara y decidida en este
terreno. Este es un reto para el movimiento de derechos humanos, lo que puede
coadyuvar a una mejor procuración de justicia.
Y como la fuerza de la vida se impone como la
historia, deseo comentar un hecho que no debe pasar desapercibido: con fecha 11
de agosto, mi generación de secundaria se reunió en su Casa de estudios, la
Escuela Normal Rural de Xalisco, Nayarit. Lo hicimos
al cumplir medio siglo de haber llegado a sus aulas. Hubo una fausta
coincidencia con nuestro evento, pues el Congreso del Estado de Nayarit otorga
a la escuela el título de Benemérita, mismo que se impondrá el 13 del presente
mes.
Por muchas razones comparto este reencuentro de
compañeros que iniciamos una bella aventura en el aula en septiembre de 1966,
pues también fue un reencuentro con la escuela y con las raíces no sólo
educativas, sino ideológicas. El último año en ese internado fue de profunda
frustración. Para nosotros y para los estudiantes de otras 13 normales rurales.
El gobierno de Díaz Ordaz cerró esos centros de formación de maestros. Esas
escuelas formaron parte de un proyecto cardenista más amplio para llevar
educación a los hijos de campesinos y de pobres de la ciudad, cómo lo fueron los
internados de primaria, los de las llamadas prevocacionales
y el que tuvo el Instituto Politécnico Nacional.
Después de 1968, hubo una persecución hacia
todo lo que oliera a democracia y a reclamo contra el autoritarismo. Y las
normales rurales fueron blanco de ese tipo de autoridades. Muchos miembros de
esa generación terminaron su formación de maestros en El Quinto, Sonora; otros
fuimos expulsados por nuestro activismo social buscando la reapertura de las normales
cerradas y algunos más sencillamente buscaron otra alternativa.
Esa generación que se reencuentra 50 años
después de ingresar en lo que ahora se llamará Benemérita Escuela Normal Rural
de Xalisco, Nayarit, ha probado a la sociedad que su
paso por esas aulas fue muy productivo: formadores de muchos profesionistas,
médicos, ingenieros de varias disciplinas, constructores y economistas.
Haciendo honor a la fama de escuela crítica frente a los problemas del país,
esa generación 66-69 aportó elementos importantes para conquistar la vida
política pluralen México,
sus libertades de expresión y publicación, la institucionalización de los
derechos humanos, entre muchas otras cosas.
Y en el acto de reencuentro no nos quedamos
mudos ante los problemas actuales del país, en especial sobre la actual campaña
de desprestigio de las autoridades han desplegado contra el magisterio
nacional. Si golpean a los maestros, golpean la educación del pueblo. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com