URGENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

La prevención, que en cualquier materia

es una cultura de protección a la vida.

Jorge Carrillo Olea

No acostumbro enviar cartas a funcionarios por ningún motivo. Quizá sea este un buen momento hacerlo, en especial  para el general Inocente Fermín Hernández Montealegre. Lo digo porque recientemente llega a Sinaloa y con una responsabilidad del tamaño de la seguridad de alrededor de tres millones de ciudadanos. Razones no faltan para manifestarle nuestros pareceres en dicha materia.

Ciudadano general, aunque abundan las críticas sobre su pasado inmediato, en el sentido de que fue parte de un inconstitucional programa de espionaje contra activistas de derechos humanos y periodistas, puesto ahora como secretario de seguridad pública del estado, no podemos menos que desearle éxitos en los trabajos de prevención del delito, porque ello debe repercutir en el bienestar de los sinaloenses.

En los pocos y aciagos días que lleva usted en Sinaloa, algunos renglones de la vida pública que son de su incumbencia, ya han pasado lista de presentes. Usted los ha registrado: una fuga en la penitenciaría de Aguaruto, un feminicidio, se mantiene la cuota de personas desaparecidas y algunos espacios de la actividad criminal que no quieren ceder. No sé si el general Genaro García le dejó una bitácora con el registro completo de los dolores que la inseguridad nos ha heredado, si no fue así espero al menos que  le haya dejado algunos consejos sobre lo que no debe hacerse en el campo de la prevención de las conductas antisociales y del delito.

No es que desee hacerlo responsable de todo el espectro de actitudes y acciones que puedan ofender a la sociedad en su futuro inmediato, pues también es tarea que deben compartir las 18 corporaciones de policías municipales; pero considero prudente como ciudadano enumerar los fenómenos principales que la ausencia de un verdadero trabajo de prevención ha parido, me refiero a los desplazamientos internos de amplios grupos de personas generados por la violencia, a los imparables homicidios y desaparición forzada de personas, que tienen por origen la causa violenta ya señalada. También están presentes los ataques a la propiedad privada, que disminuyen sensiblemente el patrimonio de muchísimas familias, en sus modalidades de robo de auto, a casas habitación y asaltos, pero ponemos énfasis en los primeros porque la vida y la integridad humana debe ser la preocupación central.

A raíz del último feminicidio quiero comentarle que, sin haber seguido una legislación clara a la declaración de Alerta de género, con data de abril de 2017, no podemos pasar por alto, además de señalar esa gravísima falta, que la Secretaría de seguridad pública está en deuda con las mujeres y sociedad sinaloenses en medidas de prevención relacionadas con la violencia de género. Nuestras mujeres han promovido todo un abanico de acciones y tareas a realizar de parte de la autoridad, hago votos porque se retomen durante su gestión. De hacerlo, puedo asegurarle desde hoy que impactará  positivamente en la prevención de violencia hacia la mujer y en la preservación de vidas femeninas.

Los desplazamientos internos reclaman la atención de las causas que provocan la salida obligada y urgente de muchas familias. Hay regiones en el estado de Sinaloa, creo que al menos 15 municipios donde hay expulsiones de población o recepción de ellas atribuibles a la violencia. La solución no sólo es un problema de presencia de policía, menos en este momento; estamos convencidos que deben combinarse otras acciones desde la autoridad, pero un trabajo que implique dimensionar el problema, acercarse a esos desplazados, incluye un efectivo trabajo de policía.

Una de las inversiones que más caras han costado en materia de seguridad son las videocámaras en las calles de nuestras ciudades, pues el gasto en ellas es comparable al de ciudades de tamaño cuatro o más veces que las nuestras, sin que por ello estemos orgullos por los logros obtenidos. Creemos que son el marco de nuestra tragedia en seguridad. Pagamos mucho durante el gobierno de Malova por un sistema de videocámaras que sirvió para lo que se le unta al queso.

Se vuelve a invertir y la autoridad nos dice que en 20 días se han robado o destruido 30 videocámaras. Grave, muy grave, por lo que significa para nuestra seguridad y por las esperanzas que hemos puesto en esa herramienta  de que sea efectiva para prevenir y resolver muchos casos de desaparición forzada, y, ¿por qué no? de homicidios. ¿Y los drones general, esos aparatos costosos y sin uso? Esos merecen un capítulo aparte. No deseo desanimarlo en sus tareas general, sólo quiero manifestarle el tamaño de las mismas y que la sociedad sinaloense, muy consciente de sus derechos humanos, estará vigilante del cumplimiento de dichas tareas. Vale.