Arrancar 2019 con la pérdida de Sinar Corzo, el chiapaneco defensor de los derechos
humanos, no ha sido grato. Nos queda el consuelo de que Sinar,
fiel a su vocación de servicio, ese mismo día de su muerte estuvo haciendo
gestiones ante la presidencia municipal de Arriaga, su pueblo. En su última
jornada fue la voz del pueblo La Línea que aspira a la construcción de un
camino hasta la cabecera municipal, que lo salve de la poca recomendable
aventura de torear vados de aguas fangosas y barriales intransitables, en un
entorno donde los puentes y saldas alternas brillan por su ausencia.
Hubo condena de todo el movimiento de
derechos humanos sobre su asesinato. La ONU mostró su preocupación sobre los
hechos. Nosotros mismos no podemos quedarnos callados, pues el silencio sería
la más inoportuna invitación a que continúen estos crímenes que tanto ofenden a
la sociedad. Confesamos que un hecho como la muerte de Sinar
nos golpea fuertemente y nos deja la interrogante ¿es inevitable el asesinato
de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en la transición
hacia la llamada Cuarta Transformación del país?
Sabemos que nunca hay la garantía total
de que no se atente contra la integridad física y moral de los defensores de
derechos humanos, pero en todo momento tampoco sobran las medidas de protección
y la creación de un ambiente social que haga más difícil la tarea depredadora
de los enemigos de la paz y la gobernanza. Creo oportuno plantear ante el
gobierno de López Obrador y ante el de Quirino Ordaz, que todos los que estamos
dedicados en cuerpo y alma a la defensa de los derechos elementales somos Sinar Corzo. Y que en esa calidad y desde esa misma
trinchera demandamos una política pública consecuente hacia la protección de
los defensores de derechos humanos.
En especial para Quirino Ordaz, pues hay
tres instancias que las leyes mandatan crear y que siguen como deuda oficial,
mientras las injusticias siembran dolor alrededor de miles de familias en
Sinaloa. Urge que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sea
creada, lo mismo planteamos para la Comisión Local de Búsquedas, lo que mucho
ayudaría a los familiares que tienen desaparecidos y que realizan a diario la
sensible tarea de indagar el paradero de sus hijos, padres o hermanos.
Y qué decir de la creación de la Unidad
de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Los hechos que
reclaman la urgencia de estas medidas están allí frente a todos, no necesitamos
hurgar en ningún lado para imponernos de la emergencia en esta materia. No hay
registro más fiel de las necesidades sociales que la piel y nuestra memoria.
Ellas llevan como tatuaje cada uno de los hechos mencionados. Esperamos que la
autoridad responda a esos reclamos sociales.
Lo manifestamos con la misma
desesperación que dos familias de Guadalajara nos solicitan intervención ante
la ausencia de Diego Iván Núñez González y Luis Carlos Ávalos Muñoz. Ellos
desaparecen el día 23 de noviembre pasado en la ciudad de Culiacán, en el
centro histórico, donde hay cámaras, en las que se registra la llegada de al
menos una patrulla de la Policía Estatal, donde hay testigos. Y no tienen hasta
el día de hoy ninguna noticia del paradero de sus familiares. Sólo dos
manifestaciones de la autoridad que no deja de enojarnos, pues les piden que no
ocurran ante los organismos de derechos humanos ni de familiares y que hay
unidades clonadas en las que delincuentes actúan.
¿Unidades clonadas? No es la primera vez
que lo dicen. Pero de tanto repetirlo no dejan de ofender a las víctimas y sus
familiares al hacerlo. ¿Unidades clonadas en pleno centro de la ciudad, donde
abundan cámaras en los cruceros? La sociedad y los familiares requieren una
explicación de cómo actúan sin que se registre su presencia en las cámaras y
por los agentes de las diferentes policías que están comisionados a los
sectores donde se registran hechos delictivos por las supuestas unidades
clonadas.
Sin voluntad no habrá acción verdadera
para esclarecer estos hechos y detener, si esa información fuera cierta, a
quienes realizan actividades delictivas sin el menor empacho frente a muchos
testigos y en una ausencia inexplicable de la autoridad. Pero mientras no
demuestre la autoridad que así fue, se registró la presencia de al menos una
patrulla y de personal con uniforme y con el pasamontañas que usan los agentes.
Mes y medio después de los hechos, al modo en que la Fiscalía General realiza
sus actividades no tiene una información que alivie la situación desesperada de
dos familias de Guadalajara. Igual que cientos de familias sinaloenses. Las
tareas de la autoridad deben cumplirse a cabalidad, si aspiramos que este 2019
traiga paz y un poco de justicia para todos. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com