DESATINOS DE PUCHETA Y LOS DESPLAZADOS

Desposeimiento era el nombre de su nuevo país.

Adriana Díaz Enciso

 ─Nos dio el señor presidente (Pucheta) con las puertas en la cabeza, ¿por qué? ¿No somos humanos, oiga? ─Expresó con mucho dolor don José, desplazado de la tercera edad. Quienes somos testigos de los diferentes desplazamientos de grupos sociales por razones de violencia, observamos que si bien se repiten algunos patrones de las anteriores diásporas, ahora se presentan nuevos elementos, que no son para presumirlos ante los organismos humanitarios del mundo. Se trata de la actitud negativa de funcionarios públicos ante los desplazamientos, como es el caso del presidente municipal de Mazatlán.

Debe llamar poderosamente la atención esas actitudes, porque sin haber aprendido el abc de un comportamiento humanitario frente a las víctimas del desplazamiento, sólo agregamos la discriminación y abrimos las puertas del odio en contra del que viene huyendo de la violencia y las amenazas. Imaginemos el choque psicológico de quienes llegan en posición de derrota, pero con la esperanza de encontrar una mano amiga y lo que enfrenta de parte de un presidente municipal, con frases como esta: “ustedes no corresponden aquí, se van a Concordia.”

No es sólo el dicho de los desplazados, es la palabra reiterada de Fernando Pucheta ante los medios: “si se habla de un programa para desplazados, primero se atenderá a los de Mazatlán.” Los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, por lo visto, han pasado entre azul y buenas noches, para el presidente mazatleco. Es su criterio y no el de instituciones humanitarias o del Senado de la república del 26 de julio de 2011, el que debe prevalecer. Que nos quede al menos como ráfaga de aire fresco las declaraciones de Felipe Garzón López, presidente municipal de Concordia: “este es un problema social que no se resuelve sólo con policías.”

No se quedaría allí, con el peso de la responsabilidad sobre su espalda el drama de los desplazados toma cuerpo en sus palabras: “he venido haciendo un llamado a las autoridades federales porque ocupamos garantizar qué sigue para estas gentes, las fuentes de empleo, de qué van a vivir, qué van a hacer para darles sustento a sus hijos, en salud y alimentación”. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, ha realizado dos visitas a los desplazados de Concordia y encontramos que hay un universo de mil 200 desplazados de Concordia desde el día 17 de julio pasado. Que todos ellos enfrentan el problema de un techo para vivir, un empleo, problemas de salud, dificultad para inscribir en la escuela a sus hijos y la actitud pendenciera de Pucheta. En estos días emitiremos una recomendación al gobernador del estado al Congreso del estado y a los presidentes municipales involucrados, con el fin de atender la emergencia en los términos y oportunidad que el caso reclama.

Las ciudadanas de Voces Unidas por la Vida nos han dado una bonita lección al ofrecer su solidaridad. Llevaron calzado a los desplazados y la palabra alentadora para luchar por sus familias. Urgidas de respaldo moral para su causa, tienen la fortaleza de otorgarlo a otros grupos sociales vulnerables. Ese ejemplo se hermanó con otra acción espontánea en la colonia Urías de Mazatlán. Dos señoras que se ganan la vida vendiendo zapatos, ropa y juguetes usados, se desprendieron de su mercancía y la donaron al grupo de desplazados que se había reunido allí el sábado 12.

Este jueves se ha convocado por el gobernador Quirino Ordaz, a personajes que representan opinión social para consultar la iniciativa de decreto que creará la Unidad de Protección a defensores de derechos humanos y a periodistas. Le damos la bienvenida a dicha iniciativa, porque es una instancia que puede ayudar en la prevención de consecuencias mayores; pero tenemos algunas preguntas sobre el particular. ¿Por qué la Unidad de protección no será creada por el Congreso del estado? No nos explicamos porqué será el Poder ejecutivo.

Y entre los requisitos para ser coordinador de dicha unidad se establece la edad de 35 años. Inexplicable que si para aspirar a la gubernatura se requiere de 30 años, para ser coordinador se exijan 35. También se habla que deba tener estudios de licenciatura. Para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no se requiere ese requisito. La experiencia de cuatro décadas en Sinaloa ha probado el valor de muchas personas activistas en la materia sin que sean producto de las aulas universitarias, como don Jorge Aguiluz, doña Chuyita Caldera de Barrón o Alma Rosa Rojo Medina. La iniciativa debe sufrir algunos cambios a favor de la credibilidad social. Ojalá haya sensibilidad. Ojalá. Vale.