Lo sucedido en el municipio de Elota el pasado viernes 5 tiene trascendencia nacional. Sí,
la privación de la libertad del director de seguridad pública y del encargado
de armas, no es sólo una tragedia familiar o una acción que paraliza la vida
pública elotense. Es un hecho delictivo que pone en
entredicho la estrategia aplicada contra la violencia y el modelo mismo de la
seguridad que se aplica a nivel nacional.
La conclusión de los entendidos es que el año
2017 dejó una huella más profunda en los renglones de la inseguridad que los
anteriores. Y que las medidas con que se enfrentó la violencia y a la
delincuencia, sólo profundizaron la estrategia ya conocida de otros sexenios.
Los saldos no hablan bien de esas medidas ni de los responsables de aplicarlas.
Lamentamos que el teniente coronel Ignacio
Juárez Rojas y el escolta Alfonso Beltrán JIménez,
sean ahora víctimas de la desaparición forzada. Nada ha podido parar esta
dolorosa práctica en Sinaloa y en México, y cuando los que la sufren son los
servidores públicos que deben cuidar la seguridad de los demás, no dejamos de
pensar en que este delito de lesa humanidad no puede seguir siendo tratado con
un modelo de seguridad agotado totalmente y que sólo hace crecer las
estadísticas del dolor en el país.
Urge un verdadero cambio en las políticas
públicas de seguridad, que sin dejar de ver ventajas en las tecnologías de
punta, vean al ser humano (ciudadanos y policías) como el centro de esas
políticas. Ni el ciudadano puede concebirse como el sospechoso de cometer
conductas antisociales, ni a los policías como los servidores que sin drones, cámaras en cada esquina y pertrechos de guerra, no
van a darnos los resultados que la sociedad exige en materia de seguridad. Aún
con parte de esa tecnología desaparecen ciudadanos todos los días y no hemos
podido recuperar a los funcionarios de seguridad elotenses.
¿Hasta cuándo se reconocerá que los modelos de seguridad que sufren del
principio de fatiga deben ser depositados en el lugar que les corresponde: la
basura?
Ante el tsunami de incrementos de precios en
los primeros días de este año, más los antecedentes acumulados del año
anterior, la Coordinadora Ciudadana Contra el Gasolinazo, convocó a un mitin
contra la carestía en la Plazuela Obregón. Asistió un modesto grupo de
ciudadanos que se comprometió a llevar a más personas el razonamiento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la pobreza invisibiliza
a pobres, la democracia es incompatible con la pobreza y que un Estado
democrático está obligado a tomar medidas que abatan y eliminen la desigualdad
social. Acceder a una digna es un derecho humano. No descansaremos en promover
estos razonamientos.
En los últimos días los grupos de familiares
con desaparecidos han desplegado fuerzas e iniciativa
y esos afanes tienen su resultado: encontraron los restos de cuatro personas
desaparecidas en el centro y en el norte del estado. Nuestro
reconocimiento a la lucha de las incansables buscadoras de desaparecidos. Una
certeza nos ha dejado esta experiencia, que la autoridad debe tomar más en
serio la responsabilidad que le corresponde en esta materia y que los
ciudadanos están convocados a ejercer ciudadanía en este problema que supura
por todos puntos geográficos de nuestro estado. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com