TRAGEDIAS Y LÍMITES MORALES

¿Y qué dirá el Después

 después de todo?

Mario Benedetti

La tormenta 19E del día 20 de septiembre fue y es una caja de Pandora. Su inesperada presencia para los ciudadanos de a pie (no para la autoridad que sí contó con información horas antes), tuvo un costo social de cuatro vidas y dos personas desaparecidas hasta la fecha. Los costos por daños al patrimonio de las familias seguramente son mayores a la evaluación oficial, que aún desconocemos formalmente. En la zona centro se habló de 72 mil hogares donde el agua entró como Pedro por su casa, dejando en algunos casos daños menores y en otros la pérdida total de muebles y las consecuencias que luego traerá el salitre sobre las construcciones.

En la zona norte supimos de Los Mochis como una ciudad ahogada por las precipitaciones y el desborde de los canales locales y muchas comunidades donde el agua fracturó caminos, anegó calles y obligó a muchos habitantes a buscar abrigo en las instalaciones habilitadas como refugios, en otras ni eso se pudo hacer debido a las condiciones en que quedaron comunidades y calles y caminos. La ayuda llegó por aire o cuando se pudo llevar en transportes especiales hasta dichos lugares, como fue Jahuara II, en el municipio de El Fuerte.

Hay dos cosas que destacar en torno a la tragedia del día 20 de septiembre pasado: la actitud solidaria de miles y miles de sinaloenses que en medio de las inundaciones buscaron auxiliar a las personas atrapadas por las lluvias y corrientes de agua. Sabemos de casos en los cuales particulares llevaron camiones de volteo para esa noble labor y muchos otros que arriesgaron su seguridad e integridad personal para ayudar. Y los centros de acopio que como hongos no sólo abarrotaron la Plazuela Obregón en Culiacán, sino en las explanadas de escuelas, iglesias y frentes de muchas instituciones de la sociedad civil. La segunda parte son las acciones y omisiones de la autoridad. No podemos negar su presencia en las zonas inundadas el día 20 y los días siguientes. Las medidas y apoyos en ese momento no tienen discusión.

Pero no podemos dejar de reclamar, en esta segunda parte, la falta de información hacia la población civil en las primeras horas del día 20 de septiembre. No hay explicación para que no se hayan suspendido clases en todos los niveles educativos, ni hubieran tomado medida de desalojo de los puntos geográficos críticos de las ciudades y poblaciones que forman parte del Atlas o Mapa de Riesgos. Medios para avisar en tiempo real (en momentos de peligro) a la población, los hay. Baste recordar que a pesar de que la tecnología no contaba con los medios de ahora, ante la información de que una ola gigante se acercaba a Mazatlán en los años cincuenta del siglo pasado, en plena madrugada la autoridad hizo acopio de carros con sonido para pedirle a la población que abandonara sus casas y marchara hacia las partes altas de la ciudad. El movimiento atípico del mar sí rebasó la muralla del Malecón sin que inundara el Puerto, por fortuna. Pero la autoridad estuvo a la altura de sus circunstancias. Ahora no podemos decir lo mismo.

Hay otra parte en las acciones y omisiones de la autoridad que preocupan grandemente: no pocos de los apoyos que llegaron a la Ciudad de México luego del Terremoto del 19 de septiembre de 1985, fueron desviados y vendidos como mercancías, nunca llegaron a los damnificados; de los fondos internacionales destinados para la construcción de viviendas para los damnificados de los Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, tampoco hay información precisa de dónde pararon. Con todos esos agarrosos antecedentes, las autoridades siguen sin cuidar a detalle la adquisición y recepción de apoyos para damnificados. Es el caso de 1500 colchones comprados (lo acepta la autoridad) para entregarlos a familias que el diluvio del 20 de septiembre dejó durmiendo en el suelo.

¿Quién compró los colchones, quién tenía que revisar la mercancía? ¿Quién es el proveedor? Lo preguntamos porque no es un asunto menor, al menos hay un fraude en la compraventa de los colchones. El fraude es un delito. Y si las circunstancias en que se realiza esa operación es la tragedia mencionada, el pecado, dijera mi madre, es mayor. No se puede jugar ni con las tragedias ni con el dinero del pueblo. Lo menos que podemos exigir es conocer plenamente el asunto que ya muchos llaman el colchóngate y que comparezcan ante la autoridad competente, quienes resulten con alguna responsabilidad ante tan vergonzoso problema.

Por otra parte, el pasado lunes vuelven las malas noticias de Concordia. Esa madrugada la población de La Petaca, vivió de nuevo la pesadilla sin fin que provoca los desplazamientos ya conocidos. Casas y dos autos fueron pasto de las llamas generadas por los mismos grupos armados que asolan la región. Hubo un nuevo éxodo de pobladores y lo que dicen desplazados en Mazatlán es que en las últimas semanas la violencia cobró nuevas vidas entre quienes han buscado continuar su vida en paz (con todos los asegunes del desplazamiento forzado) en el Puerto de Mazatlán. Otra vez Concordia, otra vez los sufridos desplazados. Urge que la autoridad atienda las Recomendaciones que las comisiones de derechos humanos le han hecho llegar. Vale.