COMPROMISOS EN MATERIA DE DESAPARICIONES

Mis respetos para Alejandro Encinas.

Tarea ingrata le ha tocado:

la desaparición forzada y la necesaria remediación.

Mario Díaz/ Activista petrolero.

Los tiempos han cambiado. Hasta hace poco desayunábamos recibiendo noticias, ahora nos vuelan el último sueño. Eso vivimos con esas conferencias mañaneras de AMLO, que si sus demonios lo hacen brincar de la cama aún en tinieblas, otro tanto nos hacen padecer a quienes vivimos en usos horarios más tempraneros que el de la capital. Pero la desmañanada del lunes valió la pena.

El presidente abrió el diálogo con la prensa tocando el tema de la desaparición forzada de personas y le pidió al subsecretario de gobernación Alejandro Encinas que informara de toda la batería que traía consigo sobre la materia. Y Alejandro tomó la palabra para anunciar que el Estado mexicano dispone de poco mas de 400 millones de pesos para que la Comisión nacional de búsquedas se aplique a fondo en esta urgente tarea. Compartió que el anterior régimen sólo aplicó 6 millones de un fondo similar al de ahora y ni siquiera integró a cabalidad dicha comisión.

También informó que 20 estados de la República no han integrado sus comisiones locales de búsqueda, lo que explica la deficiente atención al problema de la desaparición forzada de personas en el país. Hizo una invitación a subsanar este vacío de estructura administrativa. No hizo referencia a la falta de homologación de las leyes locales en materia de desaparición forzada, pero no ocupaba decirnos que una ausencia es reflejo de la otra.

En esa conferencia se hizo pública la estrategia de 11 puntos en los que el Estado mexicano basará su atención al grave asunto de la desaparición forzada. Me parece importante destacar el respeto que expresó por el esfuerzo realizado por los familiares con desaparecidos, señalando junto a ello que el trabajo de búsquedas es responsabilidad ineludible del Estado. Dijo que dicha estrategia se centraría en los dos polos importantes de atención al problema: la autoridad federal se aplicará a fondo a la búsqueda de personas desaparecidas (destacando las llamadas búsquedas en vida) y por otra parte las tareas de prevención, con lo que por primera vez se intentará poner un valladar a la terrible práctica de la desaparición.

En la mencionada estrategia entra el establecimiento del banco integral de información nacional (muchas veces anunciado en los últimos años), lo que se convertirá en una herramienta muy importante en tiempo real para la búsqueda de personas en vida y para las que hayan fallecido, luego de su desaparición. Junto a ello se anuncia que el Estado mexicano, en observación de los compromisos internacionales, invita a la CIDH, al Grupo especializado en desaparición forzada de la ONU y al Equipo Argentino de Antropología Forense a que brinden asesoría y capacitación al personal que trabajará en las búsquedas.

Es hora de voltear a Sinaloa y preguntarle al gobierno de Quirino Ordaz, ¿cuándo se convocará a la constitución de la Comisión local de búsquedas? Lo mismo hay que hacer respecto a la Comisión local de atención a víctimas y no se diga de la Unidad de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. No había presupuesto para ello, nos dijeron todo 2018. Ahora ya lo contempla el presupuesto de egresos. No hay excusa, pero si hay prisa para crear esos organismos públicos. Porque no podemos ir siempre atrás de los delitos de lesa humanidad y mucho menos atarnos de manos mientras crecen esas grandes ofensas a la sociedad y los criminales gozan de completa y sospechosa impunidad.

No sabemos como arranquen la coordinación entre la Comisión local de búsquedas y los grupos familiares con desaparecidos, tampoco se puede adelantar en el trato que habrá entre el organismo nacional, el local y los familiares, pero sí tenemos claro que hay un sentimiento profundo en el pueblo sobre la necesidad de que haya una efectiva coordinación de esfuerzos, donde celos, competencias mal entendidas y otros intereses queden al margen del esfuerzo por localizar a los desaparecidos, con vida para quienes la conserven o sus restos para los demás casos.

Nuestro reconocimiento a la entrega y sacrificio de todos los familiares con desaparecidos del país, pues su terquedad y apego a sus seres queridos que no regresaron a casa, puso el tema en la agenda de la autoridad y de la sociedad. Todo ello llegó a las cámaras de diputados de los estados y al Congreso de la Unión y terminó en una legislación que hoy es plataforma junto a la estrategia del gobierno federal, para accionar hacia la localización de quienes son víctimas de la desaparición forzada y para detener, sí para detener esta dolorosa y terrible práctica. Ha comenzado una nueva etapa histórica en el tema de la desaparición forzada, esperemos que el gobierno de Sinaloa esté a la altura del reto, pues los grupos de familiares y la sociedad ya lo estamos. Vale.