DEMANDA DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA

No guardar las banderas.

Francisco Higuera

Estamos en medio de la nada, con mil problemas por resolver y la desesperación de ver caminar tan lentas las horas que separan el 1° de julio del 1° de diciembre. Así se antoja este momento histórico. Terminó el proceso electoral y nos trajo buenas noticias, pero no abrió un compás de espera para la atención de los problemas más graves y urgentes que reclaman solución. Así que esos asuntos están aquí, preocupan y exigen una salida. Las autoridades que se irán en unos meses mantienen la actitud de siempre y las que deben ocupar su lugar no han llegado.

La demanda educativa a nivel medio superior y superior ha cobrado una fuerte presencia. En las circunstancias actuales la Universidad Autónoma de Sinaloa no puede resolver el problema, más allá de errores y omisiones en su conducción; es necesario que la Universidad Autónoma de Occidente y las instituciones privadas se sumen al esfuerzo educativo y atiendan el total de la demanda. No se han destinado recursos suficientes para cubrir el total de los alumnos cuyo proyecto de vida es seguir estudiando. Cuando vemos este fenómeno, la situación nos remite a la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Se vuelve a sentir la necesidad de marchar con los aspirantes a estudiar en aulas universitarias y que fueron rechazados. Las autoridades educativas dirán que no hay recursos y lo desesperante es que hasta el próximo año el presupuesto de egresos de la federación puede contemplar esos dineros.

Ya hemos visto algunas reacciones frente a este problema. Los senadores electos Rubén Rocha e Imelda Castro, han demandado una auditoria al proceso de preinscripción a la UAS y las respuestas del rector y de algunos voceros oficiosos no se han hecho esperar. Creo que la preocupación de los senadores electos debió abarcar también a la OAdeO y al Sistema COBAES, no sólo a la UAS, pues estas instituciones no son ajenas a la responsabilidad de resolver la cobertura total educativa. Tampoco me convencen los argumentos que esgrimen desde la Universidad, porque la transparencia con que deben ser conducidos estos procesos de preinscripción nada tiene que ver con criterios personales o las malas prácticas de la administración universitaria.

Esperamos plena disposición de las instituciones educativas públicas para abrir todos los espacios posibles. Ojalá así lo expresen a la sociedad. También deseamos que el compromiso de los legisladores federales (diputados y senadores) y locales, sea la gestión de recursos extraordinarios para que estas instituciones de educación puedan contar con los apoyos suficientes para la atención de la demanda a nivel medio superior y superior. Con toda la voluntad que pueda haber en materia de educación seguimos en medio de la nada, porque los que se van siguen allí y los que llegarán deben esperar (y nosotros también) a que transcurran largas horas aún para retomar tantos y tan graves asuntos que reclaman solución inmediata.

Por lo demás, se acercan los días 26 y 30 de agosto y con ellos la exigencia social de que se pare la nefasta práctica de la desaparición forzada de personas y que haya justicia para alrededor de 40 mil casos que se nos han acumulado en los 12 últimos años. Todos sabemos que este fin de agosto se cumplirán 47 meses sin que haya justicia para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que, tan grande es el problema de las desapariciones, que el 30 de agosto ha sido declarado Día internacional del detenido desaparecido. Desde la década de los 80 del siglo pasado se busca hacer conciencia entre la población y las instancias de gobierno a las que corresponde, para que se encuentre una solución a este grave problema.

El pasado 4 de agosto se iniciaron los Foros por la pacificación, organizados a instancias de quienes serán el próximo gobierno en México. La presencia de víctimas y de organismos solidarios ha hecho sentir su voz y demandas. Y el problema de las desapariciones forzadas ocupa un espacio muy importante, junto al cuarto de millón de homicidios de los últimos dos sexenios y al millón y medio de desplazados por motivos de violencia en México.

Al término de esos foros seguramente las denuncias, testimonios y propuestas para enfrentar los problemas en materia de seguridad ocuparán algunos metros cúbicos de papel. Esperemos que la magnitud del asunto no se mida por esas dimensiones, sino por los reclamos que desde ahora se han hecho, invitando al nuevo gobierno a un cambio radical de concepción sobre seguridad. Todo ello implica revisar la legislación anterior que toca esta materia, entre otras cosas la Ley de seguridad interior, la trasnochada decisión de militarizar las policías y ese engendro al que le llaman mando único en las corporaciones oficiales. Confrontar la legislación, las medidas administrativas y los hechos con los resultados desastrosos, será lo menos que deberá llevarse a cabo. El día 30 de agosto planteamos nuestro Foro sobre seguridad. Vale.