DESPLAZADOS Y TRATA DE PERSONAS

La experiencia entra sin llamar a la puerta

y anuncia muertes y crisis de consideración.

Edward P Thompson

Sobre un Malecón remodelado para enamorar la pupila de inversionistas, caminan con pies vacilantes familias de desplazados. La mayoría viene de Concordia, otros de El Rosario. Han buscado refugio en Mazatlán, pero de entrada el alcalde Pucheta (ahora con licencia para buscar repetir en el cargo) los rechazó, exigiendo su regreso a la tierra donde la violencia los victimiza. Esas familias van a una conferencia de prensa para la que fue convocada la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Son las mismas que viven entre la esperanza y el miedo, como las describiera la periodista Fernanda Magallanes.

Nos dicen que 350 familias solicitaron créditos para vivienda en el puerto, porque no ven condiciones para su regreso a La Petaca, Chirimoyos, Santa Lucía, Pánuco o el Zapote. Saben que en algunas de esas comunidades regresaron entre el 40 al 50 por ciento de los habitantes, pero que las mismas viven con el Jesús en la boca, porque ni los grupos de delincuentes han abandonado la región y ni sus prácticas violentas. Sus ganados, puercos y gallinas desaparecieron, sus carros fueron desmantelados. Y la violencia cobró hace apenas una semana tres vidas de desplazados. Una de las viudas está presente.

Muchas de esas familias pagan renta en Mazatlán, hacinándose hasta tres en una sola casa para que los ingresos alcancen, otras están “arrimadas” en hogares que les abrieron las puertas de manera solidaria, pero eso no puede durar por siempre. Llaman por una atención urgente de parte de las autoridades. Antes del Tianguis turístico estas les dijeron que no había problema, que esperaran a que pasara este evento internacional y que luego se sentarían a ver la solución del problema. Ya pasó el Tianguis y se había establecido el compromiso de una reunión para el viernes 4 de este mes con autoridades municipales. Ya les avisaron que dicho evento se suspendía.

Y sin tomar en cuenta los Principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, el Punto de acuerdo del Senado de la República de 2011 sobre los desplazados y la reciente Ley sobre atención a víctimas del delito, les dicen que no hay recursos y que para otorgarse créditos requieren la presentación de actas de nacimiento, identificaciones, entre otros, sin tomar en cuenta que el desplazamiento forzoso no permite tiempos para recoger papeles ni llevarse bienes, también les piden un aval. Es decir, no están viendo el problema como un asunto de emergencia social, sino con el criterio burocrático de cualquier otra solicitud. Pero para que no haya ningún pretexto los organismos sociales que los apoyan en Mazatlán y esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, otorgamos ese aval. Así se los diremos formalmente y así lo hacemos público.

El Estado mexicano está emplazado a una respuesta pronta y positiva ante esta demanda tan urgente de solución como la sobrevivencia de los desplazados. Más de 1 mil 200 niños esperan angustiados esa inaplazable respuesta.

Por otra parte, hemos insistido reiteradamente que un fantasma muy real recorre el estado de Sinaloa haciendo mucho daño: la privación de la libertad de muchas niñas y adolescentes. Pueden decirnos exagerados porque le hemos puesto nombre y apellidos a ese fenómeno. Decimos que el delito de trata de mujeres se está cometiendo en medio de una impunidad preocupante. Algunos de los casos registrados por la CDDHS terminaron con la muerte de las víctimas, pero otros (por fortuna) en la liberación de esas mujeres.

El más reciente fue la desaparición de tres mujeres menores de edad, que durante una semana mantuvo en vilo el alma de sus familias, que por fortuna vieron a sus hijas regresar a su hogar vivas, pero con heridas físicas y psicológicas que no será fácil remontar. El caso ha dejado huellas importantes como para que la autoridad no deje las carpetas de investigación en reposo, sólo porque las menores aparecieron. El delito está allí, al alcance de las manos y del poder de la autoridad. Si no se hace nada más, se pecará de cómplice en el mejor de los casos, sin dejar de pensar que la impunidad cobrará mayores bríos con las consecuencias terribles que ya conocemos de antemano.

De nuestra parte, volvemos a insistir que un alivio sería la adquisición de perros rastreadores de personas en vida. Su ausencia nos limita demasiado en la aplicación del protocolo que debe seguir la autoridad en las primeras horas después de los hechos en que desaparece una persona. Puede sonar a cansada repetición, pero no podemos dejar de remarcar que otros estados tienen la fortuna de resolver no pocos casos haciendo uso de esta tecnología que podemos adquirir con costos que están a la mano. Sí, con costos infinitamente menores que las inversiones que se hicieron en Mazatlán para deslumbrar la vista de quienes vinieron al Tianguis turístico y que, es lo importante, salvaría vidas y honra de niñas que hoy son las víctimas más visibles de criminales sin escrúpulos. Ojala escuche esta vez el Fiscal General del Estado y también el Gobernador. Vale.