Ante
el proceso incivilizatorio que los grupos criminales
reproducen
con autoritarismo y violencia, urge otro con un Estado democrático
y una sociedad civil organizada y participativa. Luis
Astorga Almanza
No es el tiempo la vara que debe medir
los hechos violentos del 30 de septiembre en Culiacán. Casi dos semanas
después, las autoridades locales se deshacen en explicaciones sobre si el apoyo
a los militares agredidos llegó 20 minutos después del evento o si los
refuerzos se presentaron apenas con 5 minutos de retardo. Hay mucha
preocupación por dejar clara la imagen de que sí se respondió a tiempo al
auxilio emergente demandado en aquella trágica madrugada.
Para una evaluación muy concreta hablar
de los tiempos de reacción sobre un hecho es útil, pero el problema de la
violencia en Sinaloa y en el país no es un asunto de acontecimientos aislados,
es un largo proceso que encadena tantos hechos de agresión contra la vida
humana, los valores que dieron cimiento a nuestra sociedad y el despojo de
bienes, que reclaman sumar al análisis, además del tiempo, el espacio
(geográfico, económico, político y social) en el que se desenvuelven como pez
en el agua los delitos.
Luis Astorga es muy enfático cuando
señala que si se quiere enfrentar en serio el problema del narcotráfico y sus
secuelas, lo primero que hay que hacer es reconocer la magnitud del problema.
Otros especialistas en el tema, nacionales y extranjeros señalan que el modelo
sobre el que se trabaja al invertir presupuestos es dedicar el 75 por ciento a
la represión y el resto a la prevención y que lo recomendable es invertir los
porcentajes. Pero en esta materia tenemos dos maldiciones: no estamos solos y
los presupuestos a la alza en seguridad se vuelven muy apetecibles.
Los gringos nos han impuesto el Plan
Mérida, que prioriza una orientación de seguridad y uso de los recursos de
acuerdo a sus intereses. Baste verlos supervisando nuestro trabajo en las
fronteras sur y norte y la adquisición de equipo. El fortalecimiento de valores
es un asunto ajeno y la participación social no se concibe más allá que seamos
meros soplones, cuando interesa a la autoridad que se hagan denuncias.
En este marco, nos preocupa mucho lo que
pueda derivarse en materia de seguridad después de los hechos del viernes 30 de
septiembre. Nada apunta al fortalecimiento de un Estado de derecho democrático,
lo prueba la sorpresiva toma de las instalaciones de la Policía Ministerial por
elementos del Ejército y algunas declaraciones, que sin dejar de mencionar la
palabra derechos humanos, poco parentesco se puede identificar entre ellas.
Tiene mucha razón Astorga Almanza cuando señala que "un Estado democrático
y una sociedad participativa fuerte, es la solución". “El autoritarismo ─que
no pierde oportunidad para asomarse─ es lo peor que puede pasar.” ─Afirmó.
Por otra parte, nos duele mucho pensar
en la doble tragedia que hoy viven los tarahumaras de Sinaloa municipio.
Vinieron a Culiacán y se plantaron frente a Catedral para exigir el
cumplimiento de acuerdos de 2014. El gobierno del estado no ha cumplido en la
inversión de diez millones de pesos para arreglo del camino vecinal, no se
construyeron las aulas y dispensarios médicos acordados, ni llegan los
programas de prospera y 65 y más. El día 26 de septiembre (la tarde en que
desapareció María Olguín, miembro de la etnia), se acordó que en la semana del
3 al 7 de octubre se llevaría a cabo una reunión en Sinaloa de Leyva, para
concretar los acuerdos. No se ha cumplido.
Desde aquél día, la búsqueda de María
ocupa todo el tiempo y las preocupaciones de los rarámuris,
junto a organismos solidarios. Ni se concretan los acuerdos ni se encuentra a
María. Increíble, que en una ciudad no tan grande, con apoyo de los medios, de
organismos hermanos y de algunas autoridades, no encontremos a María. No faltan
ya algunos comentarios que señalan que la desaparición de María no es ajena al
nuevo incumplimiento de la palabra por las autoridades. No tenemos elementos
para presumirlo, pero de haber una pizca de verdad en esta aseveración, sería
terrible. Sí, sería terrible para los tarahumaras y para Sinaloa.
Aún nos queda un gran recurso: pedirle a
la sociedad que haga un nuevo esfuerzo para localizar a María. No es posible
que se vuelva nada, ¿qué explicación le damos a Fortino, su esposo, a sus nueve
hijos y a su pueblo? Nos atrevemos a ir más allá: no encontrar a María y
regresarla a su pueblo y su familia, marcará negativamente la historia reciente
de Sinaloa y la de cada uno de nosotros. Recuerden que contamos con muchos
medios y recursos como para no salir victoriosos en la búsqueda. Que cada quien
cumpla con su tarea y lo lograremos. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com