La Montaña

GUARDIA NACIONAL, DUDAS Y CERTEZAS

La libertad y la vida de Julian Assange dependen ahora de un abrazo mundial,

una voz unánime de reclamo, una solidaridad a escala planetaria.

Organizaciones y partidos de Ecuador.

Nace la Guardia Nacional con su pecado original. Voces de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CNDH, organismos de la sociedad civil, cuestionaron desde antes de su alumbramiento la composición militar de buena parte de su tropa y de su mando central. Fuimos testigos de las negociaciones en el Congreso de la Unión, llenas de desencuentros y tropiezos, y de un acuerdo final en el que se dijo que el mando de la Guardia Nacional sería civil.

Al presentar al general Luis Rodríguez Bucio y su equipo, el presidente Andrés Manuel faltó a una promesa de campaña y a un mandato de ley. La Guardia Nacional quedará formada en gran porcentaje por soldados y marinos. Quedaba una esperanza después del decreto que crea a esa institución de seguridad que el mando fuera civil. Adscrita la Guardia a la Secretaría de Seguridad Pública, no a las instituciones militares y con mando civil. Eso se prometió y respecto al mando no cabía duda en el mencionado decreto.

No me explico por qué se desoyó la opinión de expertos de la ONU y de instituciones no menos serias y prestigiadas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CNDH, Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. ¿Hubo acuerdos al respecto en aquellas visitas al secretario de la Sedena y Semar cuando Andrés Manuel era candidato electo? No lo sabemos, pero en esos diálogos es muy probable que el asunto no fuera ajeno. Al menos los acontecimientos posteriores nos invitan a pensarlo así.

Otro aspecto que cimbró las lastimadas finanzas de todos las entidades federativas, es que se contempla en la Ley de Guardia Nacional que los estados pagarán por tener presencia de la institución. Ante la urticaria que produjo la noticia en las autoridades locales, incluidas las municipales, el mismo Andrés Manuel ha señalado que este tópico será retirado de la iniciativa de ley que ahora está en manos del Congreso de la Unión. Enhorabuena ante dicha medida, pero no dejo de preguntarme, como muchos otros ciudadanos, ¿Quiénes elaboran esas iniciativas de ley que tan mal cumplen el encargo? ¿No vivieron la campaña y sus promesas, más todavía, no entendieron el tsunami del 1 de julio?

Pero con todo lo señalado, damos la bienvenida a la Guardia Nacional, esperando atienda la emergencia que en el terreno de la seguridad vive el país. La crítica se ha centrado en el incremento de homicidios en lo que va de la nueva administración federal. No creo que lo correcto sea contestar como argumento central que se tienen otras cifras en el gobierno. Como hizo el presidente. Las responsabilidades de lo que sucede en un gobierno deben asumirse, con todo y que hasta el día de hoy se arrastran las consecuencias de todas las fallas en materia de seguridad de los gobiernos anteriores. De esa realidad tiene que partirse para elaborar y ejecutar una nueva política pública que pare la violencia.

Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha reiterado el compromiso de colaborar en la formación de la tropa de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. Es una buena noticia y la aplaudimos. Sin embargo, los antecedentes que hemos tenido en el accionar de militares, al menos desde que inició la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, nos invita a estar muy pendientes del trabajo que realice la Guardia Nacional. En materia de seguridad hay esperanza, pero nunca garantía plena de respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. De alguna manera cobra nueva vida dicha esperanza con la Guardia Nacional, pero la confianza será resultado de que los controles sobre la institución sean efectivos.

Por lo pronto hay tres renglones que deben abatirse en el corto plazo: los homicidios, los desplazamientos internos y la desaparición forzada de personas. En estas tragedias no podemos darnos el lujo de hablar de largo plazo, por la razón natural que John M. Keynes manifestaba: todos estaremos muertos en ese tiempo. Los resultados deben verse en nuestra generación, no podemos irnos y dejar pendiente una deuda inaceptable. Es nuestra responsabilidad saldarla.

Como algunas cosas están marchando en el nuevo contexto de la vida nacional y local, los ojos y atención de todos nosotros no pueden distraerse, pues al hacerlo los errores se multiplican. En las semanas siguientes el Congreso del Estado designará al Comisionado de Atención a Víctimas y al Comisionado Local de Búsquedas. Los dos nombramientos tendrán una trascendencia mayor en la vida del estado, pues de la entrega y atingencia de su trabajo dependerá en mucho que las víctimas de la violencia sean atendidas y que en las búsquedas los familiares con desaparecidos tengan el apoyo y solidaridad oficial que hasta hoy les han sido regateadas. Vale.

Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/
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