LEY DE PROTECCIÓN A DEFENSORES Y PERIODISTAS

Como la historia, entonces, la utopía que es jalón de su desenvolvimiento,

 también es la búsqueda de lo que pareciera "imposible".
Jesús Santrich

No vivimos tiempos de recreo para activistas de derechos humanos y periodistas. El siglo XXI ha tomado un perfil preocupante en materia de respeto a la libertad de expresión y del arcoíris de los derechos humanos. México se ha ganado el poco honroso primer lugar en el continente como país riesgoso para el trabajo de periodistas. Nadie ha comparado los peligros que los defensores de derechos humanos afrontamos en los diferentes países de América, pero si 10 trabajadores de la comunicación han pagado con sus vidas el ejercicio de libertad de expresión y 13 activistas sufrieron lo mismo del 1 de diciembre del año pasado a la fecha, el problema es grave.

La intolerancia no tiene reposo. Este viernes 14 comparecen ocho periodistas ante el Juzgado Primero Civil del Distrito de Mazatlán. Siete de ellos deberán negar o ratificar sus publicaciones relacionadas con un litigio entre fraccionadores y un despacho jurídico, el otro tiene una responsabilidad más trascendente. Ese citatorio se da en un marco poco alentador respecto al periodismo. Baste mencionar que el caso de Javier Valdez sigue impune, que el caso de Omar Iván Camacho está muy fresco y que las amenazas contra María de Jesús nos siguen lastimando.

Periodistas, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa y Comisión de Atención a Víctimas, presentaron este jueves una iniciativa de Ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. El Congreso el Estado la recibió. ¿Qué suerte tendrá en la Soberanía popular? Lo veremos en las próximas semanas. Por lo pronto podemos anotar que puede generar algunas controversias, pues la iniciativa habla de la creación de un Instituto de protección y a raíz de la muerte de Javier Valdez  el gobierno formó a medias una Unidad de protección. Decimos a medias porque la Unidad cuenta con una persona al frente (sin el consejo acordado), que se encargaba de la atención a todas las víctimas, entre otras cosas. Infuncional para este caso.

A la iniciativa le han antecedido foros en las tres zonas geográficas del estado, la participación de instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Reporteros sin Frontera, Artículo 19, entre otros. No creo que se hayan agotado las reflexiones al respecto, pero Sinaloa debe legislar ya sobre la materia. Le urge. También apremia que el horizonte laboral para reporteros empiece a ser más claro.

Una de las preocupaciones que ocupan nuestro tiempo es el tipo de relación que se establecerá entre la autoridad estatal y el Instituto de protección, de crearse este por el Congreso del Estado. La iniciativa habla de un Instituto autónomo, pero las autonomías ni se construyen por decreto y para que sean posibles se requiere de una actitud respetuosa de parte de quien esté en el Poder Ejecutivo. Y en primer lugar que se renuncie a la existencia de la mencionada Unidad de Protección, que hoy depende de la Secretaría de Gobierno.

La lógica indica que de crearse el Instituto de Protección, también quedará en el aire el establecimiento de una relación ágil y efectiva entre este y todas las dependencias que deberán coadyuvar ante denuncias y medidas de protección que se generen del trabajo del mencionado Instituto. Es algo a construir y lo ideal será la madurez con que se tomen las decisiones y se atiendan los deberes mutuos. De hacer bien las cosas, mejorará el panorama para quienes viven profesionalmente de la comunicación.

Habrá que abonar también que si el Instituto nace con la fuerza que el Congreso del Estado le dé, con la aceptación consecuente del Poder Ejecutivo y con el respaldo moral de la sociedad, las cosas deben marchar mejor para quienes trabajamos en el campo de los derechos humanos. Si el entorno no tiene nubarrones de incertidumbre para realizar nuestro trabajo, es claro que se atenderán las quejas ciudadanas con mayor dedicación y rendimiento.

Ojalá que pronto contemos con una Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Y que el Congreso del Estado recoja en ella las inquietudes centrales que hemos plasmado en nuestra iniciativa. Será la mejor noticia ante hechos como la comparecencia de los periodistas mazatlecos ante el Juzgado Primero Civil y la intolerancia que no ha faltado en ayuntamientos y otras instancias de gobierno. Estado de derecho es democracia. La democracia también son espacios donde se ejerce plenamente la libertad de expresión, la defensa y promoción de los derechos humanos. Enhorabuena. Vale.