La
libertad y la vida de JulianAssange
dependen ahora de un abrazo mundial,
una
voz unánime de reclamo, una solidaridad a escala planetaria.
Organizaciones y
partidos de Ecuador.
Nace la Guardia Nacional con su pecado
original. Voces de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
de la CNDH, organismos de la sociedad civil, cuestionaron desde antes de su
alumbramiento la composición militar de buena parte de su tropa y de su mando
central. Fuimos testigos de las negociaciones en el Congreso de la Unión,
llenas de desencuentros y tropiezos, y de un acuerdo final en el que se dijo
que el mando de la Guardia Nacional sería civil.
Al presentar al general Luis Rodríguez Bucio y su equipo, el presidente Andrés Manuel faltó a una
promesa de campaña y a un mandato de ley. La Guardia Nacional quedará formada
en gran porcentaje por soldados y marinos. Quedaba una esperanza después del
decreto que crea a esa institución de seguridad que el mando fuera civil.
Adscrita la Guardia a la Secretaría de Seguridad Pública, no a las
instituciones militares y con mando civil. Eso se prometió y respecto al mando
no cabía duda en el mencionado decreto.
No me explico por qué se desoyó la
opinión de expertos de la ONU y de instituciones no menos serias y prestigiadas
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CNDH, Amnistía
Internacional, organizaciones de la sociedad civil, entre otras. ¿Hubo acuerdos
al respecto en aquellas visitas al secretario de la Sedena
y Semar cuando Andrés Manuel era candidato electo? No
lo sabemos, pero en esos diálogos es muy probable que el asunto no fuera ajeno.
Al menos los acontecimientos posteriores nos invitan a pensarlo así.
Otro aspecto que cimbró las lastimadas
finanzas de todos las entidades federativas, es que se contempla en la Ley de
Guardia Nacional que los estados pagarán por tener presencia de la institución. Ante la urticaria que produjo la noticia en
las autoridades locales, incluidas las municipales, el mismo Andrés Manuel ha
señalado que este tópico será retirado de la iniciativa de ley que ahora está
en manos del Congreso de la Unión. Enhorabuena ante dicha medida, pero no dejo
de preguntarme, como muchos otros ciudadanos, ¿Quiénes elaboran esas
iniciativas de ley que tan mal cumplen el encargo? ¿No vivieron la campaña y
sus promesas, más todavía, no entendieron el tsunami del 1 de julio?
Pero con todo lo señalado, damos la
bienvenida a la Guardia Nacional, esperando atienda la emergencia que en el
terreno de la seguridad vive el país. La crítica se ha centrado en el
incremento de homicidios en lo que va de la nueva administración federal. No
creo que lo correcto sea contestar como argumento central que se tienen otras
cifras en el gobierno. Como hizo el presidente. Las responsabilidades de lo que
sucede en un gobierno deben asumirse, con todo y que hasta el día de hoy se
arrastran las consecuencias de todas las fallas en materia de seguridad de los
gobiernos anteriores. De esa realidad tiene que partirse para elaborar y
ejecutar una nueva política pública que pare la violencia.
Michelle Bachelet, la expresidenta de
Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha reiterado el
compromiso de colaborar en la formación de la tropa de la Guardia Nacional en
materia de derechos humanos. Es una buena noticia y la aplaudimos. Sin embargo,
los antecedentes que hemos tenido en el accionar de militares, al menos desde
que inició la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, nos
invita a estar muy pendientes del trabajo que realice la Guardia Nacional. En
materia de seguridad hay esperanza, pero nunca garantía plena de respeto a los
derechos humanos de la ciudadanía. De alguna manera cobra nueva vida dicha
esperanza con la Guardia Nacional, pero la confianza será resultado de que los
controles sobre la institución sean efectivos.
Por lo pronto hay tres renglones que
deben abatirse en el corto plazo: los homicidios, los desplazamientos internos
y la desaparición forzada de personas. En estas tragedias no podemos darnos el
lujo de hablar de largo plazo, por la razón natural que John M. Keynes
manifestaba: todos estaremos muertos en ese tiempo. Los resultados deben verse
en nuestra generación, no podemos irnos y dejar pendiente una deuda
inaceptable. Es nuestra responsabilidad saldarla.
Como algunas cosas están marchando en el
nuevo contexto de la vida nacional y local, los ojos y atención de todos
nosotros no pueden distraerse, pues al hacerlo los errores se multiplican. En las
semanas siguientes el Congreso del Estado designará al Comisionado de Atención
a Víctimas y al Comisionado Local de Búsquedas. Los dos nombramientos tendrán
una trascendencia mayor en la vida del estado, pues de la entrega y atingencia
de su trabajo dependerá en mucho que las víctimas de la violencia sean
atendidas y que en las búsquedas los familiares con desaparecidos tengan el
apoyo y solidaridad oficial que hasta hoy les han sido regateadas. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com