La
fiscalía italiana fracasó en su intento de imponerle rejas.
El
mundo lo aplaude.
Hubo cambio de secretario de desarrollo
social y cambio de política hacia los desplazados de la violencia. Juró el
gabinete social que nada cambiaría y que se cumplirían los compromisos
adquiridos con ese sector vulnerable que no ha dejado de crecer. Pero las dificultades
siguen presentándose para preocupación de muchos. Y las inquietudes pueden
desbordarse si no se atienden las necesidades más apremiantes.
Este viernes 5 hay reunión entre la
Coordinadora de desplazados y la autoridad estatal. Ojalá que la mesa de
diálogo se desarrolle en el mejor ambiente, porque de ello depende en buena
medida que las cosas se encaminen adecuadamente. Si el ambiente se vuelve tenso
los problemas se prolongarán y con ello el sufrimiento de cientos de familias
que han puesto sus esperanzas en la amigable composición con las autoridades
del estado. Nada menos esperamos nosotros.
El martes 2 del presente el senador
Rubén Rocha se reunió en Mazatlán con las familias de desplazados del sur del
estado. El clamor por el cumplimiento de compromisos hechos por las autoridades
se hizo sentir, sobre todo el problema de la vivienda. Dos cosas se juntan para
volver desesperante el renglón de la vivienda: el hacinamiento de dos y hasta
tres familias en una pequeña casa de renta, porque no pueden pagar una por
separado, pues sus ingresos son muy precarios, y la otra razón es la conciencia
de que el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 30 millones para la
compra de terrenos y hasta este día no se ha entregado un solo metro cuadrado a
los desplazados.
Todos debemos tener plena conciencia de
que ha pasado ya medio año fiscal sin que el fondo de 30 millones de pesos, 15
millones acumulados hasta hoy, se hayan aplicado por entero
para aliviar la penosa situación que viven los desplazados de todo el estado,
cuya cifra ha sobrepasado ya los 40 mil ciudadanos desde 2009 a la fecha. La
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa apuesta a la amigable
composición y utilizará sus buenos oficios para lograrla. Nada mejor debe pasar
por el bien de los desplazados de la violencia. Enhorabuena.
En otro orden de cosas, la CDDHS ha
solicitado información a Protección Civil del estado y a los municipio de
Ahome, Culiacán, Navolato, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa sobre el Atlas de
riesgo general y de cada uno de los municipios mencionados, además de que se
nos informe acerca de las obras realizadas previendo los problemas que se han
presentado en las últimas temporadas de lluvias. Por el importe que algunas de
las obras implican somos conscientes que no se pueden resolver todas, pero
esperamos que se haya avanzado en las que presentan mayores riesgos. El término
para dar respuesta de acuerdo a la Constitución Política del Estado es de 10
diez días y está por vencerse. Esperamos que cumplan.
Ya no es posible seguir las viejas
conductas de cruzarnos de brazos y esperar a que el temporal sea favorable,
tampoco es posible permitirle a los fraccionadores (constructores de viviendas)
que sean ellos los que decidan hacia dónde crece la ciudad, sin importar los
riesgos naturales. Los grandes dolores de cabeza que hemos tenido y las
pérdidas humanas y materiales de las familias damnificadas son demasiadas como
para seguir siendo víctimas de especuladores y cómplices desde las oficinas
públicas. Valen más las vidas de nuestros conciudadanos que los intereses que
se esconden detrás de esos proyectos de viviendas.
La Cámara de Diputados está pendiente
con los defensores de derechos humanos y los periodistas. El pasado día 13 de
junio le hicimos llegar una iniciativa de Ley de protección para estos
sectores. No ha pasado mucho tiempo desde ese día, pero como a los enemigos de
estas dos actividades no se han distinguido por dormirse en sus laureles o por
cambiar de actitud ante un nuevo gobierno que se reivindica respetuoso de los
derechos humanos y de la libertad de expresión, lo más natural es que urjamos a
nuestros legisladores a obsequiarnos con una Ley sobre el tema a la brevedad
posible.
Si bien la legislación no cambiará
radicalmente la situación preocupante de activistas y reporteros, sí nos queda
claro que al legislarse quedarán muy bien establecidas las medidas de
prevención que eviten llegar a los momentos extremos y los pasos que tienen que
darse para proteger a defensores y periodistas cuando las condiciones apunten
al riesgo o cuando esté corriendo. Las expectativas son grandes para una buena
legislación y esperamos que el Congreso del Estado esté a la altura de nuestro
reclamo. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com