Hagan su trabajo. Honren la palabra. Corran el riesgo de gobernar. Esas sentencias que rubrican
un dramático y contundente documento leído en la calle Riva Palacio, fueron el
preludio de la marcha que conmemoró el Día de la Libertad de expresión y una
jornada más de protesta por el homicidio de Javier Valdez. El Palacio de
Gobierno volvió a cimbrarse con el grito de ¡Javier Valdez… vive!, pero a la
distancia de tres semanas las autoridades no han entregado cuentas concretas
sobre los responsables de la muerte de Valdez Cárdenas.
Las líneas leídas por
Alejandro Sicairos en el homenaje a Javier, son histórias. No fue un llamado como muchos anteriores a
reclamar justicia ante un hecho consumado. Cada palabra es un emplazamiento a
la autoridad, a la que se exige que ya no sea ciega y sorda, y de la que no se
acepta “solidaridad fingida”. Y se emplaza a que se imparta justicia, se
respete el derecho a conocer la verdad y la garantía de no repetición de los
hechos.
También plantean
otras verdades que no dejan de ser una alerta a la sociedad: “hay hechos tan
complejos, terribles y lastimosos como la corrupción y el narcotráfico que sin
el trabajo profesional del periodista, difícilmente podrían conocerse y
evidenciarse.” Y dicen con mucha valentía: “nuestra profesión ofrece riesgos y
los aceptamos.” Creo que la sociedad no puede cruzarse de brazos ni guardar
silencio. No sólo por los periodistas, sino porque aquí aplica en toda su
profundidad la queja de Martín Niemoller: “Primero
vinieron por los comunistas…”. Y porque al conculcarse el derecho a la libertad
de expresión, se atenta contra el derecho a estar informados. La ofensa es a la
sociedad.
Todos tenemos la
palabra al respecto. Nuestro entorno es tan difícil que no necesitamos buscar
mucho para convencernos que así debe ser. La cuota diaria de personas que
pierden la vida de manera violenta, de los desaparecidos y los vecinos que
dejan su tierra por la misma causa, son cosa de mucha preocupación. Y entre
ellos destacan algunas pérdidas que implican dolor especial como la vida del
abogado Miguel Ángel Sánchez Morán y el director del Hospital del ISSSTE
Mazatlán, Miguel Ángel Camacho.
Vaya nuestro
reconocimiento para las compañeras de Voces Unidas por la Vida, que luego de
realizar la cansada Caravana por la Paz y los Derechos Humanos, desde El Fuerte
a la ciudad de Culiacán, reiniciaron la búsqueda de personas en vida y post
mortem. Sus logros, unos que alegran como la localización en vida y otros que
dan consuelo con el corazón estrujado porque los hallazgos son restos de seres
humanos, no han faltado. Esos logros son la contribución para que muchas
familias encuentren la paz al tener a sus seres queridos en el lugar que les
corresponde, aunque la herida (por los encontrados muertos) difícilmente
cicatrice.
Ahora el movimiento
se encuentra empeñado en la búsqueda de la pequeña de cinco años que fue privada
de su libertad, Dayanara Esmeralda Fierro Zazueta, en
la comunidad de San Pedro, Navolato y tiene agendadas búsquedas en fosas clandestinas en tres
municipios en los siguientes días. Complicada, a veces triste, pero
imprescindible labor la de Voces Unidas por la Vida. Bien merece el apoyo de la
ciudadanía.
Todavía más, en un
esfuerzo extraordinario se avanza en la elaboración de dos iniciativas de ley
importantes: una para actualizar la ley sobre desaparición
forzada de personas y otra para crear una Ley de atención a víctimas del
delito. En breve visitarán el Congreso del Estado para presentar esas
iniciativas, que deberán mejorar los espacios legales en los cuales se lucha
para abonar al respeto a los derechos humanos y a una vida pública más civilizada
en nuestro estado.
No dejamos de pensar
en que la coyuntura que se abrió con la muerte de Javier Valdez y la legítima
indignación de muchos ciudadanos, sumando también los afanes que desde el campo
de los derechos humanos se hacen, debe empujarnos a promover la iniciativa de
crear un Consejo ciudadano, como instancia de la
sociedad civil, ante la cual la autoridad de procuración de justicia y la
policial rinda cuentas de manera regular y permanente, y desde la cual se
generen políticas públicas. Hacerlo daría sentido a la muerte de Javier Valdez.
Es importante exigir justicia y castigo a los responsables de su inmolación,
pero la verdadera trascendencia está en que la sociedad construya una instancia
que le permita dar un paso adelante en construcción de ciudadanía y control de
la vida pública. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com