-Nos estamos dando un balazo en la pata
nosotros mismos. -Dijo Juan Habermann el 14 de
febrero. Fue su respuesta a la amenaza de los productores del campo de bloquear
la Expo Agro ante la negativa del secretario de agricultura a darles audiencia.
Cinco semanas después de aquél desaguisado, no sabemos qué gesto le merezca la
represión sufrida por los productores de frijol en el equinoccio 2018 y ante la
caseta fiscal de La Platanera. Pero las prioridades del secretario y de la
autoridad estatal ya estaban dichas desde antes: importa la agricultura de
exportación, no la orientada a la alimentación de los mexicanos.
En la apertura de la Expo Agro el
gobernador Quirino empeñó su palabra de jugársela junto a los productores de
frijol hasta lograr un precio de 16 mil 500 pesos por tonelada. Insistió en la
importancia del diálogo. No sabemos qué tanto se movilizó, pero lo dicho por
uno de los campesinos movilizados en La Platanera pinta la realidad, "las
bodegas están listas para recibir nuestro producto, pero a 12 mil pesos la
tonelada." La acción de los policías antimotines, en especial contra
Julián Zendejas Sánchez, campesino que sólo busca
como sus compañeros un precio justo para su frijol, parece indicar que no se
pretende ir junto a los productores más allá de lo que ya hemos visto.
Julián, después del maltrato sufrido
durante su detención, permaneció privado de su libertad varios minutos, pero la
presión de sus compañeros hizo posible su liberación y la promesa de hacer uso
del recurso del diálogo. Ojalá se vuelva a la mesa del diálogo y la
negociación, incluyendo a las autoridades federales de agricultura, cuyo
síndrome de la Malinche se les ha incrustado hasta la médula en las últimas
décadas. Por desconfianza bien ganada nos preguntamos, ¿Cuánto durará ese
diálogo y qué alcances tendrá? Es una duda que no tardaremos en despejar.
Mientras Julián Zendejas
medía con su humanidad el tamaño de puños y botas, soportando jalones y
desgarres de su ropa, debió haber pensado en el esfuerzo campesino por
alimentar este país de 62 millones de pobres y con 19
millones de compatriotas en pobreza extrema, cuya hambre les acompaña las 24
horas del día. También debió haber pensado entre un magullón y otro, que
cumplida la tarea de parte de los campesinos, las complicidades de la autoridad
los deja desarmados y atados de manos ante los
coyotes, que se llevan la parte del león en el negocio de la agricultura.
La resistencia campesina en las acciones
de La Platanera debe llamar seriamente la atención de propios y extraños, pues
quizá no consiga ablandar a corto plazo la voluntad oficial
para que les paguen a 16 mil 500 pesos la tonelada de frijol, pero quedó
sentado un precedente: la represión no siempre es un recurso que aplasta la
moral de lucha de los sectores movilizados. Y cuando así resulta, como fue el
caso de La Platanera, se convierte en ejemplo para el resto de los trabajadores
del campo y de la ciudad. El derecho humano a un mejor precio para el frijol ha
sido violado de la manera más arbitraria y violenta. Pero la resistencia
mostrada rescata con mucha dignidad el derecho a persistir en ese derecho.
La gobernanza y la paz exigen tratar los
problemas sociales con la delicadeza y precisión de un cirujano, pues
multiplicar la situación vivida en la caseta fiscal de La Platanera, sólo
propicia mayores complicaciones y limita las posibilidades para el
entendimiento y la negociación que alimenta la paz y la tranquilidad pública.
Quizá por ello también hay que señalar que una gran deuda que no se atiende con
la sensibilidad que reclama, es el problema de la desaparición forzada de
personas.
Alguna cifras son tan contundentes que
invitan a decir algo, porque callar sería indigno de todo ciudadano: hay
periodistas especializados en el tema que dicen que la cifra de desaparecidos ronda los 6 mil en Sinaloa; para no nos digan
exagerados hablemos de los 2 mil 856 que ha manejado el Inegi.
Pero con cuántos agentes del ministerio público y cuántos investigadores de
hace frente a esa gigantesca tarea: con no más de nueve ministerios públicos y
menos de 20 investigadores en todo el estado. A cada ministerio público le
corresponde no menos de 315 casos para investigar.
¿Será posible, en esas condiciones,
sacar adelante de manera exitosa este gran problema? No lo creemos. Se requiere
que la sociedad relacione la magnitud del problema y los escasos recursos que
se dedican a la atención del problema y que al ver la desproporción esta se
convierta en un enojo que lleve a la protesta y exigencia de solución plena del
problema. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com