JAVIER VALDEZ, IMPUNIDAD SIN FIN.

No al silencio, callar no es opción.

Marchistas por Justicia Javier Valdez

Por ser parte de la Comisión Ciudadana para el seguimiento del Caso Javier Valdez y participar en la elaboración del documento entregado ayer al Congreso del Estado, comparto con ustedes el texto.

A seis meses de su inmolación, Javier es ciencia y conciencia. Es ciencia porque ahora tenemos la certeza de lo que vale socialmente un periodista honesto, que cree en nuestros valores y que dignifica su oficio. Es conciencia porque su ejemplo y sacrificio mueve ahora a sus contemporáneos, reivindicando su persona, la calidad de su trabajo y su compromiso de ser voz de las víctimas en un entorno violento e injusto.

Con la pérdida de Javier y otros compañeros de gremio, hemos aprendido que el ejercicio de la libertad de expresión entraña costos muy altos para quien abraza la noble profesión del periodismo y para la sociedad que lo formó y vivió con él cada logro, cada paso que consolidaba el indispensable espacio de la comunicación en libertad.

Somos dolorosamente conscientes que con la partida de Javier Valdez hemos desandado el camino de las libertades y de los espacios que dan sentido a una sociedad con Estado de derecho democrático. Y también asumimos que sólo podemos retomar la senda que se ha trazado nuestra entidad y la Nación, procurando que la impunidad no sea ahora dueña y señora de nuestras vidas y aspiraciones de civilidad.

Una sociedad que no sabe y no acepta el punto exacto en el que está parada, difícilmente ubica la meta a la que debe arribar. Creemos que la nuestra sabe del punto complejo en que está ubicada y debe asumirlo plenamente, pues esa parte antisocial que tanto la lastima será una rémora que no permitirá su avance, ni llegar a ese horizonte brillante que le espera.

Hay momentos de dolor y de incertidumbres que nos emplazan a ofrecer respuestas claras y precisas sin mayor demora, porque son el único recurso para abonar a la credibilidad de lo que hace la autoridad y en el que descansa buena parte de la tranquilidad pública. Y seis meses no son un corto plazo. Han transcurrido 184 días para dos instancias (la PGR y la Fiscalía General del Estado), cuyas carpetas de investigación hasta el presente día no pueden hablar de móvil del crimen ni de presuntos responsables, porque la aridez es lo primero que identifica a las diligencias que contienen sus abultadas páginas. Los fiscales dicen que las investigaciones no tienen plazo, pero por respeto a las familias de las víctimas y el agravio social, la eternidad no puede ser la alternativa. No exageramos si la memoria colectiva recuerda los casos de Gregorio Rodríguez, Oscar Rivera o Tony Gamboa, que aún esperan por justicia. Hagamos lo posible, sociedad y autoridad, por sentar un buen precedente para el caso Javier Valdez.

Deseamos dejar asentadas dos cosas: que la impunidad es la peor divisa que podemos aceptar como sociedad ante la emergencia que vivimos, particularmente para el caso Javier Valdez, y que si los periodistas son voz y correa de transmisión de inquietudes y propuestas de la sociedad, al perder a un reportero, de no haber justicia, el miedo y el silencio invaden el espacio que antes era libertad y fluidez de comunicación.

Como organismos de la sociedad, al plantear Justicia para Javier Valdez ante esta Soberanía, sólo estamos solicitando que como parte integrante del Estado, también vigile que las instancias a las cuales corresponde procurar y administrar justicia cumplan con la misión para las cuales fueron creadas. Para sustentar nuestra afirmación mencionamos otros dos de los más de mil 350 homicidios de este año: niña Dayana Esmeralda Fierro Zazueta y preparatoriana Jovanna Sarahí Mendoza Osuna, en espera de justicia.  No pedimos más que la aplicación y cumplimiento de la ley, pero no menos.

El renglón de seguridad demanda crecientes recursos económicos cada año, para prevención del delito, procuración y administración de justicia; sin embargo, el registro de delitos de la Fiscalía General del Estado arroja un nivel preocupante en homicidios (1351), secuestros (11), feminicidios (72), robo de vehículos (6055) y violencia intrafamiliar (2249), todos ellos del 1º de enero al 31 de octubre de este año. Como hasta el día de hoy no hay programa o instancia pública que mida inversión contra eficiencia de las instituciones policiales, de la Fiscalía General o de los tribunales, tenemos todo el derecho como ciudadanos de preguntar, ¿para qué sirven tantas cámaras de video en los cruceros, el sinnúmero de armas, patrullas, carros blindados y otras tecnologías caras y en tránsito de ser adquiridas como los drones?

El cuadro de violencia no estaría completo sin considerar el acumulado de 37 mil 500 desplazados por la violencia y los mil 850 desaparecidos. Aún más, el total de delitos que exhibe la FGE hasta octubre llega ya a los 19 mil 939, que representan el 88.8 por ciento de los 22 mil 442 de 2016. Mientras rogamos porque los números y el ayer no nos alcancen, no deja de preocuparnos que en algunos años nos dicen que se consignan sólo el 15 por ciento de ellas o en el mejor de los casos el 30. Este año, todavía inconcluso, ignoramos cómo vaya a terminar en ese renglón. Otra mortificación social es, ¿de los asuntos que llegan a los juzgados cuántos alcanzarán sentencia firme? La diferencia entre los casos que reciben castigo y el inmenso resto, es la verdadera impunidad que padecemos.

Convencidos de lo planteado en cada uno de los renglones anteriores y conscientes de que no será incluido en el I Informe de Gobierno, consideramos imprescindible, como ciudadanos organizados, la comparecencia del Fiscal General del Estado ante esta Soberanía para responder sobre los cuestionamientos que se expresan en el presente documento y que correspondan a la materia de procuración de justicia. Con el respeto que el Congreso del Estado y la Fiscalía General nos merecen, proponemos que dicha comparecencia se convoque para el día domingo 10 de diciembre, en el marco del LXIX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Apostando por la paz social y el bienestar de las familias sinaloenses, reiteramos nuestra preocupación por la suerte del caso Javier Valdez, convencidos de que Justicia es desagravio social.