No termina el mes de enero y las cuentas
nos están saliendo mal. El día 3 muere violentamente el defensor de derechos
humanos Sinar Corzo Esquinca
en su Amatán, Chiapas. El jueves 17 fallecen por la
misma causa José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, en el mismo pueblo
de Amatán, a pesar de la información precisa hecha
pública sobre los agresores de Sinar Corzo y su
causa. La autoridad no tomó las providencias que el momento requería.
El pasado domingo 20 aparece muerto el
periodista José Rafael Murúa Enríquez, director de la
radio comunitaria Kashana de Santa Rosalía, Baja
California Sur, quien había recibido amenazas desde hace poco más de medio año
por el presidente municipal de Mulegé. Las cosas
toman un perfil más grave si tomamos en cuenta que Murúa
Enríquez y Noé Enríquez estaban en la lista del Mecanismo de Protección a
Periodistas y Activistas. De nada sirvió.
La ONU plantea ante dichos casos la
revisión el Mecanismo, pues no es la primera ocasión que se pierden valiosas
vidas con todo y estar en esta dichosa instancia. Baste recordar el caso del
periodista veracruzano Rubén Espinoza, que estaba bajo protección del mecanismo
y que fue asesinado en julio de 2015. No le falta razón a la ONU. Y nosotros
debemos agregarle que esta exigencia debe extenderse a las entidades
federativas que ya cuentan con dicho mecanismos y apurar a que los estados que
aún no lo tienen construyan esa instancia.
Es el caso de Sinaloa.
Una dolorosa enseñanza en este arranque
de un régimen político que afirma se respetuoso de la libre expresión de ideas
y de los activistas sociales, en especial de quienes defienden los derechos elementales, es que no basta un cambio de
gobierno para que las cosas marchen de manera automática en forma distinta.
Está claro que lo que no ha cambiado con ello son los enemigos de la libertad
de expresión y de la cultura de los derechos humanos, pues si no han cambiado
sus intereses, tampoco su actitud ha cambiado de rumbo.
Todo ello nos deja muy claro que además
de fortalecer las instituciones, especialmente las que se ocupan del tema en
mención, los organismos de la sociedad civil debemos estrechar los esfuerzos de prevención y protección hacia los
trabajadores de la comunicación y a los defensores de derechos humanos. Todos
esperamos una actitud más preocupada de las nuevas autoridades, dado el perfil
más humano que se pregona, pero ello no debe llevarnos a esperar que la
justicia venga de la mano de las nuevas autoridades, porque aun si eso fuera
posible, queda pendiente el problema de origen: continuarán los ataques a
periodistas y defensores de derechos humanos si no se detiene de manera
contundente esa práctica.
Y eso demanda del decidido concurso de
todos nosotros y de que no haya impunidad. El reto no es pequeño, pero la
situación no aconseja dejar las cosas a como están hasta ahora. So pena de
seguir lamentando la pérdida de valiosos periodistas y valientes activistas
sociales. Mala experiencia hemos vivido con el caso Javier Valdez, en el que
aún hemos cerrado la página que nos indique que ha sido desagraviado y que la
justicia sentó sus reales. Lo que nos invita a renovar la demanda de contar con
la Unidad de Protección a defensores y periodistas.
Emplacemos al gobierno a concretar la
medida. Que este sea el compromiso en las próximas semanas y que no haya foro o
espacio público en el que dejemos de plantear la urgencia de crear este órgano
tan necesario para tratar el tema de la protección a defensores de derechos
humanos y periodistas. La instancia de por si no resuelve el problema de la
violencia en contra de estos dos sectores sociales, pero es un espacio o
plataforma para desarrollar políticas públicas que coadyuven a mejorar la
situación planteada. Lo confirma el nuevo asesinato cometido contra otro
activista en Oaxaca, después de los mencionados arriba.
Fortalezcamos el movimiento en favor de
la prevención y protección. Esto implica que como sociedad civil hay que
movilizarnos. Tan claro que si los enemigos de la libertad de expresión y de
los derechos humanos no descansan en su labor depredadora, la sociedad civil no
puede darse el lujo de esperar algún milagro que detenga a esos monstruos que
sueñan con imponer el autoritarismo y espantar la vigencia de los derechos de
quienes hasta hoy han sido excluidos de los beneficios del desarrollo, de los
olvidados, de los condenados de la tierra, dijera FrantzFanon. Por la defensa y protección de quienes luchan
por nuestros derechos y la libertad de expresión, ni un paso atrás. Vale.
Profr. Oscar Loza Ochoa
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa/Jesús G. Andrade #475 Desp. 8/Culiacán, Sin./CP 80000/ Tel. (667) 712.56.80/oscar.lozao@gmail.com