Para
el Estado, la política es un arte del pastoreo.
Para
la sociedad es de asistencia entre iguales.
Fabrizio Mejía Madrid
Se han tocado extremos de nueva cuenta.
Al llegar a la casa de una de las madres con hijo desaparecido, el colectivo
Sabuesos Guerreras que ya regresaba de su jornada de búsqueda, se encontró con
dos hombres armados que ya las esperaban. Era poco después de la media noche
del lunes 9 al martes 10, las madres activistas llegaban de un largo día de
trabajo del sur de Sinaloa, donde su esfuerzo había encontrado restos humanos.
No llegaron solas, las acompañaba una agente investigadora en una camioneta
oficial.
Uno de los civiles apuntando con su arma
exigió que la oficial descendiera de la camioneta, insistiendo en que se
quedara la madre arriba. Ambas mujeres actuaron de manera inteligente: mientras
la investigadora pedía calma al tipo que le apuntaba, la madre activista hizo
lo propio hasta que logró bajarse de la unidad. A los bandidos no les quedó
otra cosa que llevarse la camioneta y, por fortuna, respetar la integridad
física de las señoras.
Habrá que decir que sí hay antecedentes
de molestias, por llamarlas suavemente, en contra de algunas madres de los
grupos de búsqueda de familiares desaparecidos. Incluso también contra esta
madre de la que hablamos. Tienen conocimiento de ello la Fiscalía General del
Estado y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas. Éste último se comprometió a tomar medidas de seguridad. Al
parecer son tan útiles como lo que se le unta al queso. Lo cierto es que no hay
una acción oficial que le busque remedio a esta situación.
Por lo tanto, resulta doblemente
preocupante esta situación. Pues por un lado está creciendo el número de
agresiones y amenazas contra las señoras de Voces Unidas por la Vida, Sabuesos
Guerreras y Rastreadoras de El Fuerte y por otro la autoridad también resulta
agredida, a través de un elemento tan importante de apoyo en las búsquedas y
del patrimonio público, pues se llevaron la unidad y un arma de cargo oficial.
La camioneta se recuperó pocas horas después, el arma no.
Este tipo de agresiones y amenazas
tienen el objetivo de inhibir las actividades de las madres activistas. No lo
han logrado a través de mucho tiempo. Pero el tono vuelve a subir en las
acciones y eso preocupa sobremanera. Duele y duele mucho recordar las
circunstancias en las que muere Sandra Luz Hernández, aquella compañera que fue
asesinada mientras buscaba a su hijo un 12 de mayo de 2014. Las madres no van a
desistir en su lucha por encontrar a sus hijos. Y no deben hacerlo, porque
están en todo su derecho y es la única forma en que un día parará esa nefasta
práctica de la desaparición forzada de personas. Pero ello también plantea un
problema para nuestra sociedad: seguimos sentados y cruzados de brazos,
esperando las nuevas y lamentables historias o al menos ofrecemos un poco de
solidaridad a estas admirables mujeres.
¿Y qué pasará con la autoridad? Supongo
que no esperaron a que se interpusiera una denuncia de los hechos si está
involucrada como ofendida una investigadora y el patrimonio público. La
Fiscalía General no puede ver este asunto como uno más de los que a diario se
atienden. Esta agresión, en un lugar bien iluminado, con mucho tráfico a la
hora de los hechos y, queremos entender, que con buena vigilancia, mantuvo sin
cuidado a los hombres armados en mención. De todos esos elementos debe tomarse
nota.
Sin duda hay dos cosas muy importantes:
lo que concierne al movimiento de familiares con desaparecidos y a la causa de
los derechos humanos y lo que atañe a la autoridad. Hemos dicho que pretenden
abortar el trabajo y los avances de los familiares en las búsquedas, pero
¿acaso no hay interés porque la misma autoridad abandone sus obligaciones en la
investigación y esclarecimiento de los hechos? Sin dejar de mencionar que ello
incluye la justicia para cada uno de los casos.
Los hechos de la madrugada de lunes 9 al
martes 10 son un reto para la sociedad y para la autoridad. Tomemos nota de que
hay cinco colectivos de familiares con desaparecidos que están a diario
trabajando en las búsquedas de sus seres queridos. Cada paso que dan en sus mapeos
y en la excavación de fosas clandestinas donde suponen están sus “tesoros”,
como los llaman, es un alto riesgo. También como sociedad tenemos el deber de
cuidarlas, pues son el ejemplo más vivo que intenta resolver no sólo el
reencuentro con sus seres queridos, aunque estén muertos.
Ahora no lo vemos muchos, pero ese
trabajo abona grandemente a cicatrizar una herida abierta, fresca y
profundamente dolorosa en nuestro corazón colectivo. Si esa herida no
cicatriza, difícilmente habrá paz y tranquilidad en este país. Que la autoridad
no baje la guardia en sus obligaciones de este caso, que nosotros sabremos
cumplir los nuestros como sociedad civil. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com