CORRER EL RIESGO DE GOBERNAR II

¿A quién puedo lanzarle a la cara todas estas palabras?

Veterano de guerra.

Svetlana Alexiévich

El jueves 15 de junio estará marcado por sus marchas del dolor. Los familiares de Dayana Esmeralda Fierro, la niña privada de su libertad el martes 6 del presente, citaron a concentrarse en la Glorieta a Emiliano Zapata (el caballito), para iniciar una marcha desde ese punto hacia el Palacio de gobierno. Muchos vecinos de la comunidad de San Pedro, Navolato, de donde es originaria la niña, se trasladaron para acompañar a la familia en su dolor y sus demandas. La autoridad no informa de avances en la investigación y todos nos desesperamos por no saber del paradero de Dayana.

Por la tarde de ese jueves Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán vistieron de blanco su humanidad y de indignación el alma, en protesta por la muerte violenta de Javier Valdez y por la notoria ausencia de resultados en las investigaciones de su caso. A la misma hora, bajo una convocatoria que buscó acercar a todos los sectores organizados de la sociedad, al saberlos sin excepción agraviados por el fenómeno de la violencia, con textos muy similares que manifiestan el sentir de los sinaloenses y con una determinación: reclamar justicia para Javier, incluyendo en su nombre las miles de víctimas en el estado y reconociéndonos en él todos los que  sufrimos la incertidumbre de vivir y luchar por un Sinaloa mejor.

No han sido fáciles estos últimos meses y semanas. Ni lo fueron para la sociedad ni para los defensores de los derechos humanos. Las quejas de familias sobre desaparición forzada de personas ya no llegan  como casos aislados e individuales, ahora registramos con más frecuencia casos colectivos, en los que los ciudadanos denunciantes vencen el temor a señalar a las autoridades cuando hay testimonios sobre actuación de alguna de ellas en este tipo de delitos.

Estos señalamientos, reiterados en la desaparición de ocho ciudadanos el día viernes 26 de mayo y de siete más el miércoles 7 de junio, deben encender los focos rojos del Estado. Los frentes que se abren en materia de violación a derechos humanos vienen del mismo seno de la autoridad, especialmente la desaparición forzada de personas. Buena parte del descrédito de las autoridades tiene sus orígenes en el abuso del ejercicio de sus funciones. Si de verdad se tiene voluntad de parar la práctica de la desaparición forzada, se tiene que comenzar por limpiar la casa. Ningún caso donde se presenten datos que lleven a una presunta responsabilidad de autoridades puede dejarse a la desmemoria pública.

En los últimos años nos han presumido del control que se tiene vía satélite de las patrullas de policía, por lo que no nos explicamos cómo pueden algunas unidades desviarse de los itinerarios previstos, sin tener consecuencias administrativas o penales en su caso. Lo mismo diremos que si los oficiales están obligados a reportar todo contacto con los ciudadanos que presuntamente han cometido acciones antisociales, cómo es que en los mandos superiores de pronto no hay registros de los mismos y terminamos lamentando la comisión de delitos graves como la desaparición forzada de no pocos ciudadanos. No basta con negar participación o afirmar que lo hicieron patrullas clonadas. Esto nos deja más intranquilos, porque de ser cierto esto, es un asunto muy grave que alguien cometa delitos haciéndose pasar por autoridad.

Bien dijeron los periodistas el día de la libertad de expresión, hay que correr el riesgo de gobernar. Y correrlo no es caminar por la senda del autoritarismo, es hacer de la ley el marco obligado en primer lugar para la autoridad, para la gestión de la vida pública y de los conflictos que la cotidianidad provoca a cada paso. Tampoco puede ser lanzarse a una serie de reformas a las leyes vigentes sin consulta ciudadana alguna, con el fin de preparar el escenario “legal” que permita seguir en el control del poder a quienes nunca lo han dejado desde 1929. Correr el riesgo de gobernar no se ha entendido como el de atender una serie de iniciativas ciudadanas (congeladas ahora en el Congreso) que reclaman mayor presencia y espacios en la vida pública. La participación en mecanismos de control de esa vida pública, pues.

Vemos con mucha preocupación que mientras el delito desangra al estado de Sinaloa, la autoridad prioriza los intereses de grupos de poder que garanticen su estancia en el control de la vida pública. Creo que es tiempo de ver que el costo social de lo que pasa en materia de seguridad, es muy similar al de un territorio en guerra. La violencia, que originalmente cobraba víctimas principalmente entre los pobres, va avanzando peligrosamente sobre sectores de profesionistas y empresarios. En estos niveles, no hay muchas opciones  a tomar: o se para en serio la violencia o la descomposición del tejido social alcanzará niveles peores que los que ya tenemos.

Si el Estado no cumple con sus funciones ahora, la sociedad organizada está obligada a la acción concreta reclamando que se corra el riesgo de gobernar de acuerdo a un Estado de derecho democrático o a ocupar los vacíos que la inacción gubernamental deja. No hacerlo nos condena a la parálisis social y a la renuncia de los derechos más elementales que una sociedad democrática reconoce en sus ciudadanos. Tenemos una gran limitante: ninguna convocatoria ha unido en la calle a médicos, maestros, enfermeras, abogados, agricultores, colonos y empresarios. Seguimos cultivando los prejuicios de clase o estrato social. Y en todo ello sólo hay un ganador: la violencia. Mientras todos seamos víctimas, ahora es el tiempo de una acción social conjunta. Vale.