Hoy conmemoramos el IV aniversario de la
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El balance está lleno de claroscuros: unos pretendieron ensombrecer la historia
de lucha desarrollada por los familiares, compañeros de aulas y por la sociedad
y otros fortalecen la esperanza de alcanzar justicia. Hablemos de ellos con la
franqueza que el caso reclama.
En su momento, cuando la PGR vio que sus
investigaciones sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala,
entraban en contradicción creciente con los trabajos desarrollados por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH y
por el Equipo Argentino de Antropología Forense, buscó adelantarse imponiendo
su llamada “Verdad histórica”, que va a provocar la profundización de dichas
contradicciones y a configurar certezas sobre las complicidades del Estado en
el caso.
¡Fue el Estado! Dijeron los
manifestantes en las calles de México y del mundo. No les faltaba razón, pues
los hallazgos encontrados por los grupos internacionales de peritos marcaron
serias fallas en las investigaciones oficiales, que dan elementos para pensar
que no todos los responsables fueron incluidos en la averiguación previa. El
mismo Poder Judicial terminó convencido de que la investigación oficial no
tiene futuro, pues al menos 18 de los acusados han buscado el amparo de la
justicia federal presumiendo tortura durante los interrogatorios. El Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito Judicial de Matamoros, Tamaulipas,
resolvió la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Esta medida no sólo cuestiona lo hecho por la
PGR, sino plantea una salida en la que representantes de las víctimas
participen en una investigación que resulte creíble a ojos de todos. Lo que dio
materia para ello fueron tres resoluciones en las que se amparaba a tres
inculpados del caso Ayotzinapa, por considerar que
sus confesiones fueron arrancadas por tortura.
El cuestionamiento a la investigación
oficial de los hechos no sólo vino de organismos internacionales de la sociedad
civil como Amnistía Internacional o Human RightWatch. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para
Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dudaron en
anteponer la crítica a lo que la autoridad mexicana hacía en la investigación
sobre los hechos de la noche de Iguala. Y a los reclamos de justicia y de que
las cosas se hicieran bien, hay que sumar a los representantes de 33
parlamentos latinoamericanos reunidos en Ginebra, al Parlamento Europeo,
decenas de universidades e instancias civiles en el mundo. El mundo mismo se
desbordó exigiendo justicia para los 43 de Ayotzinapa
y condenó el papel del Estado en la noche del 26 de septiembre en Iguala y las
complicidades y omisiones cometidas por el Estado durante estos dolorosos e
interminables cuatro años. La impunidad de quienes han evadido averiguaciones
previas y el castigo por sus responsabilidades, lo dice todo. No están
incluidos militares ni policías federales. Deberán estarlo, si se quiere
verdadera justicia para los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y sanar la profunda herida que se abrió aquella
terrible noche de Iguala.
Ayotzinapa dio un nuevo
empuje a la lucha por la presentación de los desaparecidos, generó legislación
a partir de una dimensión mayor de la lucha: Ley de atención a víctimas y Ley sobre desaparición forzada. El movimiento que hoy
empujan más de 40 grupos de familiares con desaparecidos en México es la
manifestación más contundente de lo que nació en aquella noche de Iguala de
2014.
Pero seamos claros, muy claros ante los
hechos y la historia, como lo hace José Emilio Pacheco: “envuelto en esta
herencia nos llega el tiempo”. Por eso decimos Ayotzinapa
también parió el 1° de julio y con ello abrió las puertas para una nueva
esperanza de alcanzar la utopía. La voluntad popular y sentir de todos los
agraviados por los acontecimientos que llevaron a la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa y de los más 40 mil
mexicanos en los últimos 12 años, 49 mil 500 dicen algunas voces, se unieron en
una sola acción el 1° de julio. Y el sistema político mexicano sufrió una
histórica derrota. El pueblo reprobó la llamada “verdad histórica” sobre Ayotzinapa y todas las malas acciones de procuración y
administración de justicia.
No está dicha la última palabra aunque
se haya abierto la puerta de la esperanza. El dinosaurio que la cerró agoniza,
pero aún resuella. Los padres de los 43 de Ayotzinapa
han dicho que si el próximo gobierno no cumple volverán a manifestarse
reclamando justicia. Desde ahora les decimos, que esperamos muchas cosa
positivas de la reunión del día 26 con Andrés Manuel López Obrador y con los
expertos argentinos y del grupo especial de la CIDH, pero no nos crucemos de
brazos, ayudemos con la movilización a que la verdad ocupe el lugar que le
corresponde en este momento histórico y que la justicia abrace a todos los
padres que buscan a sus hijos desaparecidos, a todos, sin excepción alguna. Y
vigilemos que los obstáculos en las nuevas investigaciones vayan al basurero de
la historia, junto a los que impidieron que la verdad se sentara en el mismo
campo que la justicia.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscarloza.ochoa@hotmail.com