El Congreso del Estado ha parido una
Fiscalía con graves males congénitos. Todos estuvimos expectantes al parto de
los montes. Nadie esperaba alguna revelación milagrosa, pero tampoco la
decepcióncomo respuesta. Ante las
exigencias ciudadanas de que mejorara la procuración de justicia y obligado el
Gobernador a homologar la legislación en la materia, se prometió la creación de
una Fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo. Pero algo debe estar pasando en
nuestra sociedad, pues ante cambio tan importante ni el Congreso, ni el
Ejecutivo, ni los colegios de abogados convocaron a foros que recogieran el
sentir y las opiniones de una sociedad muy agraviada en este renglón.
El documento sobre el que se trabajó en
el Congreso fue la iniciativa presentada por el gobernador. Y también resultó
una Ley que está muy lejos de permitir la tan anunciada autonomía. Que nos lo
digan propios y extraños si no. La iniciativa de Ley contemplaba que de una
terna de abogados propuesta por el gobernador al Congreso saldría un flamante
fiscal; pero experiencias anteriores en la designación del procurador eran más
avanzadas, pues daban facultad al Consejo estatal de seguridad para escuchar a
los pretensos y proponer candidatos. Sonaba y olía muy mal la propuesta del
gobernador. En un arranque de pudor los diputados resolvieron que el Consejo
estatal de seguridad escuchara a quienes aspiraban a ser fiscal y que hiciera
llegar una quinteta de candidatos al gobernador, pero no se atrevieron a
dejarlo al margen del proceso.
Ni hubo cambio de concepción sobre la
procuración de justicia ni de rieles para la institución que hoy se llama
Fiscalía. Y no sólo tendrá opinión y la llamada “mano santa” el gobernador en
turno en el nombramiento del fiscal, también tendrá la demoledora facultad de
remover al atribulado fiscal del que tanto se nos dijo no tendría relación
alguna de dependencia. ¿Dónde está la autonomía? Por lo pronto la entrada y la
salida de la Fiscalía tienen un celoso guardián en el gobernador.
¿Y quién es el primer fiscal de Sinaloa?
Juan José Ríos Estavillo, el junior de una vieja casta de políticos que por
décadas han ocupado espacios de primer nivel en el gobierno estatal. Juan José
antes fue burócrata también en oficinas estatales, como corresponde a su élite
y presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nuestra pobre
democracia no abrió las puertas a la consulta pública sobre la Fiscalía y sobre
el perfil que debieran tener los aspirantes. Y no hubo oportunidad para que los
familiares con desaparecidos opinaran sobre ese expresidente de la CEDH que
nunca los recibió en audiencia, como tampoco pudieron manifestarse en ese
espacio miles de familias de desplazados por la violencia, que mucho alivio
hubieran sentido con ser recibidos por quien tenía la obligación constitucional
de sacar la cara por ellos. Pero, ¿qué hacer? Si no dan para más la enferma
democracia que padecemos y sus personeros.
La verdadera autonomía de las
instituciones del Estado como lo demandan los ciudadanos, tiene dos requisitos
imprescindibles, sin los cuales no hay tal independencia de funciones. El
primero es que la Ley así lo establezca y mandate (que no es el caso para la
Fiscalía) y el segundo es que quien ocupe el cargo de fiscal sea y parezca una
persona con la vocación, el carácter y el respeto hacia la sociedad para que le
dé la autonomía a la institución quedebe investigar y perseguir los delitos, incluidos los que cometen los
servidores públicos (sin exceptuar al que propone la terna y tiene facultad de
remover al fiscal). ¿Será posible tanta belleza?
Los antecedentes y responsabilidades
incumplidas del nuevo fiscal Juan José, lo ponen frente a un reto de grandes
dimensiones, que no aliviarán el respaldo que recibió de las dos federaciones
de abogados, más preocupadas por ir a la cargada del candidato oficial que por
aportar elementos democráticos y de transparencia al proceso de designación del
fiscal. Por lo pronto anotamos algunas de las urgencias que debe atender la
Fiscalía: tomar, sin demora, el mando de la policía ministerial. Que por cierto
está en manos de militares, ¿cómo resolver este otro escollo? Bajar
sensiblemente en breve plazo los índices de homicidios, atender, desde ya, las
zonas con focos rojos en el estado, parar y perseguir la práctica de la tortura
en las corporaciones policiales, detener la práctica de la desaparición forzada
de personas y priorizar la atención a las víctimas del delito, en especial los
compromisos con familiares de desaparecidos.
La participación ciudadana es una
condición irrenunciable para hacer que marche la Fiscalía General del Estado.
Si dejamos que las cosas se den como siempre, desde hoy esperemos un rotundo
fracaso. Pero recordemos que la promesa de Fiscalía vino porque la corrupción ha
devastado a las instituciones públicas y las postró sin que puedan responder a
las demandas de justicia de miles y miles de ciudadanos. Y aún quedan
pendientes de resolver la creación de una Vice Fiscalía Anticorrupción y de una
Comisión de Atención a Víctimas del Delito. Hagamos todo lo posible para que la
camisa de fuerza que se impongan sobre estas nuevas figuras en Sinaloa, no
tengan los amarres suficientes que las vuelvan un cero a la izquierda. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com