Comparto con ustedes mis palabras con
motivo del I aniversario luctuoso de Dayana.
365 días después de aquél triste y
doloroso 6 de junio de 2017, la memoria de Dayana nos reúne aquí. No podíamos
dejar de hacerlo. Ni doña Fidelia, su abuela, ni
Daniela su madre podían faltar a la cita. Tampoco la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos, ni los organismos Voces Unidas por la Vida y Sabuesos
Guerreras. Y como el dolor nos alcanza a todos, la familia de Miriam Katerim Aguilar López, también está aquí. Miriam
desapareció el 27 de marzo pasado y fue encontrada muerta el siguiente 10 de
abril. La familia de JovanaSarahí
Mendoza Osuna ha hecho un gran esfuerzo para estar en esta cita; Jovana desapareció el 3 de octubre de 2017 y apareció muerta el día 12 del mismo mes.
Hablar de Dayana
es tocar una herida fresca y profunda en el corazón de todos. Mencionar su
nombre obliga a tocar los detalles de su caso, pero ir al fondo en el tema de
la desaparición forzada de personas. Y al ver los rostros de las madres con
hijos desaparecidos junto a nosotros, tenemos que volver la vista a las estadísticas
de la Fiscalía General del Estado para registrar que cada día se incrementa el
número de víctimas de este delito de lesa humanidad. Hasta el día de ayer se
habían registrado 2093 casos de personas desaparecidas. No son todas, desde
luego, son sólo las que se han registrado. Y como el número de mujeres también
toma una peligrosa carrera, allí aparecen 181 casos, el 8.6 por ciento del
total. Tampoco son todos los casos existentes. Esa es nuestra dura realidad,
pero nos negamos a que sea nuestro destino el contar muertos, desaparecidos y
desplazados.
Recordar a Dayana es también un
ejercicio que obliga a tocar el tema de los feminicidios, pues ella fue víctima
de la desaparición forzada y de feminicidio. Dayana es el vértice donde
confluyen esos dos gravísimos delitos. Y al considerar el tema tenemos que
mencionar que la curva de este delito fue de peligroso ascenso en los últimos
años, pues si en 2015 se registraron 14 feminicidios, en 2016 el número llegó a
las 47, mientras en 2017, el primer año de gobierno de Quirino Ordaz, alcanzó
los 85. Es cierto que hasta abril la cifra de 14 feminicidios ha inclinado a
pensar en que se va ganando terreno en este renglón de los delitos de alto
impacto. Pero seamos prudentes y muy celosos de las posiciones ganadas. No
olvidemos que en marzo del año anterior, se emitió la Alerta de Género, pero no
se fue más allá. La declaración no generó las medidas que debieron llevar a
parar radicalmente los feminicidios. Aún no existe una estrategia para ello y
el riesgo de que se detonen de nuevo los feminicidios
está siempre presente.
El problema central alrededor del caso
Dayana y de los casos de Jovana y Miriam es la
impunidad. Y es el problema que sufren y denuncian los movimientos que atienden
el problema de las desapariciones forzadas. Los casos de mujeres y de hombres
guardan una dolorosa similitud, por más datos que aporten los familiares a las
carpetas de investigación y por más esfuerzos que hagan en las búsquedas, la
impunidad se levanta frente a todos y hasta la misma autoridad parece detenerse
ante ella. No avanza un milímetro en la inmensa mayoría de los casos. Es tiempo
de preguntarse y de preguntarle a la autoridad, ¿por qué la impunidad resulta
más poderosa que las instituciones? Nosotros no aceptamos ese binomio con las
desproporciones en que hoy se manifiesta.
Elementos para demostrar lo dicho nos
sobran. En el caso de Dayana, fue privada de la libertad en su propio barrio,
frente a testigos, en un pueblo super vigilado por la
autoridad ybandas del crimen, y nunca
se pudo ubicar al o a los responsables del crimen. No antes de que se tuviera
que pasar el dolor de ver los restos mortales de la entrañable Dayana.
¿Qué podemos decir en los casos de
Miriam y Jovana? ¿Y qué mencionar en los 181 casos de
mujeres desaparecidas que ahora reclaman nuestra atención desde las
estadísticas de la Fiscalía General del Estado? Nada diferente. En unos y en
los otros casos, pareciera que sociedad civil y autoridad esperáramos algún
milagro para que, al menos algunos se resolvieran. Y que el tal Miguel Eduardo,
presunto responsable de los feminicidios de Dayana y Jovana, se tropiece un día de estos con las policías que
dicen perseguirlo. O que en el caso de Miriam y muchos otros, las personas que
han despertado sospechas frente a los crímenes de desaparición forzada, en un
insólito acto de contrición se entreguen a la autoridad y confiesen su
responsabilidad criminal. Lo deseamos en el alma, pues la nublada y miope vista
de la autoridad no alcanza a distinguir a los presuntos responsables. Con
frecuencia nos preguntamos, ¿les faltan lentes o compromiso social para cumplir
su tarea?
Con el alma estrujada, pero ciertos de
nuestro derecho humano a la justicia y a conocer la verdad en todos los casos
de feminicidio, hoy reivindicamos ante la Fiscalía General del Estado y el
Gobernador Quirino Ordaz Coppel:
Primero.-Que se elabore y haga público
un programa para abatir el problema del feminicidio y de protección a las
mujeres.
Segundo.-Se fortalezcan las fiscalías
especializadas en violencia contra la mujer.
Tercero.-Se adquiera un binomio canino
especializado en el rastreo de personas con vida.
Cuarto.-Se compre un Objeto Volador no
Tripulado o Dron, para la búsqueda de personas en zonas o terrenos de difícil
acceso.
Quinto.-Se constituya a la brevedad el
Consejo estatal de búsquedas.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com