HABRÁ FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Agárrense: ya parió la mula del Mayo.

Nicolás Avilés

Por coincidir plenamente en este documento que también conoció mi pluma, lo comparto con ustedes.

Ya no tendremos una Procuraduría General de Justicia del Estado, sino Fiscalía General del Estado. Se ha mudado el nombre de la Institución que debió procurar justicia, investigar y perseguir el delito, y proteger a las víctimas de las conductas antisociales. ¿Al cambiar de nombre ha cambiado su esencia? No.

Nos vendieron la idea de que crear una Fiscalía era alimentarla de autonomía respecto al resto del Poder Ejecutivo, especialmente del despacho del gobernador. El beneficio de la duda abonaba en favor de una reforma a la Constitución Política de Sinaloa, que promoviera una amplia participación ciudadana en las propuestas de candidatos a fiscal, que estos comparecieran públicamente en defensa de sus ideas y proyectos de fortalecimiento de la fiscalía y que el Congreso del Estado, en un emblemático esfuerzo para fortalecer el Estado de derecho y la división de poderes, designara al fiscal general de entre todas las propuestas que se le hicieran llegar, que no tenían por qué ser solo tres.

La historia se ha escrito de otra manera, basta ver el Decreto número 66 del Congreso del Estado de fecha 26 de enero pasado para imponerse, que el gobernador del estado nunca tuvo la intención de sacar las manos del proceso de designación del fiscal general. Para acallar críticas a la iniciativa de Ley original, se incluyó al Consejo Estatal de Seguridad Pública en el proceso, pero la rancia figura de la terna que siempre ha presentado el gobernador en turno al Congreso no desaparece. De acuerdo al artículo 43 de la Constitución local (reformado) el Congreso elige al fiscal.

Y la reforma mencionada no sólo permite que el gobernador meta las manos en la "terna", el artículo 76 Bis, fracción III le da facultades para que remueva al fiscal, con lo cual el Congreso vuelve a ser relegado a un segundo plano, pues "podrá objetar" dicha remoción si hay acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros. La decisión primera de remover está en poder del gobernador, que está en el campo hacia donde puede actuar el fiscal en casos de corrupción y otros delitos graves. La facultad de proponer "terna" y  luego de remover, le da un poder demoledor al gobernador sobre el fiscal. Con ese marco legal, la autonomía de la Institución que deberá velar por nuestra seguridad jurídica y la legalidad de los actos del poder, ni siquiera alcanzará a dar dos suspiros, morirá en el primero.

La fiscalía tendrá un Consejo Consultivo honorífico, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución (reformado), pero este figura será sólo parte de la decoración del edificio central de la Institución que se ubica por el Boulevard dedicado al "Negrumo", mientras las facultades omnímodas (las manos) del gobernador no se pongan a buen recaudo fuera de la vida de la Fiscalía General del Estado.

No es lo único que hay que decir al respecto. La figura del Fiscal Anticorrupción (Vicefiscal para la Ley) es tan importante como la del Fiscal General, porque los costos económicos, políticos, sociales y ambientales de la corrupción son tan profundos como el agravio que siente la sociedad por ellos. ¿Quién nombrará a este inquisidor anticorrupción? La reforma a la Constitución local no le dio el lugar y el espacio que por su naturaleza debe tener. No hay ninguna garantía de que en la Ley de la Fiscalía General (que deberá ser aprobada dentro de los seis meses siguientes a la publicación del Decreto número 66) se contemple un mecanismo democrático en la asignación. Es una de las tareas pendientes de la sociedad y sus instancias organizadas.

Y como hay otros dolores sociales que las reformas a la Constitución local no contemplaron y que la iniciativa de Ley de la Fiscalía General muy seguramente no contemplará, contemplemos desde hoy que dos vicefiscalías deberán ser creadas de inmediato para enfrentar dos renglones del delito que tanto daño han hecho al tejido social: la de feminicidios y la de desaparición forzada de personas.

Quizá no se ha valorado lo suficiente la importancia de que la sociedad organizada promueva la participación de las universidades, colegios de profesionistas, organismos que defienden la equidad de género y promotores y defensores de derechos humanos, familiares con desaparecidos, a través de foros, mesas redondas y otras formas de reflexión y análisis que desemboquen en la elaboración de una iniciativa popular de Ley de la Fiscalía General. Bien vale la pena abordar esta invaluable tarea. De una buena procuración de justicia y de la credibilidad que se ganen las instituciones depende la paz y la tranquilidad pública.