ESTADO Y DESAMPARO SOCIAL

Su espíritu humea sobre las cenizas del olvido.

Rubén Rivera.

La pobreza es antesala del infierno. Tenemos muchos ejemplos para probarlo ante el más obstinado funcionario de hacienda. Esta semana se nos presentaron al menos dos, por aquello de que luego pierden vigencia: se murió un pequeño de apenas 11 años y el problema inmediato que se le presentaba a la familia era cómo iba a procurarle una sepultura. Sí, una sepultura sin los calificativos de digna o decorosa. Simplemente un espacio y algunos enseres imprescindibles para dicha ceremonia. Y la infeliz funeraria que lo había recogido exigía una cantidad que la familia no podía desembolsar.

Esa muerte duele más porque era prevenible, pero los servicios médicos que brindan instituciones como el IMSS y el ISSSTE están vedados para el 60 por ciento de la población mexicana. Y hay millones de compatriotas que tampoco tienen ingresos ni para el llamado Seguro Popular, que no dispone de un solo hospital propio en este valle de lágrimas nacional. ¿Cuántos días pasó Luis en un rincón de su humilde vivienda esperando un milagro o que los remedios caseros trajeran el imposible alivio? No lo sabemos.

Pero esos eternos días de enfermo no dejan de señalar con índice de fuego a quienes por otro lado se han robado los presupuestos de salud y en otros renglones los dineros públicos. ¿Cuántas vidas infantiles más valen para haya políticas públicas de atención a su salud, independientemente  de si tienen seguro social o no? Al margen también de si hay ingresos o no en la familia para pagar una pinche cama de hospital. Descanse en paz Luisito y que perdone que las finanzas públicas están diseñadas para atender intereses de los dueños de Sinaloa, no para las urgencias de los pobres.

El otro ejemplo no es para menos, el 4 del presente mes desapareció el joven Alberto Guadalupe Núñez Payán. La familia buscó presentar de inmediato la denuncia ante la Agencia especializada en desaparición forzada de personas. Así lo hizo. Pero al  ver que ni el agente del Ministerio Público que levantó la queja ni el investigador les llamaban para informarles de algún avance o para solicitar información, acudieron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

Acompañamos a la familia ante la fiscalía señalada. La primera novedad es que al MP que había atendido la queja lo habían cambiado a otra dependencia y la carpeta de investigación del Alberto Guadalupe quedó en espera de un nuevo MP auxiliar. Pero le dieron el consuelo a la familia de que ya debían estar fotografía y datos del desaparecido en el Portal de la Fiscalía General. Tampoco estaban. La desesperación de la familia se incrementa porque hay nuevos datos y estos no habían sido recogidos por la autoridad.

Por estar tan cerca del accionar de las Fiscalías especializadas en caso de desaparición forzada de personas, puedo explicarme algunas cosas, pero nunca justificarlas. Entiendo que la fiscalía del centro del estado sólo tiene un titular y dos auxiliares y que el número de casos a atender rebasan los mil 500, tocándoles al menos de 500 carpetas de investigación a cada uno. ¿Cuántos investigadores están adscritos a la fiscalía del centro? ¿Cinco, ocho? La tarea que tienen por delante es humanamente imposible. Con esa infraestructura y recursos la aplicación del protocolo de búsquedas es todo, menos realidad.

Creo pertinente comentar también el caso de la niña María Guadalupe Briones Espinoza, porque después del caso Dayana, debiera contarse  no sólo con una experiencia ejemplar, sino con la adquisición de perros de rastreo para localizar a personas en vida. Pero la insensibilidad sobre este tipo de problemas ha ido ganando a los funcionarios de la Procuraduría y ahora de la flamante Fiscalía General, sin que se pueda enfrentar el fenómeno de la desaparición de personas, tal como lo exige la preocupante realidad que vivimos.

Y las fallas que hay en la Fiscalía General en este doloroso renglón, de alguna manera las alivian los siete grupos de familiares que buscan a sus seres queridos a lo largo y ancho de la geografía sinaloense. Pero no es aceptable para la sociedad que las instituciones que tanto le han costado no funcionen y, lo que es peor, sean sustituidas por asociaciones civiles al no responder a las tareas para las que fueron creadas. Es el caso de la Fiscalía General.

Ya otros se han encargado de teorizar los problemas que acarrea la desigualdad social, pero a nosotros nos corresponde señalar que el Estado mexicano, particularmente la autoridad en Sinaloa tiene la obligación constitucional de atender la salud y la seguridad de los sinaloenses. Y que no son tareas a las que pueda abdicar. La voluntad y la vocación de servicio siempre han roto con la limitación de recursos. Es lo menos que esperamos aquí y ahora de la autoridad sinaloense. Vale.