POR UN MÉXICO POSIBLE

El destino es también lo que uno aporta y no dice.

René Valdés

Dos novedades y una reacción oficial destacan en la antesala del 1° de julio. El Primer Tribunal del Décimo Noveno Distrito con sede en Reynosa, Tamaulipas, tocando el tema de la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que la indagatoria de la PGR “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”. De esa conclusión se desprende una resolución muy importante: la creación de una Comisión de la verdad y la justicia. Esta figura como procedimiento alternativo.

La resolución del mencionado tribunal es histórica no sólo por las conclusiones señaladas, pues hay mucho más contenido en ella. Ordena reponer el procedimiento de la investigación, refiriéndose a los detenidos que presentaron el recurso de amparo, pues a juicio de la instancia judicial “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones fueron obtenidas por medio de tortura”.

La Comisión de la verdad es inevitable y de acuerdo a la Resolución ya debería estar conformada. La constituirán representantes de las víctimas de Ayotzinapa, la CNDH y agentes ministeriales federales. Caben invitados de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

La reacción de la PGR fue acusar al Primer Tribunal de resolver de manera precipitada el juicio de amparo y señalar que con dicha resolución el Poder Judicial se toma atribuciones que le corresponden al Poder Ejecutivo. Y pone en riesgo –dice- toda la investigación realizada sobre el caso Ayotzinapa y da pie a que varios detenidos no reciban el castigo por el delito de desaparición.

La segunda novedad, es el Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del Caso Ayotzinapa, publicado el 15 de marzo por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México. En dicho informe se comenta que 34 procesados por el caso de los desaparecidos de Normal Rural fueron torturados.

El Gobierno mexicano protesta ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, señalando que la Oficina del Alto Comisionado actuó de manera precipitada y que con ello pone en riesgo en trabajo realizado por la PGR. Señala que se ha practicado el Protocolo de Estambul y que no detectó indicios que se practicara la tortura en alguno de los detenidos. Y que no existen elementos para asegurar el dicho. Y termina reclamando que el informe de la Oficina del Alto Comisionado no se inscribiera en el marco del Acuerdo suscrito entre las partes el 22 de febrero de 2017.

A tres meses del IV Aniversario de la desaparición de los 43, los cuestionamientos sobre el trabajo realizado por el Estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa siguen. Y ahora por dos instancias de primer orden: una del mismo Estado mexicano y la otra como parte del Sistema regulatorio internacional (ONU), del que forma parte nuestro país.

Todo lo anterior sucede en el marco de las elecciones del 1° de julio y con un entorno donde no se ve por ningún lado o instancia gubernamental la solución al problema de la desaparición forzada. Por más esfuerzo que los familiares con desaparecidos realicen en sus búsquedas incansables, la realidad nos dice que están marchando atrás de los acontecimientos, pues la desaparición de personas no cesa día a día. Con todo ello, esos grupos de rastreadoras tienen el mérito de no parar en su misión, mientras la autoridad de procuración de justicia, que debiera tener una estrategia que bien atienda la búsqueda de los desaparecidos y la de detener esa nefasta práctica, marcha dos pasos atrás de las madres con hijos desaparecidos.

Un México diferente es posible. Si hay mujeres y hombres que han tomado por su cuenta la tarea de buscar a sus familiares y los hallazgos que dan sustento a las carpetas de investigación, ante la escandalosa parálisis de la autoridad; si hay instancias del mismo Estado mexicano, como el Tribunal federal con asiento en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, que cuestiona el trabajo realizado por la PGR, que es la institución para investigar delitos como el de Ayotzinapa; si hay productores del campo que siendo condenados a desaparecer por las políticas neoliberales de las últimas décadas y no sólo han sobrevivido  a ello, si no que han elaborado política alternativa para asegurar la autosuficiencia alimentaria del país; si contamos con eso y mucho más. Este país sí cambiará.

Quienes promovemos una cultura de los derechos humanos, deseamos que este país encuentre por la vía pacífica el camino más seguro para un cambio que alivie la situación de pobreza y marginación de 62 millones de mexicanos. La jornada electoral del 1° de julio es una gran oportunidad para romper la continuidad que ha llevado a muchos tropiezos al país. Vigilemos que no haya coacción del voto, que las trampas antidemocráticas de ayer y las que se quieran estrenar hora no pasen y que se respete la voluntad popular. Serían un buen comienzo. Vale.