Inaceptable para un país que vive en
Estado de derecho, alarmante para una sociedad que ama la paz. ¿Cómo aceptar
que en un solo día el número de muertes violentas supere las 20? Aún más, y que
la mayoría lo sea a manos de la autoridad. Es un escándalo la cifra y el que la
autoridad no atienda los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de
armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Los
resultados, por dolorosos, son demasiados contundentes. Son un axioma en
materia de seguridad.
Otra cosa muy preocupante es la
frescura con la que se declara sobre los hechos. Sin la investigación
correspondiente de parte de la Fiscalía, se recurre a un viejo y desgastado
recurso, el de calificar a los muertos como delincuentes. ¿Es la manera de
justificar una acción donde civiles pierden la vida en un presunto
enfrentamiento? El secretario de seguridad pública de Sinaloa, aseguró que los
17 muertos en el Aguaje de Costilla, Sindicatura de Villa Unión, eran una
célula delictiva.
Es posible que a los funcionarios
públicos ya se les olvidaron los principios constitucionales. Habrá que
insistir que esos caídos son seres humanos, son ciudadanos mexicanos y aun
considerando que fueran delincuentes, no mengua la obligación de la autoridad
de aprehenderlos y presentarlos para ser juzgados ante un juez. Sin dejar de
decirles al presidente municipal de Mazatlán, al presidente del partido
oficial, a empresarios y diputados que dijeron que la acción en el Aguaje de
Costilla fue un éxito, que reflexionen un poquito antes de hablar y que vean
que la exigencia social ha sido terminar con la violencia, no darle un nuevo
impulso. De entrada, ¿cuántos huérfanos y viudas se sumaron ese día al universo
de la población más desamparada de Sinaloa?
Queda muy claro que con esas acciones
oficiales contra la violencia poco se abona a la tranquilidad de la sociedad.
Dos botones de muestra: el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa,
Carlos Roberto Valle Saracho, lanza un aviso urgente
a sus asociados informándoles que se suspende el evento del día del abogado
programado para el sábado 8 de julio, "en virtud de que no hay condiciones
de seguridad en el estado de Sinaloa para el traslado de todos ustedes, por lo
que recomendamos mantenerse cada quien en sus lugares de origen, para
mantenernos todos bajo buen resguardo, ya que tanto la ciudad de Culiacán como
las carreteras estatales representan un serio peligro para toda persona, además
que en honor a la verdad no hay nada que festejar al tener a tantas familias
agraviadas."
El otro botón, nuestro bello puerto
de Altata luce por demás desolado. Sólo algunos
valientes o despistados turistas llegan a los vacíos restaurantes, mientras en
las cercanías un viejo perro pastorea pulgas a sus anchas. ¿La causa? El
entorno violento del que hablamos, sin que la presencia de las armas oficiales
espante la violencia y nuestros miedos.
Este día jueves 6 se cumplió un mes de
la dolorosa desaparición de Dayana Esmeralda Fierro
Zazueta, la niña de San Pedro. No hay noticias sobre su paradero y la Fiscalía
no ha dado pruebas de ser mejor que la vieja Procuraduría en materia de
investigación y persecución del delito. Seguimos buscando con nuestros ojos y
lamentando que nuestros recursos de indagación y relaciones no hayan arribado a
la localización de Dayana. Hagamos todos un sobre
esfuerzo, no podemos esperar a que una "chiripada"
de la Fiscalía resuelva el caso.
A un mes de la desaparición de Dayana, convoquémonos para continuar la búsqueda con el
ánimo de encontrarla y manifestemos al gobierno de Sinaloa, que urge la
atención a los problemas de inseguridad, garantizar que todos los niños y
jóvenes tendrán la oportunidad de asistir a clases y que nadie muera en
nuestros hospitales por no tener dinero para medicinas y que se olvide de ese
plan que ha encontrado eco en el Congreso del Estado, de grandes retrocesos en
la legislación de transparencia y de la democracia, mientras la sociedad vive
el luto de sus innumerables pérdidas humanas.
Que el activismo de quienes no
olvidan día tras día el caso Javier Valdez y el de las señoras de Voces Unidas
por la Vida, sean el acicate para el resto de la sociedad que debe ser tan terca
como ellos en materia de exigencias, para que la justicia y la paz no estén tan
lejanas de nuestras tierras y vidas. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com