México votó por un cambio el 1° de julio
de 2018, pero abundan quienes creen que pueden pasar por alto esa voluntad
popular. Y los que ponen por delante intereses propios no sólo se ubican en el
sector privado, están en el servicio público y no se ruborizan por marchar en
sentido contrario a la transformación que reclama el pueblo. Por las
consecuencias que ello tiene en materia económica, política, social y
ambiental, no podemos dejar de comentar y de invitar a la reflexión sobre lo
que acontece.
Soy un cliente frecuente de la cadena de
restaurantes TaiPak y en
las últimas ocasiones que ido a comer, contra toda costumbre de la empresa, no
había quien nos atendiera en la recepción. Antes que yo estaban algunos
clientes esperando y luego llegaron otros. Tuvimos que llamar la atención para
que alguien viniera a buscarnos mesa. El servicio en las mesas también demandó
nuestra espera. La primera observación obligada era que no tenían el personal
suficiente. Quise pensar como defensor de los derechos humanos en que la parte
ausente disfrutaba de merecidas vacaciones. Me equivoqué de cabo a rabo.
La razón del escaso personal para la
gran cantidad de consumidores fue una muy distinta y triste: la exitosa empresa
de comida oriental paga apenas 700 pesos semanales a meseros y personal de
atención directa al público y los de cocina no pueden presumir una situación de
privilegio. Pero la situación injusta no para allí, pues la empresa les
descuenta a los trabajadores el equivalente a un 3 por ciento del total de las
ventas, de las propinas que dejamos los consumidores. Como no todos los
clientes dejan propina o muchos dejan menos del 10 por ciento, la cuota de las
propinas apropiadas por la empresa puede rebasar el 40 o 45 por ciento del
total de las mismas.
Las propinas son el complemento de los
magros e injustos salarios que reciben los trabajadores
en empresas de servicios, pero cuando no pueden disfrutar completa esa cortesía
junto a sus familias, se ven obligados a dejar esos empleos a los que la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) les llama trabajos indecentes. Esa
es la razón por la que no encontré el personal que habitualmente observo en el TaiPak. Ojalá la Dirección del
trabajo se dé una vuelta por esa empresa y le aclare a sus propietarios que las
propinas son cortesía de los comensales para los trabajadores, no para la
empresa. Y que los clientes empecemos a tener opinión sobre lo que pasa en una
empresa que nuestro dinero nos cuesta.
El presidente municipal Estrada Ferreiro
ha declarado la guerra a los vendedores ambulantes de Culiacán, bueno no sólo a
ellos. Los reporteros, el Tribunal de lo Contencioso y ahora el Stasac son parte de esos frentes abiertos. Mientras las
empresas calificadoras internacionales afirman que el crecimiento de nuestra
economía se desacelera y lo reitera el Banco de México. Y aunque López Obrador
manifestó su desacuerdo en la materia, la Secretaría de Hacienda lo reconoce, mientras
los gobernantes locales de Morena poco hacen para remontar esos pronósticos. Sin
proyecto alguno para darle carácter de urbe a Culiacán manteniendo su rostro
humano, la gran aspiración manifiesta es barrer con los vendedores ambulantes
del centro de la capital, de las inmediaciones de los hospitales públicos y del
Parque Las Riberas.
El desalojo sin alternativa es sinónimo
de desempleo, del que ya provienen todos los vendedores ambulantes. Prohibirles
trabajar es incrementar la tasa de quiebra de negocios, aunque sean pequeños.
Impedir la actividad del comercio en pequeño, sí el de las calles, que data al menos
desde la Nueva España (500 años), es apuntalar las predicciones de
estancamiento económico. Con las políticas conservadoras del presidente Estrada
Ferreiro, no sólo se maniatan las posibilidades de desarrollo del comercio en
pequeño, de paso se golpea el mediano y gran comercio, a donde acuden los
primeros para proveerse o para el consumo familiar. De paso se ahorcan los
ingresos del ayuntamiento, al dejar de cobrar derechos de piso y productos en
las oficinas del municipio.
No sé si haya conciencia en el
presidente acerca de la disminución de ingresos durante los dos primeros meses,
gracias a las dificultades que impuso a los contribuyentes que siempre hemos
pagado de manera puntual (muchos se reservaron realizar el pago del predial),
pero lo que ahora se hace no aporta nada en beneficio
del bien común. Con tal de imponer la medida de lastimar a los vendedores
ambulantes se han lanzado campañas de división entre los mismos y por otro lado
meten a más comerciantes, contradiciendo el supuesto interés de detener su
crecimiento.Y por si esto fuera poco,
en estos días y en vísperas del emplazamiento a huelga del sindicato de
trabajadores, al viejo estilo autoritario Priísta, se
da una injerencia directa en los asuntos internos del sindicato, se desconoce elvalor legal del Contrato colectivo y pone en
riesgo las buenas relaciones institucionales y el buen funcionamiento de la
estructura municipal. Los ciudadanos que apostamos por la Cuarta Transformación
del país y que lo ratificamos en las urnas, con mucha razón podemos decir que
esas medidas no tienen nada que ver con el cambio reclamado. El derecho humano
a ganarse la vida, debe encontrar una respuesta positiva en el presidente
Estrada Frreiro, no su rechazo. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com