LA VIOLENCIA, ESA MADRASTRA

Abrir los ojos y encontrarse vivo.

Gabriel Zaid

Cerramos un sexenio político y abrimos otro en medio de un tsunami violento. Es cierto que la violencia, esa madrastra de mil demonios, no nos ha abandonado del todo durante una larga, larga etapa; pero lo es también que hay coyunturas en las que se pasa de la raya. Esta es una de ellas. Durante las pocas semanas de este año y de la administración estatal las cosas en materia de inseguridad y violencia han alcanzado niveles de mucha preocupación social. Como no tomarlo así cuando enero cierra con una cifra de más de 130 homicidios y sienta las bases para un mes de febrero que pone los pelos de punta.

Desespera, desde luego, escuchar a Quirino Ordaz y otros funcionarios, expresar que son hechos aislados esos acontecimientos que han cobrado una alta tasa de vidas humanas y que no dan tregua ni cuartel a una sociedad demasiado agraviada por tanto acto violento. Los saldos que nos han dejado no son para olvidarlos tan fácilmente: miles de homicidios, desplazados por la violencia, desaparecidos, viudas y huérfanos. En pocas palabras, un tejido social cuyas lesiones ocupan al menos de otra generación para sanar, siempre y cuando haya voluntad y el esfuerzo titánico que demanda esa delicada labor.

Hay días como este fatídico martes 7 de febrero en que el sentimiento de orfandad nos ahoga. Cómo no sentirse así, observando las crecientes fuerzas y acciones de grupos violentos en los diferentes puntos geográficos del centro del estado y la actuación de las fuerzas del orden del Estado, que lejos de cumplir la elemental tarea de conseguir la paz pública, aportan una cuota también preocupante a la violencia imperante. Y, por si fuera poco, las autoridades políticas no están presentes a la hora que la ciudadanía espera que den la cara y ofrezcan información sobre el estado que guarda la seguridad y las medidas que han tomado para control de los actos violentos, mientras nos invitan a resguardarnos en nuestras casas o a seguir ocupando los espacios naturales en la calle, la escuela, los parques y en los centros de trabajo y recreo.

Sencillamente todo ello lo dejaron a elección de cada ciudadano. Y por ello, al sentimiento de orfandad agreguemos el del síndrome de vacío de poder. La tensión por la violencia madrugó más que la madrugada del día martes 7 y no concluyó con la luz del día, mientras las autoridades no llenaron ese vacío que se redimensiona en la medida en que los responsables de la administración pública se tardan más en atender las obligaciones propias de sus puestos.

Una jornada donde hay varios enfrentamientos armados y un saldo de primer conteo de diez personas muertas, es un asunto que plantea por sí solo que hay fallas graves, muy graves, en el sistema de la llamada seguridad pública. Y a la hora de considerar las víctimas no podemos cometer el error de contabilizar la muerte de la señora embarazada en Villa Juárez, como un número de más entre ellas. Cuando los actos violentos cobran víctimas así, el agravio social alcanza niveles inaceptables. Es cuando la sociedad organizada y sus intelectuales tienen el deber de hacer frente a esta situación de diversas maneras. Una de ellas es exigir a la autoridad la presentación de un verdadero plan que atienda el fenómeno de la violencia desde sus raíces y que dicho plan deba ser puesto al análisis y discusión de la ciudadanía. La otra es abrir los foros de análisis y discusión sobre el problema de la violencia desde la sociedad. Al fin que sin la participación social nunca se ha dado una solución integral a problemas como este.

Pero en estas discusiones no pueden quedar al margen, las modificaciones a la Ley que permiten no sólo desnaturalizar las policías preventivas, las policías de investigación y persecución del delito y a las fuerzas armadas mismas. La atención desmedida que se ha puesto a las recomendaciones del gobierno de los Estados Unidos, en particular a la llamada Iniciativa Mérida, nos ha empachado en materia de seguridad. Aún más, nos ha impedido pensar y actuar de manera soberana en materia de seguridad en asuntos domésticos. Es hora de retomar las cosas desde nuestro punto de vista e interés.

Como parte del mismo problema, está el nombramiento de nuestro Fiscal general (ya no se llamará Procurador) y del Fiscal anticorrupción. En ambos existe el interés del gobernador Ordaz Coppel en meter las manos. Es decir, hay el compromiso de hacer las cosas de otra manera (se “dará” autonomía a esos fiscales), pero reproduciendo las mismas prácticas de meter las manos en dichos nombramientos, no llegaremos muy lejos. Por eso la sociedad debe sentir la necesidad de participar activamente en las propuestas de los pretensos a fiscales y en la elaboración de las políticas públicas que permitan su autonomía. Sería un paso en firme hacia una acción más comprometida de la nueva Fiscalía en materia de procuración de justicia. Lo que abonaría también en favor de la prevención y persecución del delito, es decir, de la tranquilidad pública que hoy tanto se necesita y anhela.