─Pensamos que Culiacán estaba tranquilo─.
Dijo el general Moisés Melo García, frente a los últimos hechos de violencia.
Nos parece insólito. Ha vivido por años en la entidad y participa en los
trabajos de inteligencia policial. ¡Es el Coordinador de Seguridad Pública en
Sinaloa! Hasta el sentido común nos indica desde hace mucho otra verdad.
Como el sello de esta administración
sería el cambio, una de las promesas más esperadas era sentirlo en materia de
seguridad. Lamentablemente para todos no fue así. Pero el gobierno de Peña
Nieto descubrió el hilo negro en el
campo de la seguridad. A falta de resultados se hace calistenia con las cifras
de la violencia. Así, si en la vida real no bajan los hechos de violencia, con
zancadillas estadísticas le jugamos una mala pasada a esa realidad. La cosa es
que los indicadores se vean de bajada, aunque no engañen ni al ojo común
ciudadano.
Amnistía Internacional y Human RightWatch han denunciado esa
tramposa práctica del gobierno federal y la prensa local llevó un conteo
puntual de las cifras de la violencia en Sinaloa, en la medida en que los
números se acercaban al acumulado en homicidios del sexenio anterior de 6 mil
609. El 25 de enero, cuando aún faltaban once meses de gobierno, el marcador
indicó 6 mil 613 homicidios dolosos. La esperanza de una violencia en retirada
se quedó en el camino, a pesar de que el gobierno de Mario López Valdez también
le entró a las tacleadas estadísticas, buscando espantar nuestras certezas
negativas.
Los presupuestos para seguridad. Para
este año el presupuesto federal en materia de seguridad para la Presidencia,
Gobernación, Defensa Nacional y Marina es de 88 mil 930 millones de pesos; pero
si se incluyen PGR, Policía Federal y apoyos a estados y municipios, la cifra
rebasa los 154 mil 571 millones de pesos. Tomando nota de que los recortes al
presupuesto federal afectan educación,
salud y vivienda, pero no a la seguridad.
Ante los fracasos reiterados en materia
de seguridad Felipe Calderón y Peña Nieto han recurrido a la figura de “mando
único” en las policías, como último recurso para garantizar la eficiencia y
eficacia de las corporaciones. El mando único termina con lo poco que quedaba
del artículo 115 constitucional, pues sin autonomía económica ni política, el
municipio ha perdido lo único que mandaba: su policía. Aparte de absurda la
medida (no hay ningún resultado que la justifique donde se ha aplicado), es
humillante para los municipios. El saldo es un cuerpo burocrático por encima de
las policías, que funciona como un enano de cabeza grande y articulaciones
pequeñas.
Cada vez que se viene el mundo encima
nos dicen que faltan policías. Eso dijeron en estos días, aunque el gobernador
fue enfático diciendo que no. Y cuando lo dicen habrá que preguntarles, ¿hacen
falta, a partir de qué criterios? Porque otros países con historia y problemas
similares al nuestro y con una relación parecida de un policía por n
ciudadanos, tienen indicadores de seguridad más satisfactorios que los
nuestros.
Los acontecimientos violentos de San
Ignacio, El Rosario, Elota y Culiacán, han obligado a
la coordinación de seguridad a reunirse de emergencia, pero sus acuerdos nos
dejan más perplejos que las palabras de Agustín Carstens
cuando dice que nos preparemos para una fuerte sacudida económica, después de
repetir durante tres años que no pasaba nada. El gran hallazgo de la reunión
fue: se incrementa la vigilancia policial y militar, se prohíben los corridos
de narcos y las fiestas de concentraciones masivas.
En esa reunión el modelo de seguridad no
sufrió ningún rasguño a pesar de su infuncionalidad.
¿Tan dependientes somos del Plan Mérida impuesto por los gringos? Ante la
ausencia de autocrítica, a pesar de que no han funcionado las medidas
anteriores, la sociedad debe sacar conclusiones y proponer medidas. Creo que la
primera sería reconocer que las instancias encargadas de nuestra seguridad
están gravemente reprobadas y que el trabajo de prevención en el terreno
educativo y cultural, nada tiene que ver con la simple prohibición de los
corridos que hacen apología del delito.Prohibido está el tráfico de drogas y la ilegalidad y su persecución no
lo inhiben, al contrario el mercado negro lo vuelve floreciente y muy rentable.
Hay muchos pretendientes a reciclarse en
el poder en la presente campaña electoral, a ellos habrá que decirles que no
podemos seguir escuchando la promesa general de que compondrán las cosas en
materia de seguridad. Eso no indica rumbo ni compromisos en serio. No creo que
haya conocimiento del tema en la mayoría de los casos. No está entre sus
prioridades. Mayor razón para exigir participación ciudadana en la formulación
de estrategias de seguridad y en el seguimiento. Que no se vaya ileso el modelo
que humilla a los municipios y que tan alto costo tiene para la sociedad. Que
por fin atendamos a los especialistas que insisten en invertir los términos:
más prevención ahora que represión. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com