Otra vez un periodista, otra vez un ataque a la
libertad de expresión, otra vez Veracruz. Gumaro Pérez Aguilando, reportero de
La Voz del Sur, fue abatido en una escuela primaria el pasado día 19, mientras
acompañaba a su hijo en una posada, en Acayucan, Veracruz. Con él suman 12 los
trabajadores de la comunicación que han perdido la vida durante este aciago
año. Algo más, mucho más, falta por hacer en este país para detener estos
crímenes que atentan contra la libertad de expresión, pues no han bastado protestas
en todo el país ni la condena internacional.
Una de las enseñanzas que nos dejan esas doce
pérdidas de trabajadores de la pluma, en especial la de Javier Valdez, es que
no podemos vivir el llamado día a día cruzados de brazos , despreocupados por lo
que pasa entre quienes arriesgan el pellejo por llevar las noticias y sus
entresijos hasta nuestros hogares. Es tiempo oportuno el que las redes creadas
por los diferentes grupos de periodistas en el país se coordinen y se mantengan
en un alerta permanente, que permita registrar los puntos de riesgos y las
posibles víctimas, con el fin de actuar en tiempo y forma; lo que evitaría
muchos dolores de cabeza.
Y hablando de asuntos de riesgos, el Senado de
la República tampoco quiso escuchar las voces de expertos de la ONU, de la
CIDH, de la CNDH, de muchos otros organismos nacionales e internacionales. Los
mismos oídos sordos tuvieron para las cientos de miles de voces que en el país
exigieron que se diera marcha atrás con la iniciativa de Ley de Seguridad
Interior. Esos organismos volvieron a manifestarse después de equívoco del
Senado, planteando al presidente Enrique Peña Nieto que vete dicha ley. No hay
muchas esperanzas de que ello sucede, pero por el bien
del Estado de derecho democrático y la vigencia de los derechos humanos, ojalá
escuche esas voces y ejecute el veto.
Pero la opinión pública internacional a través
de sus prestigiados organismos han decidido poner
manos en el problema que nos aqueja en materia de libertades y ejercicio de
derechos elementales. Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL), la Open SocietyInitiative, la Organización Mundial Contra la Tortura, la
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el
Debido Proceso, Latin American WorkingGroup, la Oficina de Washington para América Latina, PeaceBrigades International y el
Robert Kennedy Human Rights, integraron el
Observatorio Internacional sobre México, en respuesta a la aprobación de la
mencionada ley.
La constitución de dicho observatorio y su
clara visión de nuestros problemas en materia de espacios
y derechos ciudadanos, es una invitación a no desmayar en el reclamo de que
siga vigente el Estado de derecho democrático y debemos tomar con toda la
seriedad del caso. El observatorio nos dice: "La aprobación de Ley de
Seguridad Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano, implica
un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia
sin precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos
humanos". Es un regreso a la situación que vivió América Latina en
los años setenta del siglo pasado. Ese observatorio monitoreará nuestra
situación y alertará a otras naciones del continente americano y de Europa
sobre el riesgo de regreso en materia de democracia que está en curso. Se
los agradecemos.
El solsticio de invierno también nos trajo la
traumática aceptación de la familia de Dayana, de sus
tiernos y queridos restos. Este jueves será sepultada en medio de una
indignación general por los resultados finales de un fallido trabajo de la
Fiscalía General del Estado en muchos sentidos. Muchos creímos que podía
regresar con vida a su humilde hogar en San Pedro. Nos sentimos muy mal porque
sentimos que quizá faltó hacer más para lograrlo. Dayana
se va y ni siquiera existe el consuelo de saber que las investigaciones
ministeriales ya apuntan hacia algunos presuntos responsables del crimen. No
hay visos, a más de seis meses de su desaparición y muerte, de justicia para su
caso.
Desde hace meses planteamos que como
aprendizaje de este caso se adquirieran perros especializados en la búsqueda de
personas en vida. Lo reiteramos al cumplirse los seis meses, pero parece que en
las instancias superiores de la Fiscalía y del Gobierno del estado, ya se
impuso el síndrome de Beethoven: nadie escucha. Y hay que decirlo, con los
éxitos de Querétaro y otros estados en la mano, que si aquél 6 de junio en que
se llevaron la niña, si hubiéramos tenido esos canes,
hoy estuviéramos contando otra historia.
En vísperas de la navidad nuestro
reconocimiento a los grupos de madres que buscan a sus seres queridos que son
víctimas de la desaparición forzada. En estos días tan sensibles ellas siguen
en esa ingrata, pero esperanzadora tarea por encontrar y tener en sus manos los
"tesoros" (como ellas los llaman) que han perdido. Un abrazote solidario para ellas. Y nuestras felicitaciones a
los trabajadores de Mercados MZ, esos 2 mil 500 que han perdido sus empleos,
pues desde hace varios días les debían salarios caídos, caja de ahorro y
aguinaldo, sin contar con el finiquito. Se han movilizado y solicitaron el
apoyo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Hemos estado con ellos
y desde el miércoles empezaron a pagarse esas prestaciones. Enhorabuena. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com