ANTE EL IV INFORME DE EPN

La pobreza ensucia la casa, la cama, el cuerpo y el alma.

Jaime Sabines

Algo tienen en común el V Informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz y el IV Informe de Enrique Peña Nieto. A los dos les antecede una profunda crisis política y la toma de decisiones de corte autoritario, que lejos de espantar los fantasmas que acompañan a la crisis, los convocó a la acción. En ambos casos se recurrió a las declaratorias de apoyo incondicional del  partido político oficial, de los diputados y senadores propios y de los partidos aliados, sin faltar organismos empresariales. En los medios ya no está el “soldado” Emilio Azcárraga, pero están los reclutas que heredaron su incondicionalidad al régimen, a pesar de los vuelcos que México ha dado en materia de libertad de expresión.

En 1969 se trataba de lavar la imagen del autoritarismo ante un país agraviado por el 2 de octubre de 1968; ahora se trata desesperadamente de salvar un autoritarismo de corte colonial (por la fuerte dependencia de poderes externos). Díaz Ordaz aún contaba con una economía que permitía maniobras y reacomodos. Peña Nieto  ahoga en deudas una economía que ya estaba en terapia intermedia en 2013 y que hoy es candidata a terapia intensiva. Las posibilidades de maniobra y solución son diferentes, aunque las voluntades para dialogar y conciliar andan por la misma senda.

¿Se atreverá el presidente Peña Nieto a informar que la soberanía en nuestro país es ahora algo ausente? No lo creo. Pero difícilmente se puede ocultar que los recursos petroleros y de energía eléctrica han pasado a manos privadas, en buena medida extranjeros. Lo mismo tenemos que decir de los recursos mineros y del agua. Tan solo de estos últimos podemos decir, que 230  empresas mineras tienen concesionado más del 20 por ciento del territorio nacional, mediante 32 mil permisos de explotación. Algo que no incluirá el informe es que mientras 13.7 millones de mexicanos carecen de agua en sus hogares, 417 mineras despilfarran 436.6 millones de metros cúbicos del vital líquido.

La desigualdad social sería un tema interesante en el informe, pero ante los 62 millones de pobres no resulta atractivo decirles que mientras ellos están en el umbral de los 3 mil 100 pesos de ingresos mensuales o menos, hay un 10 por ciento de mexicanos cuyo ingreso es de 80 mil pesos mensuales. Y que hay estados donde esa desigualdad es superior, entre ellos Sinaloa, Aguascalientes y Nuevo León.

Hay dos temas que no deben ser ignorados: se crearon dos millones de empleos desde 2013 a la fecha, pero el 24.3 por ciento de ellos es de un salario mínimo; mientras el 47.7 de dichos empleos no rebasa los 4 mil pesos al mes. En pocas palabras, no menos del 70 por ciento (1.4 millones) de los nuevos empleos no tiene ingresos mayores a 4 mil pesos. Son precarios pues.

No lo es todo en esta materia. Estudios especializados informan que más de  2 millones 475 mil  niños trabajan en México; 60 mil menos que en 2013, pero con un pero del tamaño del mundo: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el INEGI señalan que 2 millones 217 mil niños realizan trabajos no permitidos por la ley.

Un fenómeno que agrava todas las cosas es la corrupción. Es un tema donde no ha escapado ni la familia presidencial. Estamos estrenando una Ley de transparencia sin que nos anime mucho respecto a las consecuencias que pueda tener para las instancias y funcionarios más encumbrados. El presidente pidió perdón por la llamada Casa blanca en la que está involucrada su esposa, pero eso no resuelve nada sobre las dudas que quedaron sobre la adquisición de dicha propiedad. En el reciente foro que a nivel nacional convocó Coparmex, se dijo que la corrupción costaba a nivel internacional un 2 por ciento del PIB mundial y que en México ese costo se eleva al 10 por ciento del PIB nacional. Terrible descubrimiento.

Y que nos dirán de la violencia que nunca se contrajo como nos lo habían prometido. La guerra contra el narcotráfico, ahora sin nombre y sin apellido, sigue sin detener una carrera donde las víctimas fatales el mayor en homicidios, desaparecidos, huérfanos y viudas. Queda una herida imposible de cicatrizar y un tejido social muy dañado, si no hay manera de parar las políticas públicas erróneas en seguridad y si no hay voluntad para acercarse y atender a las víctimas de esta lamentable situación. Ante ello, las familias con hijos, padres, y hermanos desaparecidos se han lanzado por su cuenta a la búsqueda de sus seres queridos. En algunos estados han arrastrado a la autoridad y otras no.

Y en la idea de buscar la conciliación nacional, preguntamos, ¿qué suerte seguirá la iniciativa de ley sobre desapariciones forzadas que está desde el mes de abril en la congeladora del Senado? A pesar de ser uno de los compromisos internacionales, no se ve para cuándo se analice y apruebe. Ojalá que el IV Informe sí contemple todo esto. Vale.