ALGO FALTA EN LAS INSTITUCIONES

Mientras el mundo, laberinto sin centro,

se dedica a romper su propio cielo.

Eduardo Galeano

De nueva cuenta noticias que preocupan. Desde Mazatlán nuestro amigo Miguel Ángel Ramírez Jardines nos hace llegar el mensaje siguiente: “existe un estado de crisis, desde Matatán (municipio de El Rosario), hacia arriba de la Sierra, desde 16 días atrás a raíz del enfrentamiento de los cárteles, esto trae consecuencias para los pocos pobladores de esa área, dado el desplazamiento de 20 familias que generó las muertes de algunos pobladores en el mes anterior, entonces establecieron los Cárteles retenes en la carretera de Matatán hacia arriba, generando la no circulación de vehículos, ni personas ni comida, de tal suerte que  los vecinos de la Rastra exigen a la Síndica, acciones que lleven paz y  comida, porque hay niños y mujeres sin comida durante varios días, les recuerdo también,  que la Síndica es compañera nuestra y además por humanidad requerimos  apoyar esta causa, aclaro (que) desde ayer estoy en comunicación con autoridades del estado y más tarde regresarán llamadas para accionar, hasta luego.”

Diremos de nuevo: esos desplazamientos internos que provoca la interminable violencia en Sinaloa, con todas las consecuencias que ello conlleva. El sur de Sinaloa pareciera no tener suficiente con las angustias y dolores que el mismo fenómeno ha provocado en Concordia y el municipio de Mazatlán. Ahora recaló en El Rosario y de qué manera. Si la información que nos llega es fidedigna, imaginemos la situación desesperante que viven las familias que aún habitan en la sierra de ese municipio y sus familiares que viven en la zona costera (desplazados con anterioridad por la imparable violencia).

Lo descrito por el maestro Ramírez Jardines, es más grave que lo que vivieron los habitantes de El Limón, El Verano, El Águila y otras comunidades del municipio de Tamazula, Durango en aquel aciago octubre de 2016, cuando la Marina tomó esas comunidades. La retención de los vecinos sólo duró unos tres días, los alimentos no faltaron y se recuperó pronto la libertad de viajar hacia fuera de los pueblos, con excepción de El Limón, que permaneció como cuartel de los elementos de la Semar.

En el caso de Matatán y de la sierra de El Rosario presenta signos más preocupantes, porque de permanecer la situación descrita, esta se vuelve una verdadera crisis humanitaria. Basta pensar en la imposibilidad de trasladar alimentos o de ejercer el derecho de entrar y salir de dichas comunidades. No nos explicamos el por qué las autoridades han dejado correr los días sin atender este problema del tamaño de la seguridad de la sociedad sinaloense. Esperamos que el angustioso llamado que hace el maestro Ramírez Jardines sea escuchado.

Hace unos días acudió a nuestras oficinas Juanita, una simpática señora que ya coquetea con los 80 años. Su historia habla de la posibilidad de un despojo de su casa, que es además su único patrimonio. Familiares cercanos están involucrados en ello. Y no es toda su historia, pues fue víctima de maltrato verbal y físico. Sus brazos aún conservan las huellas de esas conductas de agresión. Ella presentó denuncia sobre los hechos y los involucrados fueron informados de las medidas de protección que recibiría Juanita. Los agresores no se acercarían a la casa de la ofendida en los siguientes dos meses. No se les impuso otra sanción. Pero como dijo don Benjamín Jiménez, el obispo emérito de Culiacán: “las leyes en México son como el inglés, se escriben de un modo y se pronuncian de otro.”

Digo lo anterior porque los agresores siguen entrando a la casa de Juanita, como Pedro por su casa. Hicimos del conocimiento a la Fiscalía sobre esta situación anómala y nos dijeron que a los responsables de la agresión se les habían leído las medidas de protección a la ofendida, pero que le corresponde a la autoridad se seguridad pública municipal atender que se cumpla con esas medidas. Y si no las cumplen, me dicen, Juanita debe regresar ante el Ministerio Público e informarle del incumplimiento. No deseo entrar en polémica sobre si sólo a la policía municipal le corresponde estar al pendiente de lo planteado.

No quiero entrar en esa polémica, pero el brete en que se encuentra Juanita y el sentido común obligan a preguntarse, ¿existe tanto divorcio entre una función pública y otra como para no haya el debido seguimiento a una medida como la señalada? Si la Fiscalía General da por terminada, o al menos interrumpida, su obligación de proteger a la víctima al leerle las medidas de protección de la ofendida a sus agresores, se corre el riesgo no sólo de una nueva agresión, sino que esta sea mucho más grave. Juanita la septuagenaria debe ir ante el MP para informarle que no se han atendido las medidas. La salida misma es un riesgo en esas circunstancias, pero al parecer no hay otra manera de resolver el problema. Algo falta en el funcionamiento de las instituciones y en su necesaria relación que no permite el cumplimiento cabal de sus obligaciones. Algo falta y tenemos que encontrar la solución si no queremos seguir lamentando tragedias como la de la señora Cruz Verde, asesinada a pesar de las famosas medidas de protección. Vale.