Observamos que a medida que se desarrolla,
el capitalismo funciona cada vez más mal. Alejandro Nadal
Como muchos, he esperado hasta el último momento para saber de los
resultados de la asamblea nacional de resistencia. El día lunes 22 debe
arrancar el ciclo escolar 2016-17 y lo que enmarcan sus vísperas pone en
verdadera tensión los nervios. Los maestros, a través de la CNTE y por otros
medios, han cuestionado la llamada reforma educativa, en la que no tuvieron
opinión a pesar de que la imprescindible tarea de formar y educar pesa sobre
sus conocimientos, experiencia y vocación. Y como es producto de sumisiones del
gobierno ante la OCDE y de la pluma de "especialistas" de Mexicanos
Primero (organismo de empresarios), que mueren por ver privatizada la educación
pública y convertirla en uno más de sus negocios, pocas posibilidades hay de
coincidencias.
En ningún tiempo es aconsejable ni plausible el uso de la violencia para el
trato a problemas sociales. El diálogo y la inclinación por llegar a acuerdos y
conciliar nunca deben abandonarse, si no ¿dónde quedan la República y el Estado
de derecho en una situación como esta? ¿Y el oficio de estadista del
presidente? Dos sindicatos empresariales (Mexicanos Primero y Coparmex) exigen hoy a voz en cuello el uso de la
violencia. No es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron en 1968 con otros
membretes empresariales, pero con los mismos apellidos. No es la marcha del País
lo que está detrás de su bélica propuesta, es la defensa de un modelo de
economía que condena a la pobreza al 59 por ciento de los mexicanos.
Todos lo sabemos, ellos también, que la violencia propuesta cancela las posibilidades
de diálogo y restauración del tejido social, pero el Estado mexicano parece
haber vuelto por sus fueros de 1968, cuando el "principio de
autoridad" se impuso al derecho de los ciudadanos a protestar y reclamar
la atención sobre sus demandas. Esa violencia oficial ha cancelado el derecho a
protestar en la principal plaza pública de la Nación: el Zócalo y ha cobrado
vidas en Nochixtlán, en una acción que aún no hemos
aquilatado bien, pero tan dramática y abominable como la masacre del 2 de
octubre y la noche del 26 de septiembre en que desaparecen los 43 de Ayotzinapa. Tampoco Mexicanos Primero ni Coparmex piensan en la restauración del tejido social, ni
siquiera en los riesgos que implica desatender un reclamo de millones de
ciudadanos.
Mientras tanto, el magisterio nacional y las organizaciones que lo apoyan,
han acordado continuar con la huelga nacional y desarrollar acciones de tomas
de las empresas transnacionales que se han adueñado de México, asambleas
estatales y movilizaciones en todo el País, y el domingo 21 una nueva asamblea
nacional para evaluar la situación ante el proyectado inicio del ciclo escolar.
Creo que esta situación demanda la atención de todos, pues lo que está en juego
no es poca cosa: es la educación pública en México. La campaña de desprestigio
contra los maestros no es gratuita y el que la hagan hermanados gobierno y
organismos patronales que tienen en la ruina a este País, tampoco es gratuito.
El derecho a la educación es un derecho humano y defenderlo no es un asunto
exclusivo de nuestros maestros, ellos sólo han puesto el ejemplo (maestros al fin)
de lo que debemos hacer todos. No esperemos a que nos molonqueen ese derecho,
hagamos algo.
La situación que priva entre los trabajadores de los ayuntamientos de
Culiacán, Navolato y Guasave, nos obliga a mirarlos
de cerca. El IMSS ha dado de baja a sus trabajadores porque la parte patronal
adeuda 130 millones de pesos en el caso de Culiacán, 100 millones Navolato y poco más de 50 millones Guasave. Unos 8 mil 764
trabajadores fueron dados de baja y sólo tendrán acceso a consulta médica
durante los meses de agosto y septiembre, sin atención en cosas mayores como
intervenciones quirúrgicas; el derecho a guardería para las trabajadoras se
suspenderá el día 28 de este mes y de llegar a un arreglo posterior a dicha
fecha, esas trabajadoras fueron advertidas por el Seguro Social, que sus hijos
no serán reingresados automáticamente, tendrán que volver a registrarse y esperar
turno, como lo hicieron originalmente.
Ante dicho estado de cosas, es muy preocupante la situación de todos los
empleados de esos ayuntamientos, en especial la de los policías preventivos, de
tránsito y de dependencias auxiliares como las educadoras viales. Su trabajo
implica estar en la calle y el riesgo se potencializa por ello. La dirección de
tránsito en Culiacán ha concentrado en sus oficinas al cuerpo de educadoras
viales, para evitar un incidente mayor que implique el internamiento de sus empleadas
y todo lo que correspondereclamar por
seguridad social; pero la policía no puede concentrarse en sus cuarteles y ver
pasar la vida y sus complicaciones en esos tres municipios. De nuestra parte no
dejamos de pensar que si esos tres municipios concentran el 51.6 por ciento de
los delitos de alto impacto en Sinaloa, las posibilidades de que haya
lesionados entre los policías es muy alta. No tranquiliza a nadie el que Sergio
Torres, presidente municipal de Culiacán, diga que tiene hasta el 30 de
septiembre para negociar. Ojalá no se presenten emergencias, pero ¿qué pasará
si se presentan? Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com