SEGURIDAD, DOLOROSAMENTE EVASIVA

Se nos fue Ricardo "el Pelón" Domínguez,

héroe de mil batallas en el ring y en defensa de su vida.

Las crisis siempre fueron recurrentes, pero se turnaban. Ahora se nos vinieron encima en montón. Esas crisis pasadas han dado color a nuestra piel y las hemos llevado tatuadas en cada pliegue de nuestros rostros. Las presentes sacudidas económicas, políticas, sociales, ambientales y de seguridad, nos han robado el aliento y la esperanza de un futuro mejor.

El final de treinta y cinco años de gestión neoliberal (incluida la docena trágica panista), ha dejado el saldo más negativo en la historia del país. Los 300 años de colonia parieron una nación en ruinas, pero llena de proyectos y de fe en su futuro; la misma invasión norteamericana que concluyó en 1848 con el despojo de más de la mitad de nuestro territorio, no pudo evitar que se forjara en la crisis una nueva generación que diera sustento constitucional a las aspiraciones mexicanas de forjar una república libre e independiente.

Los gobiernos que han conducido tan desatinadamente el país desde 1982, han mantenido un permanente acoso sobre la Constitución Política. Y ante nuestro mirar atónito le han quebrado su columna vertebral. Mientras nuestra respuesta ha estado a la defensiva se modificaba el rostro de la Carta Magna y sus beneficiarios se abalanzaban contra el patrimonio de la Nación: empezaron a vender ferrocarriles, almacenes para guardar cosechas, Altos Hornos, acciones en bancos y empresas aéreas, incluido Telmex.

Y como el enojo del pueblo mexicano ante ese crimen de lesa nación no se tradujo en movilizaciones masivas y permanentes, ni las fuerzas políticas que se reclaman progresistas convocaron a una acción que fuera capaz de detener el desmantelamiento del Estado que parió la Revolución y de paso la mercantilización del patrimonio nacional que garantizaba el funcionamiento (con todos sus asegunes) del Estado de bienestar, se asestó el golpe que pretende despojar de los recursos minerales, energéticos e hídricos que se mantenían en un tambaleante resguardo hasta 2013.

La vocación malinchista de las administraciones públicas desde 1982 han utilizado el Congreso de la Unión para borrar las conquistas laborales, para poner en riesgo el derecho a la educación y salud pública, y a la vivienda popular. Su gestión no apostó por el desarrollo de la nación y por la distribución de la riqueza, sino por la privatización de los recursos naturales y del patrimonio público. Eso explica el estancamiento de la economía, el desempleo, los bajos ingresos de la inmensa mayoría de los trabajadores, de la desigualdad y exclusión social.

También nos habla de la profundización del carácter autoritario del Estado y su inclinación a legislar y justificar la presencia de la fuerza pública armada en las calles y no precisamente porque haya riesgo de invasión extranjera, pues ya la existe y con la venia de vergonzosos acuerdos internacionales y algo de legislación no menos nefasta.

Todo ello profundiza más la crisis económica y golpea la situación de los trabajadores y sus familias de manera múltiple. El Estado es ahora un enano de cuerpo inútil frente a las manifestaciones más crudas de la crisis económica, frente a las fuerzas de los monopolios nacionales y extranjeros y ante el poder de quienes dirigen los destinos de EU hoy. Es también un ente invadido por la corrupción a quien las tareas de seguridad que exige la sociedad le van quedando cada día más grandes. Es decir, no cuenta  con recursos legales y materiales (ni tampoco con vocación) para imponer medidas anticrisis, ni con la voluntad de doblegar a los grandes monopolios que siempre ganan con  las crisis, tampoco con la decisión y compromisos para salvarnos de los saldos de la violencia criminal y de la propia. Pero dentro de esas debilidades, el presidente y las élites del poder, pretenden investirlo de una Ley de seguridad interior que dé rostro fiero y dentado a sus fuerzas armadas y policiales, con el fin de detener las futuras inconformidades y explosiones sociales.

En Sinaloa, los temas que las crisis actuales nos reservan no son pocas: el nombramiento de un Fiscal General del Estado (ya no habrá procurador), que sin haber la credibilidad que legitime la figura, el gobernador decide meter las manos en el proceso. Por lo visto los compromisos de apertura llegan hasta donde comienzan los intereses. La administración estatal anterior dejó temblando las finanzas del estado, pero no hay voluntad firme de llevar ante los tribunales a quienes se robaron el dinero; el gobernador busca adelgazar el Estado y propone que se aplique en el Poder legislativo y en los ayuntamientos, no en la estructura del Poder ejecutivo, la suya (que por cierto creó instancias nuevas). La justicia en los bueyes de mi compadre. Los maiceros, las enfermeras, lo médicos, los vendedores ambulantes y muchos otros se manifestarán en las próximas semanas, reclamando atención a sus demandas, esperemos que sean escuchados y se les plantee alguna solución. Cualquier otra salida, desencamina los pasos hacia la justicia y la paz social. Vale.