-Nos parece muy
irresponsable que después de más de un mes del asesinato de nuestro compañero
periodista Javier Valdez, no se haya dado a conocer por usted, o por las
fiscalías, o por alguna instancia de gobierno, algún avance sobre la
investigación de dicho crimen. -Así lo señala la respuesta de la Comisión
ciudadana de seguimiento al Caso Javier Valdez, al documento que el Gobernador
envío el pasado lunes al movimiento social que exige justicia para el caso del
reportero y escritor.
En el documento,
la Comisión ciudadana reitera la exigencia de origen de que no haya dos
fiscalías a cargo de la investigación, sino que se defina ya cuál de las dos se
responsabiliza de la misma. Nadie quiere ese penoso trance, que ya han sufrido
otros, de que una fiscalía remita a la otra y luego aquella a la primera, sin
que haya nada concreto. Tampoco se quiere, la doble victimización: la que hacen
primero los verdugos y después la omisión de la autoridad. El sentir de todos
es justicia ya.
El texto
presentado es rico en demandas, especialmente sobre la protección que debe
brindarse a los periodistas y a los activistas en derechos humanos. El gobierno
nos dice que este mes de julio habrá una homologación de la legislación de
protección a víctimas y que la Unidad estatal de atención y protección de
personas de derechos humanos y periodistas, también entrará en funciones el
mismo mes.
Este jueves fue
presentado el Plan estatal de desarrollo y en él se contempla la elaboración de
un Programa de seguridad. El Gobernador dice que se convocará a la sociedad
para opinar y proponer en esta materia. La Comisión ciudadana solicita que
quienes recojan las propuestas y le den forma al documento final sea una
comisión ciudadana. El jefe del Ejecutivo nos dijo que coincidíamos en ello y
que ya habían tomado providencias para que así se haga.
Como los riesgos
no han disminuido para los periodistas y aún no hay Unidad estatal de atención
y protección, la Comisión ciudadana de seguimiento al Caso Javier Valdez asume
la protección de nuestros periodistas. Eso dice enfáticamente el documento
entregado en manos del Gobernador. Esto se ha dicho porque se espera todo el apoyo
moral de la sociedad, que ya lo ha manifestado en distintos espacios y momentos
durante todos estos días.
Es importante
mencionar que el Gobernador reconoce que los casos donde perdieron la vida
Javier Valdez, Miguel Ángel Sánchez Morán, Miguel Ángel Camacho y los tres
profesores de Concordia y el de la niña Dayana
Esmeralda, son los que mayor sensibilidad han despertado entre la ciudadanía. Y
agregaríamos que son los que están movilizando opinión y acción social. Son los
que pueden, de mantenerse esa movilización, cambiar un poco el panorama que hoy
domina la impunidad en Sinaloa. Lo que invita a no bajar la guardia si queremos
acercarnos a esa clara y bella reivindicación: Justicia y Paz.
Mientras el
activismo social mantiene vivas estas reivindicaciones, las señoras de Voces
Unidas por la Vida, combinan su trabajo de búsquedas semanales de sus
familiares desaparecidos y participan al lado de la familia de Dayana y de los periodistas. Vale la pena no perderlas de
vista, porque su febril trabajo ha hecho posible que entre los días 26 al 30 de
este mes, en varias ciudades del estado, instituciones federales y estatales,
hagan presencia en hospitales públicos para atender a todos los familiares con
desaparecidos que por distintas razones no han acudido ante las autoridades a
denunciar. Se les tomarán muestras para integrar el banco de datos de ADN.
Para el Gobierno
del estado este es un buen momento para escuchar y atender las quejas e
inquietudes ciudadanas, para la sociedad esta es la hora de reclamar y de
proponer. Sin la participación organizada de mujeres y hombres preocupados por
la difícil situación que vivimos en materia se
seguridad, no se verá en el cercano horizonte una solución de fondo a los
problemas que nos empujan al parecer a una inevitable barbarie. Ojalá que los
diferentes sectores sociales, quienes han resentido la violencia donde más les
duele, unan opinión y acción para que ellas se traduzcan en políticas públicas.
Ojalá. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com