FASE 3 DEL CORONAVIRUS Y ESTADO DE DERECHO

Y la fiebre se propagaba como un incendio.

Ernesto Cardenal

Estamos en fase 3 del Covid-19 y su víspera fue muy dolorosa. En ella y como víctimas de la pandemia se fueron caros amigos como Narciso Guzmán y Salvador Padilla. Muchos otros han fallecido en las mismas circunstancias y duelen tanto como aquellos a sus familias, amigos y sociedad. Este martes se ha declarado la fase 3 por la autoridad de salud, sin que hayamos arribado aún al peor momento de esta crisis que se espera para la primera parte del mes de mayo.

Es oportuno repetir lo que otros ya han dicho: las crisis descubren las mejores y peores prendas morales que podemos lucir como personas. Lo decimos porque es muy importante destacar que abundan los ejemplos de mujeres y hombres que se han dado a la tarea de recolectar víveres para entregarlos a las familias más pobres, lo están haciendo algunas parroquias y hasta una panadería obsequia su producto a quien lo necesite. Pero también señalamos que la desesperación y la falta de pertenencia a un Estado de derecho les ha ganado a algunos alcaldes a la hora de tomar decisiones para enfrentar el coronavirus.

Por esa razón, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, envió el martes pasado una Medida Precautoria al Gobernador Quirino Ordaz Coppel y a los 18 presidentes municipales del estado, con el fin de que todos los actos de autoridad se ajusten al marco de la legalidad en sus competencias y al respeto a los derechos humanos. Tenemos razones de sobra para sustentar las tres medidas que les hemos hecho llegar, pues la alcaldesa de Guasave, además de implementar multas de cerca de 2 mil pesos y arresto para quienes andaban en la calle y a juicio de la autoridad sin justificación, señaló sin rubor que simpatizaba con la medida de “toque de queda”.

No es la única, pues Emmett Soto, Presidente municipal de Escuinapa, reunió al Consejo de Seguridad Municipal, para acordar que el transporte foráneo no pase por la ciudad de Escuinapa, suspender las rutas de pasaje desde y a la zona rural del municipio. Y agregó dos medidas temerarias: el arresto de quien circule por las calles después de las 9 de la noche, sin justificación a juicio de la autoridad y no permitir las salidas de camiones de pasaje hacia Culiacán ni sus arribos desde esta capital. ¿Dónde está la legislación que le autoriza la toma de esas medidas?

En las ciudades de Culiacán y Navolato se establecieron al menos 21 filtros de policías, con el fin de limitar la circulación de autos, orientar a los ciudadanos para que no viajen más de dos personas juntas y acaten las medidas recomendadas por la autoridad de salud. Culiacán fue más allá: estableció dos zonas de excepción en el centro de la ciudad. No pueden circular autos en los alrededores del Mercado Garmendia y las inmediaciones del Mercadito Rafael Buelna. El día lunes 20 el Gobernador Quirino Ordaz se reunió con su homólogo de Nayarit con el fin de establecer algunas medidas que ayuden a mitigar la crisis del Covid-19. En todos los actos nos interesa el apego irrestricto a nuestro marco legal.

Las CDDHS da su respaldo moral a las medidas acordadas por la autoridad de salud y las de carácter administrativo que tomen las autoridades municipales y estatal, siempre que se ajusten al marco Constitucional que rige la vida nacional. Y hacemos un llamado a los ciudadanos para que atendamos las recomendaciones de la autoridad, para derrotar al coronavirus en la presente estación de primavera.

Ya hemos comentado también que la recesión económica daba sus primeros pasos en firme desde 2019 y que con la pandemia está cobrando terreno a buena andadura. El precio del petróleo no sólo tocó piso, se hundió más allá. Con buena parte de la planta productiva parada en el mundo, con la incertidumbre que da el desconocimiento sobre la conducta del Covid-19, que bien puede repuntar o dilatar su presencia y sin la coordinación que en otros tiempos hubo entre la OPEP y sus aliados, tampoco podemos adelantar cuándo se bajará el petróleo del caballo pajarero que hoy monta. Esto no deja de ser otra tranca que dificulta abrir las puertas para una mejor gestión de la crisis por parte del Estado mexicano.

Este lunes 20 el Senado de la República hizo historia. Aprobó una Ley de Amnistía que aplica para la población que vive en penitenciarías, cuyo perfil es que no cometió delitos graves, que tiene una edad avanzada o que padece enfermedades crónicas, entre otras cosas. Se dice que la amnistía puede dejar en libertad alrededor de unas 120 mil personas que están en cautiverio. Mencionamos dos razones poderosas que le dan sentido a esta Ley de Amnistía: se adelanta de manera inteligente y humanitaria a cualquier cuadro grave y negativo que el coronavirus pueda provocar en nuestras cárceles, dado el hacinamiento por sobrepoblación que hay en ellas, y se hace justicia a una población penitenciaria cuyos juicios están llenos de vicios y en los que domina la ausencia de una defensa legal efectiva. Si la desigualdad social cobra un rostro siniestro en algún lugar, es precisamente en los centros penitenciarios. Bien por la iniciativa del Presidente Andrés Manuel y nuestro reconocimiento a los senadores que tuvieron la sensibilidad de atenderla y hacerlo con la prontitud que exigen los tiempos del coronavirus. Vale.