Volver a empezar. Ya no sé si es divisa, consigna o destino. Volver a empezar cada año, cada sexenio y, envueltos en la bruma de una esperanza a la que contribuimos con un granito de arena, volver a empezar con el cambio de régimen político. Con cada cambio de gobierno local o nacional, el hito inexorable es volver a retomar la interminable tarea de mostrarles a los nuevos gobernantes lo que hacemos y los compromisos de México ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Y el lugar que ocupamos en ese amplio mundo que humaniza la vida y la actividad de los seres humanos.

El pueblo entendió la necesidad de un cambio profundo el 1 de julio de 2018 y abrió las trancas para que ese anhelo de cambio fuera posible. Lamentablemente los beneficiarios del cambio político no lo han entendido así. En su momento he saludado las medidas que considero son positivas como el apoyo a jóvenes estudiantes y personas adultas mayores, el combate a la corrupción, entre otras, pero cuando se trata de la relación con organismos de la sociedad civil pareciera que produce urticaria a no pocos funcionarios de la nueva administración pública.

Al parecer prevalece la idea de que nacieron sobre todo para vivir de los fondos públicos, sin hacer ningún trabajo en favor de la sociedad. Y se hace rasero de todos los organismos. A pesar de la historia de muchos de ellos, como la escrita por la Comisión de Defensa de los Derechos en Sinaloa. La actitud del Congreso de Sinaloa fue de no incluir a la CDDHS en el pequeño renglón de apoyos que había contemplado para el presupuesto de 2019. Ante esa determinación nos obligan a continuar nuestro trabajo partiendo de cero recursos a partir de este enero. No resulta nada halagüeño, pero sí aleccionador. Los 36 años de activismo en defensa de los derechos humanos ha ganado presencia y respeto en la sociedad sinaloense y esperamos que también resulte en el respaldo necesario para que la oficina siga atendiendo las quejas y peticiones de los ciudadanos. Propios y ajenos saben que nunca interrumpimos nuestro trabajo, pase lo que pase, no será el caso en estas circunstancias.

En otro orden de cosas, creo que hay asuntos de alta prioridad que no deben descuidarse en el presente año, comenzando con el problema de la desaparición de personas, fenómeno que se disparó en fin del año pasado. Y dentro de ese tema es necesario dar puntual seguimiento a los casos de mujeres, muchos de los cuales terminan en homicidios. Nosotros hemos insistido mucho en la adquisición de perros entrenados en la búsqueda en vida de personas, dando diversas razones para ello, a saber: que esos perros han contribuido al éxito de no pocos casos en el estado de Querétaro, que la sensibilidad olfativa canina permite registrar los olores de víctimas y victimarios hasta 48 horas después de cometido el delito, si se ubica el lugar exacto de los hechos, entre otras ventajas. Le damos la bienvenida al Protocolo Alba, pero manifestamos que no será suficiente, que necesitamos combinar todas las medidas posibles y la experiencia adquirida en el campo de la búsqueda de personas desaparecidas.

No podemos descuidar el caso de los desplazamientos internos por motivos de violencia, pues hay un universo no menor a las 40 mil personas en el estado que demandan vivienda, salud, educación para sus hijos y, desde luego, trabajo para mantener a sus familias. El Congreso acordó un monto de 40 millones para apoyos diversos para los desplazados, 10 más que en 2019. No está mal. Pero el verdadero problema es la atención integral al mundo de desplazados en las zonas donde se han ubicado y hasta donde les ha alcanzado la violencia que los hizo bajar de la sierra y también las acciones preventivas para evitar que el fenómeno siga creciendo en las zonas expulsoras. Hasta el día de hoy se desconocen esas acciones y de manera extra oficial se sabe que las bandas violentas que obligan al desplazamiento continúan como Pedro por su casa, sin mayores consecuencias.

Otro problema es la mala experiencia vivida en la Noche Buena y en la Noche del 31 de diciembre. El comportamiento que tuvimos como ciudadanos habla muy mal de nosotros. Tiramos cohetes por toneladas y los disparos de arma dieron vida a los malos recuerdos de las guerras balcánicas, las de Irak y para no ir muy lejos, los acontecimientos del día 17 de octubre pasado en esta mismísima ciudad de Culiacán. La lección que nos deja esa experiencia, es que el trabajo de invitación al no uso de pirotecnia al no uso de armas de fuego, no es un asunto de los días previos a la Navidad y Año Nuevo. Es una tarea que hay que llevar a cabo todos los días del año. Y que no puede circunscribirse a la radio, la tele, prensa escrita y redes sociales. La escuela, no puede quedarse al margen.

Finalmente, hacemos una invitación al gobierno de AMLO para que las políticas públicas que apuntan a la austeridad, discriminen los campos donde ahora se aplican. Lo decimos porque donde le ponen límites a los gastos de funcionarios ayudan a darle más sentido a los presupuestos, pero en las inversiones en programas sociales y productivas el criterio debe ser otro. Querer mantener el equilibrio en el gasto público forzando a que el déficit no vaya más allá del 0.7 por ciento, eso a toda costa, termina limitando inversión, empleo y los mismos programas sociales. Sobre todo si se combina con altas tasas de interés. Casarse con esta idea también es caer en el neoliberalismo, el llamado blando, pero neoliberalismos al fin. Vale.