Los diputados que pretendían modificar
los artículos 37 y 43 de la Constitución local, tuvieron que recular. Si las
cosas hubieran salido como las planearon, el Congreso del Estado hubiera
abdicado a una de las facultades que le dan rostro en la división de poderes.
Por fortuna hay ejercicio de ciudadanía y la sociedad organizada se manifestó
en los medios y con presencia en las sesiones de la Cámara de Diputados. Los
legisladores del PRI, PAS, Nueva Alianza y Verde Ecologista hicieron cuentas:
el costo social sería mayor a los beneficios de seguir arropando a los
funcionarios que hacen malos manejos de los dineros públicos.
El dictamen de la iniciativa queda, por
lo pronto, en la congeladora. Pero que nadie crea que el diputado José Menchaca
y compañía dejarán las cosas así. Ya dijeron que irán a la consulta pública
buscando el apoyo para dicha iniciativa. En este terreno quizá no haya mucho
que temer, pero no descartemos que se haga lo que en otras ocasiones ya
hicieron: en período vacacional los ciudadanos activos andan de viaje o los
distrae el asueto, momento muy propicio para legislar cualquier “ancheta” que
se le ocurra a las élites gobernantes.
Este 2017 ha sido un año de tropiezos
económicos y de malas jugadas en materia de políticas públicas, baste mencionar
el gasolinazo y esta iniciativa de ley que buscaba que las cuentas públicas (el
manejo de nuestros impuestos) no fueran revisadas y aprobadas (o suspendidas)
por el Pleno de la Cámara. En la memoria popular debe quedar muy presente que
en estas dos ocasiones los ciudadanos han hablado fuerte, rechazando el plan de
incrementos a los combustibles y la pretensión de que las cuentas públicas se
analicen y aprueben sólo por una Comisión del Congreso. Y los ciudadanos fueron
escuchados, lo que prueba que hay capacidad para reclamar y para no permitir
arbitrariedades que lastiman la vida económica y la soberanía del pueblo.
Muy deseable es que esa conciencia
social recuerde que la agenda sobre la que hay que desplegar acción no se
limita a lo mencionado. Al menos la revisión de cuentas del último año de la
administración de Mario López Valdez llama a voz en cuello su atención, sumando
el cuestionamiento sobre el manejo de más de 2 mil millones de pesos a esa
administración por la Secretaría de Transparencia y la presentación de 13
denuncias penales por la Auditoria Superior del Estado. Sin olvidar la
situación de inseguridad que priva en la entidad. No son pocas las tareas
porque no son pocos los problemas. Y quizá para atenderlos se requiera
administrar las fuerzas y tiempos, pero sin descuidar flancos y frentes.
Por fortuna hay referentes de lucha
entre nuestro pueblo que deben ser acicate para no desmayar en este sinuoso y
complicado camino que tenemos que transitar. Ese coraje que han demostrado las
señoras de Voces Unidas por la Vida, que sin importar inclemencias e
incomprensiones de la autoridad y de algunas personas, siguen sin descansar en
la búsqueda de sus familiares. Nadie podrá negar los logros en esas búsquedas,
en la legislación y en imponer en la agenda oficial el asunto de las
desapariciones forzadas. La terquedad de esas mujeres se volvió movimiento
y empuja la realización de acciones muy importantes de la autoridad.
La sociedad prueba desde hace dos meses
que su memoria es una fuente de poder y reclamo permanente de justicia. Eso ha
sido la conciencia de amplios grupos sociales en Sinaloa, en el país y en varias
ciudades del mundo desde el día 15 de mayo pasado. La muerte de Javier Valdez
tocó las fibras más sensibles de nuestro pueblo y su caso se volvió emblemático
por ser un periodista honesto, un escritor comprometido, un buen padre, un
“bato” (como él llamaba a los demás) carismático y un tipo muy cercano a la
gente. En Javier muchos nos sentimos representados por lo que hemos querido
ser, por lo que no nos atrevimos a decir y por lo que fue capaz de poner en
riesgo por la libertad de expresión: su pellejo. ¿Cómo olvidar? Y cómo quedarse
callado ante la inmolación de quien nos repitió hasta saciedad No al silencio.
Varios sectores sociales se encaminan
por una senda común. Al hacerlo han probado que su voz es escuchada y que
pueden detener malas políticas públicas. Los temas de la inseguridad, el
reclamo de justicia para las víctimas del delito, el combate a la corrupción,
entre otros, también esperan que la movilización social organizada nos permita
dar dos o tres pasos en firme en la solución de estos problemas que hoy
mantienen la atención central de esta agraviada sociedad. Que esa probadita de
capacidad para reclamar y ser escuchada mueva de nuevo a amplios sectores
sociales, para resolver los problemas que hoy dificultan la paz y tranquilidad
que anhela la sociedad. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com